Con al menos 60 disparos de armas largas atacaron al Centro de Coordinación Policial (CCP) Nueva Chirica, en San Félix, estado Bolívar, la noche de este miércoles 5 de diciembre. En el atentado asesinaron al oficial jefe de guardia y otro oficial quedó herido en una pierna.

Carlos Alberto Betancourt, oficial jefe de la Policía Municipal de Caroní (PMC), fue asesinado con un tiro en la cara. Tenía 43 años de edad, y se desempañaba como supervisor de patrullaje. Tenía 17 años prestando servicio al cuerpo policial. El oficial agregado Delmis Antonio Fuentes Caguana, de 28 años, fue herido en una pierna y se encuentra estable en la Clínica Humana, en San Félix.

De acuerdo con una minuta de la PMC, fueron ocho hombres, a bordo de una camioneta blanca marca Hyunday, modelo Tucson, y de una camioneta oscura marca Toyota, modelo 4 Runner, los que dispararon contra el CCP Nueva Chirica a las 11:30 de la noche. Luego del ataque huyeron en los vehículos y hasta el mediodía de este jueves no ha habido noticias de la captura de alguno de los implicados ni el móvil del suceso.

Durante el ataque, los oficiales municipales solicitaron refuerzos a otros cuerpos de seguridad. Al sitio se aproximaron la Policía del Estado Bolívar (PEB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), servicio de Emergencias 1-7-1, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero ya los sujetos habían huido.

En la minuta de la Región Estratégica de Investigación Penal (Redip) Guayana, se detalla que el Cicpc recolectó en el sitio: nueve conchas de bala de fusil calibre 7.62×51, 29 conchas de bala de fusil calibre 7.62 x 39, una concha 5.56 y 23 conchas de bala de pistola calibre 9 milímetros. En total se encontraron 62 municiones disparadas al CCP Nueva Chirica, 39 de ellas con armas de guerra. La fachada de la institución sufrió daños por los impactos de las municiones.

En la minuta de la PMC se amplía que el área de calabozos y parque de armas del CCP Nueva Chirica no fueron violentados por los atacantes y que el suceso fue reportado al Ministerio Público. «Se mantienen fuertes operativos en los distintos sectores del municipio con el fin de dar con el paradero de dichos responsables», aseguran desde la Policía Municipal de Caroní sobre lo ocurrido.

Ataques anteriores

El CCP Nueva Chirica, que funciona como la sede principal de este cuerpo policial en San Félix, ha sido atacado en otras oportunidades. La más reciente fue el 28 de enero de 2017, cuando desde un vehículo le lanzaron una granada fragmentaria que no detonó. Ese día, al mismo tiempo, también lanzaron un explosivo a la sede del Cicpc en San Félix, y tampoco detonó.

Las granadas fueron lanzadas un día después de que colectivos motorizados de la parroquias Vista al Sol protestaran al frente del Cicpc para exigir que «cesaran los allanamientos» en esta parroquia de San Félix.

En 2018 han continuado los ataques con granadas a sedes policiales, aunque ninguna ha detonado. Hasta el momento se han registrado cinco, y este sería el sexto ataque en todo el estado Bolívar a un CCP. En cada ataque también han disparado a las comisarías, como le ocurrió al CCP Cachamay y al del centro de Puerto Ordaz a mediados de este año, pero hasta el momento no se habían registrado heridos.

Hace seis años, en diciembre de 2012 el CCP Nueva Chirica fue atacado por primera vez por una turba de vecinos que reaccionaron así al ajusticiamiento de un joven del sector Vista Alegre. El muchacho había ingresado herido con un tiro a una clínica privada, y luego fue sacado por los policías municipales de allí, y después lo llevaron muerto con cuatro disparos al hospital de Guaiparo, en San Félix. En ese momento, la turba quemó parte de la comisaría y dos patrullas.

A parte de los ataques armados, es importante recordar que hace dos meses se fugaron 15 detenidos de los calabozos del CCP Nueva Chirica y hasta el momento no han logrado recapturarlos a todos. Las autoridades informaron de la aprehensión de cuatro de ellos y el deceso de uno, por causas naturales.

