Una investigación transparente y objetiva con expertos independientes nacionales e internacionales  solicitan los familiares de Lisbeth Ramírez, la joven tachirense ajusticiada en la masacre de El Junquito el pasado 15 de enero, en virtud de que hasta la presente fecha la investigación de lo ocurrido está totalmente paralizada, y no se está cumpliendo el debido proceso que contempla la Constitución de la República.

En rueda de prensa ofrecida en la oficina del parlamentario nacional jubilado y defensor de los derechos humanos Walter Márquez, los padres de la estudiante de odontología en la Universidad del Zulia, Ángel Enrique Ramírez y Faride Mantilla, acompañados de tres de sus hijos: Ángel Alfredo Ramírez, Shirley Correa Mantilla y Leidy Ramírez, solicitaron una inmediata respuesta de parte del Ministerio Público sobre el caso de Lisbeth Ramírez, además de solicitar que se exhume el cadáver para determinar claramente la manera como ocurrió su asesinato.

Por su parte Walter Márquez presidente de Fundación El Amparo señaló que es importante que se establezca la responsabilidad civil, penal y administrativa del presidente de la República como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, y la responsabilidad jerárquica del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y del ministro del Interior y Justicia Néstor Reverol, quien estuvo al frente del operativo y en el cual se evidenció en base a 14 videos transmitidos por Oscar Pérez además de las radiotransmisiones de la policía venezolana realizadas entre las 11 y 11:30 de la mañana del 15 de enero, que Óscar Pérez y los demás acompañantes fueron capturados con vida y luego ajusticiados.

Responsabilidad jerárquica

En ese sentido agregó Márquez que se le va a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington la apertura de una investigación para que luego pase el caso a la Corte Interamericana de Derechos humanos, con sede en San José de Costa Rica, a fin de que se establezca la responsabilidad del estado Venezolano, y en virtud de que no existe la garantía de un debido proceso en Venezuela se solicitará ante la Corte Penal Internacional en La Haya, dentro del principio de la justicia complementaria, la apertura de una investigación, para que se establezca la responsabilidad personal y penal del presidente de la República y los diferentes mandos que actuaron en la msacre de El Junquito, además del propio Mayor de la Guardia Nacional, Rafael Enrique Bastardo Mendoza quien dirigió el operativo de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), la cual a juicio del parlamentario tachirense y defensor de los derechos humanos, “se ha comportado como un escuadrón de la muerte, como un comando del crímen, que ha utilizado el régimen no solo para reprimir las protestas populares, sino ahora para ajusticiar a opositores como el caso de Óscar Pérez y sus acompañantes”.

En el caso de Lisbeth Ramírez es mucho más grave –detalló Márquez- porque ella además de no ser combatiente, estaba desarmada y se había rendido. Al haberse rendido todos y luego haber aparecido ajusticiados indica que se cometió una ejecución extrajudicial, es decir, estamos en presencia de una gravísima violación de los Tratados de Ginebra en materia de tratamiento de prisioneros o rendidos, lo cual no solo viola el derecho internacional sino el derecho nacional, viola la Constitución de la República, en su artículo 55 por cuanto hubo un uso desproporcional de la Fuerza, 500 hombres, 15 granadas y 20 cohetes, una tanqueta, dos blindados y un helicóptero, una capacidad de fuego indudablemente superior a quienes acompañaban a Óscar Pérez y su grupo.

Igualmente expresó Walter Márquez que a nivel internacional el estado venezolano violó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  la convención Americana de Derechos Humanos, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, y a nivel nacional actuó contrario a lo establecido en la Constitución de la República, la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica del Servicio de Policía del Cuerpo de Policía Nacional, y otras serie de normas, incluyendo el Código Orgánico Procesal penal en virtud de que desaparecieron pruebas fundamentales al alterar y destruir el escenario del crimen, en otras palabras “estamos en presencia de un caso bochornoso que compromete moral, política y penalmente a Nicolás Maduro y al equipo de su alto gobierno”.

Por último recordó el parlamentario emérito que el expresidente peruano Alberto Fujimori estuvo preso por muchos años por varias masacres cometidas durante su mandato, “por lo tanto Nicolás Maduro es responsable desde el punto de vista penal de la masacre de El Junquito y del ajusticiamiento o ejecución extrajudicial de Lisbeth Ramírez, Óscar Pérez y del equipo que los acompañaba, por lo que más temprano que tarde la justicia lo alcanzará para que pague con cárcel por los abusos de poder cometidos”.