UN INCREMENTO INTERANUAL del 72,7% tuvo el delito organizado en 2018 en comparación con los primeros tres meses de 2017.

En total se registraron 173 casos más que el año pasado, entre enero y marzo. 

Resulta necesario resaltar que dicho incremento se debió al aumento vertiginoso en la cantidad de registros de crímenes otrora estadísticamente insignificantes, tales como los delitos financieros, el lavado de dinero y el contrabando, cuyas menciones en medios se incrementaron durante el primer trimestre del 2018, en 2500%-enero, 800%-febrero y 611%-marzo, respectivamente, con respecto al mismo período del año anterior.

El deterioro económico de Venezuela sirvió de caldo de cultivo para la incursión de ciudadanos venezolanos en prácticas económicas ilegales, contribuyendo a la proliferación en el país de delitos organizados menos visibles, menos violentos y, paradójicamente, “menos organizados”.

Venezuela cerró el año 2017 con una inflación acumulada del 2.616%, una devaluación de su moneda nacional cercana al 70% y con una oferta monetaria en efectivo insuficiente.

Occidente concentró la mitad de reportes

El estado Zulia con el 18,2%, continúa a la cabeza de las entidades con mayor incidencia delictiva según reportes de la prensa nacional. En segundo lugar, el estado Táchira con 10,7%, seguido de Aragua con 8,7%, Miranda 7,1%, Distrito Capital 6,1% y Lara 5,6%.

50,4% de los delitos organizados reportados se concentraron en el occidente de la nación. A diferencia de lo observado durante el año anterior, la proporción de casos ha tendido a distribuirse de forma más homogénea entre las distintas entidades.

Para revisar el Informe Hemerográfico del 1er. Trimestre 2018 completo sobre delito organizado , acceda aquí.

La Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, conjuntamente con la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, realizarán una Mesa Técnica para analizar desde diferentes perspectivas a Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, aprobada en 1ª discusión en el año 2016 .

Luis Cedeño, Director de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado explica que “el objetivo de la acción, es la de evaluar el impacto de esta Ley en los siguientes aspectos: a) En cuanto a la disminución de este tipo de delitos en nuestro país; b) Al uso que le ha dado el gobierno nacional a ciertos artículos para perseguir a la disidencia política; c) Hacer una revisión de esta Ley a la luz de los últimos acontecimientos que involucran a altos representantes del gobierno nacional en actividades de narcotráfico y de legitimación de capitales; y d) Latrocinio a gran escala y las posibilidades de recuperación de aquellos capitales fruto de la corrupción”.

“El gobierno nacional se ha empeñado en ocultar las cifras sobre la delincuencia organizada, haciéndole un favor a las mafias”, afirmó el diputado José Luis Pirela. De igual manera resaltó la importancia de debatir y estudiar este tema, “a riesgo de lucir incómodos para algunos medios de comunicación porque son temas que hoy en día, los medios no están interesados en debatir ¿Es acaso falso que se ha constituido una nueva élite delincuencial. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Debemos reformar la Ley o crear una nueva? Hay muchas posiciones y eso es lo que hay que revisar”, señaló el presidente de la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

El desarrollo del programa (Mesa Técnica) estará a cargo del Diputado José Luis Pirela, (Presidente de la Sub Comisión de Lucha Antidroga y Antiterrorismo de la AN); el sociólogo Luis Cedeño, director de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, quien hablará de las “Nuevas modalidades de delitos organizados en el marco de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo”; el abogado Luis Alfonso Herrera, director de la ONG Un Estado de Derecho, que presentará una trabajo sobre la “Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo y el estado de derecho en Venezuela”,  y el experto Marcos Tarre de Venezuela Segura que hablará sobre el “Impacto de la ley sobre la gobernabilidad y los ciudadanos”.

La actividad está dirigida a integrantes de las Comisión de Política Interior y en especial a la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada que preside el diputado José Luis Pirela. Igualmente, asistirá el personal que asiste a los diputados que conforman dichas Comisiones que son las responsables de profundizar y legislar sobre este importante tema.

Luis Cedeño, director ejecutivo del Observatorio del Delito Organizado aseguró que Venezuela no es un narcoestado sino una mezcla de varias cosas: cleptocracia, corrupción y narcotráfico. Además considera que el Gobierno busca llevar al pueblo venezolano a un estadio de debilidad moral, donde no puedan reclamarle a sus líderes sus faltas morales porque ellos también las han cometido.