El ataque de este 5 de diciembre al CCP San Félix afirma, una vez más, la presencia de grupos armados con fusiles de guerra en Ciudad Guayana y la incapacidad de los funcionarios para enfrentarse a tales circunstancias.

ESCASEZ DE ALIMENTOS, MEDICINAS E HIPERINFLACIÓN no son los únicos obstáculos que sortean los venezolanos en la peor crisis socioeconómica que ha atravesado el país en su historia: la criminalidad y la impunidad con que operan las bandas delictivas y los homicidas sigue siendo uno de los grandes problemas que las autoridades no han podido frenar. Solo entre marzo y junio de 2018, Monitor de Víctimas contabilizó 185 homicidios en Ciudad Guayana. La cifra confirma que la delincuencia sigue imponiendo sus reglas tanto en Puerto Ordaz como en San Félix.

El mes más violento fue junio con 53 asesinatos. Le siguió abril, con 47; mayo con 44 y por último marzo, con 41. Las horas más comunes de los homicidios fueron entre las 8:00 y las 10:00 de la noche (28% de los casos), y las víctimas más vulnerables: hombres morenos de 28 años de edad en promedio.

De las 11 parroquias del municipio Caroní, Unare resultó la más peligrosa al concentrar 49 de los 185 homicidios, el equivalente a 27%. En esta circunscripción, donde se encuentran el 90% de las comunidades informales de Puerto Ordaz, 2,5 de cada 10 víctimas de homicidio tienen “ajuste de cuentas o venganza” como móvil del crimen.

En Unare, específicamente en la invasión Villa Bendición de Dios, la violencia se tornó dantesca cuando, entre marzo y mayo, una banda delictiva que controla el barrio decapitó a tres vecinos como forma de resolver sus altercados y a la vez sembrar el miedo. Y lo lograron. El miedo reina en todas las invasiones vecinas, pese a que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) alegó haber desmantelado al “Tren de Margarita”, como se denominaba el grupo criminal responsable de las decapitaciones y de extorsionar a la comunidad.

En otro sector de Unare, la Policía del estado Bolívar (PEB) encontró el cadáver de una mujer desmembrada: su cuerpo fue encontrado en pedazos, guardados en bolsas plásticas en distintos lugares de un monte aledaño al urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) Villa La Paragua, ubicado en la avenida Atlántico. Marisol Del Valle Blanco, de 38 años, fue asesinada por su ex pareja y las autoridades tardaron casi dos meses en dar con su cuerpo.

Unare es una de las tres parroquias de Puerto Ordaz, la zona más planificada de Ciudad Guayana. Las parroquias mejor planificadas, Universidad y Cachamay, concentraron solo siete homicidios entre las dos en el periodo analizado.

San Félix violenta

Las siguientes dos parroquias más peligrosas de Guayana están ubicadas en San Félix, la otra mitad del municipio Caroní. El segundo lugar lo ocupa Chirica, donde ocurrieron 28 homicidios, que representan 15%. El tercer lugar es de la parroquia Simón Bolívar, con 24 asesinatos, equivalentes a 13%.

De los 185 crímenes, 129 sucedieron en San Félix y 59 en Puerto Ordaz, por lo que este lado de Ciudad Guayana sigue siendo el más peligroso. Sin embargo, una sola parroquia de Puerto Ordaz concentró casi el doble de homicidios que la parroquia más violenta de San Félix: Unare superó por 21 crímenes a la parroquia Chirica, que ocupó el segundo lugar con 28 homicidios.

No es nuevo. Según cifras de Correo del Caroní, Unare fue la más parroquia más violenta del municipio Caroní en 2016. Dos años después, las cifras de Monitor de Víctimas reflejan el fracaso de las políticas de seguridad del Estado en frenar la tasa de homicidios y la criminalidad en Guayana. 

Arma y móvil del crimen

68% de los homicidios fueron perpetrados con armas de fuego cortas; 16% con armas de fuego cortas y largas al mismo tiempo, y 7% con armas blancas. Las cifras reflejan, nuevamente, la facilidad que tienen las bandas criminales de hacerse con armamento pese a que su comercio legal está suspendido en Venezuela desde hace varios años.

