El 22 de julio de 2016 se realizó la audiencia de apelación de la sentencia en contra de Leopoldo López, quien fue condenado el 10 de septiembre de 2015 a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por los supuestos delitos de instigación pública en grado de determinador, daños, agavillamiento e incendio y los estudiantes Christian Holdack quien fue condenado a 10 años con medida cautelar de presentación, Ángel González y Demián Martin, condenados a 4 años y 6 meses con medida cautelar de presentación.

El juicio se caracterizó por violaciones al debido proceso y a las normas internacionales a un juicio justo, además de múltiples violaciones de derechos humanos contra Leopoldo López y los estudiantes.

Según la defensa de Leopoldo López, en el juicio se presentaron 14 irregularidades  entre las que se destacan: violación a la publicidad del juicio; falta de comparación de pruebas y silencio de pruebas; falta de motivación del valor probatorio de los peritos Rosa Amelia Asuaje y Mariano Alí; contradicciones; contumacia ilegalmente decretadas; incorporación ilegal de pruebas por fundarse en pruebas ilícitas; no se acreditaron los delitos de incendio, daños, instigación pública y asociación para delinquir.

Franklin Nieves, uno de los fiscales acusadores reveló que: “Fui presionado para ejecutar la orden de detenerlo, enjuiciarlo y condenarlo. Leopoldo López es inocente.”

Por otra parte, Rosa Amelia Asuaje, perito principal que analizó los discursos de Leopoldo López declaró: “La juez Susana Barreiro manipuló mi declaración para inculpar a López. Nunca dije que sus discursos llamaran a la violencia.”

Leopoldo López ha sido víctima de violaciones de derechos humanos desde el momento de su detención arbitraria. A Leopoldo López le han violado el derecho a la presunción de inocencia, a ser juzgado por un tribunal imparcial, a la defensa, a un juicio público, comunicación confidencial abogado-cliente, libertad de culto e integridad personal.

Acción por la Libertad manifiesta que la detención, encarcelamiento y juicio contra Leopoldo López, Christian Holdack, Ángel González, y Demián Martin ha estado plagado de vicios procesales y violaciones de derechos humanos, por lo que los magistrados de la Corte de Apelaciones de Caracas, Jimai Montiel Calles, Evelin Dayana Mendoza y Nelson Moncada Gómez deben declarar nulo el juicio y ordenar la libertad plena de Leopoldo López, Christian Holdack, Ángel González y Demián Martin.

Acción por la Libertad se suma a las voces que han rechazado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.

La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016 reivindica los derechos de las personas que han estado injustamente detenidas y perseguidas a través de la liberación de los más de 100 presos políticos que hay en Venezuela así como también permitiría el retorno de los exiliados que por motivos políticos tuvieron que salir del país.

Al declarar inconstitucional la “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, desconocen la voluntad política de paz, reconciliación, respeto de los derechos humanos y libertad de la mayoría de los venezolanos que eligieron al Poder Legislativo en las pasadas elecciones. Se evidencia, nuevamente, la vergonzosa sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro, cuya política de gobierno es descalificar y perseguir a la disidencia, violando sus derechos humanos a través de represión, torturas y detenciones arbitrarias que han venido implementando los funcionarios del gobierno desde hace 17 años.

Los magistrados que suscribieron dicha decisión, se convierten en cómplices que necesita el gobierno de Maduro para continuar sistemáticamente violando los derechos humanos de los presos políticos, los exiliados y las víctimas de la protesta pacífica.

Desde Acción por la Libertad seguiremos luchando por la libertad de los presos políticos, el cese de la violaciones de derechos humanos y exigiendo justicia, toda vez que los delitos contra los derechos humanos no prescriben.