Según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), Venezuela se ubica por segundo año consecutivo, como el país más corrupto de América Latina. “El país repitió su pobre calificación de 2015, 17 puntos sobre 100, con lo que quedó relegado al último puesto de la lista de 32 naciones de la región y a solo 10 lugares de la peor posición en la lista global de 176 que integran la edición 2016 del IPC, considerado como el indicador de corrupción más usado en el mundo”, según informa Transparencia Venezuela.

Cleptocracia = dominio de los ladrones

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra cleptocracia viene del griego clepto, ‘robo’; y cracia, ‘fuerza’ = dominio de los ladrones. Es el “Sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”.

 En julio de 2016, la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado realizaron el Foro “El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” ¿Qué tipo de estado somos?, donde se profundizó en el análisis de la compleja problemática del impacto del crimen organizado en los diferentes ámbitos de Venezuela, no sólo como estado sino como país, con una situación socio-económica y política que cada día nos hace más vulnerable a este flagelo. 

En ese contexto Cedeño, comentó que existen algunos signos de la presencia de la Cleptocracia en Venezuela y enumeró algunos Indicadores que ilustran tal afirmación: 1. Maximizan los impuestos y el endeudamiento del país. 2. Monopolizan los actos de corrupción de gran volumen: Poligarquía y Nepotismo. 3. Usan fondos del Estado para pagar coimas a cambio de apoyos incondicionales de políticos, diputados, medios, periodistas, jueces y similares. 4. Capitalismo de Estado e Ideología totalitaria –de derecha o izquierda. 5. Reducen los servicios públicos, las calles se llenan de hoyos, las medicinas escasean, la educación empeora.

 La gravedad de la situación socio-económica que vive Venezuela actualmente, continúa siendo tema de diferentes medios internacionales. El pasado 28 de enero, el periódico La Nación de Argentina dedicó su editorial a este tema, titulando “Venezuela, un estado  fallido”, donde señala que “La situación de Venezuela se deteriora a pasos acelerados. Tanto es así que el país caribeño comienza a parecer un verdadero «Estado fallido», es decir, una nación con su institucionalidad completamente erosionada, por el fracaso de una ineficaz gestión de gobierno, con altísimos niveles de corrupción, criminalidad e inseguridad personal que se suman a una marcada degradación económica. Además, hay una cada vez más notoria intervención militar en el ámbito de la política. Las fuerzas armadas venezolanas son hoy responsables de la nada castrense tarea de asegurar la alimentación de su propio pueblo ante la incapacidad del gobierno de Nicolás Maduro. 

Como vemos Venezuela empieza a parecerse a esos “Estados Mafiosos”, donde participar en el gobierno, es una oportunidad para desarrollar negocios ilegales. “En la misma medida en que el Gobierno crea la gran oportunidad de generar dinero de forma muy rápida y muy fácil, a través de la distorsión económica y del control, hace que todo el mundo quiera hacerlo también. Es en este sentido que afirmamos que este Gobierno es un Gobierno criminógeno, que promueve la  criminalidad o desviación, en este caso”, precisó el Director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado. 

El estado mafioso funciona como delito organizado que genera diferentes modelos de negocio ilegales dentro del propio Estado y a su vez, los mecanismos para permitir tales ilícitos. En nuestro caso, lo están facilitando porque prácticamente el Sistema de Justicia y todos los jueces están controlados por estos poligarcas, lo que hace imposible que se haga justicia, o por lo menos que se haga justicia en Venezuela. Se hizo justicia en una corte norteamericana con estos sobrinos porque está fuera de del control del Estado mafioso venezolano. 

En Venezuela hay muchas otras oportunidades de estar al margen de la ley y de generar grandísimas fortunas, sea porque te dan un dólar a 10 bolívares y lo vendes a 4.000 bolívares, y eso en ninguna parte del mundo sucede. Venezuela no es un narcoestado por esta razón. Nos convertimos en un rompecabezas de actividad delictiva boyante, que además permea todas las instancias del Estado.

¿Corrupción como política de estado?

Según reseña Transparencia Internacional, el pago de sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos por parte de la empresa brasileña Odebrecht se sumó en 2016 a la larga lista de casos de corrupción multimillonaria en Venezuela, un registro que comenzó en 2001 con las revelaciones del Plan Bolívar 2000 y siguió con la entrega de más de 230 millones de dólares sin control por Cadivi y Cencoex para la importación de alimentos desde 2003, e incluye el robo del Fondo de Pensiones de Pdvsa o las colocaciones irregulares de dinero en el Banco de Andorra en 2015, por solo mencionar algunos.

La impunidad en estos y otros casos graves de corrupción, la actuación permisiva del Estado y los excesivos controles en todos los campos de la vida pública llevaron a Venezuela a ocupar por tercer año consecutivo el último lugar en el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional. 

“La impunidad y la corrupción forman una relación perversa que va creciendo. En Venezuela cada vez hay más leyes que fomentan la opacidad. La Contraloría General cada día sanciona menos el incumplimiento de las normas de transparencia. Es inexplicable que la Fiscalía venezolana no diga nada respecto a casos tan importantes como Odebrecht, en el que sus directivos aceptaron ante un tribunal que pagaron 98 millones de dólares en sobornos en Venezuela. Todo esto nos indica el poco interés que hay en la lucha contra la corrupción”, indicó Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC), tiene una escala del 1 al 100,  en el que uno es más corrupto y 100 es el menos. De 176 países evaluados, Somalia es el peor ubicado en el mundo con 10 puntos, pero Venezuela es el peor de Latinoamérica y el Caribe con un indicador de 17 puntos. “El objetivo de esta medición es movilizar a los Estados a afinar su lucha contra la corrupción y en muchos casos se ha logrado, pero Venezuela siempre ha estado muy mal posicionada desde su creación en 1995”, dijo De Freitas. 

Indica Transparencia Venezuela que durante 2016, vimos que en todo el mundo la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente, y esto provoca decepción en la gente hacia su clase política y un contexto propicio para que se impongan los políticos populistas.

“El 69 por ciento de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción), y esto dejó en evidencia el carácter masivo y generalizado de la corrupción en el sector público a nivel mundial. Este año, fueron más los países que descendieron posiciones en el índice que los que escalaron puestos, y esto alerta sobre la necesidad de tomar medidas urgentes”, informa la organización internacional.

Para la ONG Paz Activa, es evidente la consolidación de las denominadas “megabandas”, grupos de delincuencia organizada, se erigen como una amenaza real a la estabilidad política y social de nuestro país, así quedó esta semana cuando luego de varios días, un operativo militar y policial, muriera uno de los delincuentes más buscado del país, José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”.

En un trabajo realizado por el periodista Javier Ignacio Mayorca para el Observatorio de Delito Organizado, resaltó “que los‘ toques de queda’ eran anteriormente una de las expresiones más palpables del monopolio de la fuerza reservado al Estado a través de sus instituciones castrenses. En Venezuela, los hubo en febrero de 1989 luego de los disturbios conocidos como el “Caracazo”; e igualmente luego después de las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992. También durante la crisis política posterior al a los sucesos del 11 de abril de 2002. En todos estos casos, fueron ordenados por el Presidente de la República y ejecutados por el ministerio de la Defensa. Sin embargo, los de 2016 (En Tumeremo y Maracay – 4 febrero 2016) fueron implantados por organizaciones delictivas y se cumplieron”.

Otro aspecto revelador que desarrolla Javier Ignacio Mayorca, es la reseña de un artículo de John P. Sullivan, donde éste señala que las insurgencias criminales “desafían al Estado generando violencia criminal de alta intensidad que erosiona la legitimidad y la solvencia de las instituciones”.  Este articulista del Small Wars Journal estableció cuatro fases o niveles de estos procesos:  Comienzan como insurgencias locales; Intentan instaurar un Estado paralelo; Combaten al Estado; y por último, Implosión estatal. El Estado pierde la capacidad para contener a estas fuerzas criminales, como ocurrió en Guinea Bissau.

Mayorca, indica que algunos hitos de los procesos de gestación de una insurgencia criminal como la que vive el país son tan escandalosos y evidentes, que han sido reportados a través de los medios convencionales y electrónicos, aún en condiciones de alta censura y control como los que caracterizan a la actualidad venezolana. Pero no todos son registrados, ni siquiera denunciados formalmente. “El rezago es una de las características del accionar de los cuerpos de seguridad venezolanos. Ya sea por desconfianza de la ciudadanía, negligencia, descuido o incluso complicidad con factores delictivos por parte de policías y militares, lo cierto es que cuando las investigaciones comienzan los procesos de insurgencia criminal llevan unos pasos adelante”, apunta el periodista.

“Es fundamental un accionar firme en contra de las megabandas pero con respeto a sus Derechos Humanos. Las FANB se declaran en guerra contra un enemigo interno, donde el objetivo que se traza es la eliminación física del mismo. Es una política de mano dura, que aunque sea aplaudida por algunos y genere réditos políticos, establece un peligroso precedente para futuros planes de seguridad ciudadana”, explica  sociólogo director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

El día de hoy fue presentado el Foro “Corrupción Policial”, actividad organizada por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado el cual contó con la participación del experto en la temática, Marcos Tarre y Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, quien contextualizó el tema de la corrupción policial en el marco de delito organizado y la seguridad ciudadana, señaló que “la función policial es una de las más importantes dentro de cualquier sociedad, y debe ser valuada conforme al importante servicio que presta en cuanto a la protección de personas y bienes. Más allá de esta función, hoy día es la primera línea de interconexión entre los ciudadanos y los diferentes niveles del Estado. Es por ello que debemos realizar esfuerzos extraordinarios para brindarles la remuneración y beneficios sociales que garanticen la lealtad a la institución y a los ciudadanos a cuales sirven, sobre cualquier otra oferta para tentar desviar su función”, enfatizó Cedeño.

Por su parte Marcos Tarre,  destacó que “la creciente ola de violencia y criminalidad que se desató a partir de 1999 y generó una perdida directa en la calidad de vida de todos los venezolanos y un nuevo imaginario colectivo. Impactados por los efectos de la violencia, sometidos a una escalada criminal sin precedentes en la historia, los venezolanos dejaron de preocuparse por otros problemas, sufriendo los efectos de la violencia sin apreciar sus causas, y una de ellas es precisamente la corrupción. La criminalidad violenta, el homicidio, secuestro, atraco o violación tienen un poder mediático lógicamente mayor que el de los delitos no violentos. En la medida en que fue aumentando la violencia criminal se fue opacando la corrupción”, precisó el ponente del Foro.

El programa se desarrolló en tres partes. La primera revisó antecedentes; definición y tipos de corrupción policial; variables que favorecen la corrupción policial; dimensión e indicadores; cómo detectar la Corrupción Policial. En la segunda, se hizo una evaluación de las variables para controlar la Corrupción Policial en Venezuela: Los necesarios controles que requieren los cuerpos policiales; la Asamblea Nacional; la Fiscalía General de la República; la Defensoría del Pueblo; Supervisión Interna; Asuntos Internos o Inspectoría General de Servicios; Organizaciones No Gubernamentales y defensores de derechos; medios de comunicación y control ciudadano; todo complementado por algunos ejemplos de casos. Y en la tercera parte se habló de las comisiones para la Reforma Policial; el impacto de la Corrupción Policial; ¿Por qué y cómo denunciar?,  y por último, las conclusiones y recomendaciones.

Tarre mencionó otro aspecto fundamental sobre las causas de la degeneración, es que “desde los más altos niveles la corrupción llegó a los niveles intermedios y continuó hasta los más bajos y favoreció a los que están al margen de la Ley. Para ellos fue el motor para potenciar todo tipo de delitos ofreciendo lo que cualquier delincuente anhela: impunidad. Y esa corrupción llegó y se instaló también en los cuerpos policiales y otras autoridades responsables de la seguridad ciudadana. En ellos aparecieron los “cómplices necesarios” para delitos como el secuestro, el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas o de armas hacia los centros penitenciarios. La corrupción generó impunidad y favoreció la consolidación de bandas delictivas, lo que se tradujo en más sangre y violencia”.

El Director Ejecutivo de Paz Activa, Luis Cedeño resaltó la importancia de “considerar al sistema de justicia como un sólo organismo donde subsisten varios componentes que deben coordinar esfuerzos; iniciando por las policías, pasando por los tribunales y concluyendo en el sistema penitenciario; todos deben garantizar funcionamientos adecuados para que el sistema de justicia funcione adecuadamente”.

Con este foro Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, continúan una serie de actividades propuestas durante este año 2016 para analizar en profundidad la compleja problemática del impacto de la corrupción en la ciudadanía y en el crimen organizado.