El principal móvil en la data de homicidios, 39% de los crímenes contabilizados entre marzo y junio, es “ajuste de cuentas” o venganza. El otro móvil más recurrente en los homicidios registrados en Ciudad Guayana es el de “resistencia a la autoridad”, con 33%, equivalente a 59 casos. 51 de estos crímenes fueron perpetrados por funcionarios del Cicpc, cuatro por la PEB y tres por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La mayoría de estas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en marzo.

La tercera causa de homicidios en Ciudad Guayana es el robo, con 23 casos (13%).

De acuerdo con los datos, la mayoría de los victimarios fueron civiles, quienes perpetraron 95 de los crímenes (60%), seguidos de los funcionarios policiales, responsables de 59 homicidios. En 28 casos, Monitor de Víctimas no pudo precisar el victimario.

La edad promedio de las víctimas fue 28 años. 95 de estas eran menores de 30 años, 22 tenía entre 18 y 20 años, y otras siete víctimas fueron niños o adolescentes. En 53 homicidios las autoridades no suministraron la edad o la cédula de las víctimas. Por otra parte, del total de asesinatos, cinco víctimas fueron mujeres.

Huérfanos por la violencia

Durante el registro se comprobó que 23 de las víctimas dejaron hijos menores de edad, lo que totalizó 40 niños y adolescentes que quedaron huérfanos de padre o madre entre marzo y junio en Ciudad Guayana. Además, 27 de las víctimas eran el principal sustento de su hogar, lo que se tradujo en 71 familias desamparadas económicamente tras la pérdida repentina del padre o cabeza de familia en un homicidio.

158 asesinatos en cuatro meses, en una ciudad de poco menos de 1 millón de habitantes, son parte del retrato del municipio Caroní, la novena ciudad más violenta del mundo de acuerdo con la asociación civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que este año calculó una tasa de 80,2 muertes por cada 100 mil habitantes para Ciudad Guayana.

 “Los asesinos de mi hijo andan caminando tranquilamente por la calle, seguramente… La PTJ (sic) no me ha dicho nada, no ha agarrado a nadie, y a uno no le queda más que resignarse”. Al hijo de Rafael Cedeño lo asesinaron cerca de su casa, en la urbanización Gran Sabana, conocida como Core 8, en la parroquia Unare de Puerto Ordaz, estado Bolívar. El Estado no parece hacer justicia.

A Henry José Cedeño lo mataron en su cumpleaños número 27, el pasado 27 de abril. Celebró modestamente en su casa, ubicada frente a la iglesia evangélica Maranatha Gran Sabana. Al terminar su reunión decidió continuar su cumpleaños en una fiesta callejera que tenía lugar cerca de su hogar, adyacente del Mercal de Core 8. Hacia las 2:00 de la madrugada, Rafael Cedeño fue despertado por sus vecinos para que fuera al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) del sector. Al joven lo habían asesinado con un tiro en la cara.

A dos meses del homicidio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no tiene información para los deudos de Henry José Cedeño. Lo último que le dijeron a Rafael fue que se dirigiera a la sede del Ministerio Público en Puerto Ordaz a averiguar qué fiscal está encargado de su caso. “Con el caos del transporte y el trabajo yo no he podido ir… Pero yo quisiera que se hiciera justicia”, dijo tímidamente Cedeño.

El tiempo le ha endurecido los ánimos. Henry José es el segundo hijo que Rafael pierde en manos del hampa. Su primogénito, Jesús Gregorio Cedeño Rivas, fue asesinado en 2005 por antisociales que lo secuestraron y arrojaron su cadáver en el sector Sierra Parima, también en la parroquia Unare, cuando tenía 18 años. Este crimen quedó impune y el hampa siguió reinando en la zona.

El tiempo le ha endurecido los ánimos. Henry José es el segundo hijo que Rafael pierde en manos del hampa. Su primogénito, Jesús Gregorio Cedeño Rivas, fue asesinado en 2005 por antisociales que lo secuestraron y arrojaron su cadáver en el sector Sierra Parima, también en la parroquia Unare

La zona más peligrosa de Puerto Ordaz

La urbanización Gran Sabana se ubica en la Unidad de Desarrollo (UD) 337 de Puerto Ordaz, y fue planificada por el Estado a través de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) hace unos 30 años. Es conocida como “Core 8” porque, para el momento de su fundación, el único punto conocido del sector era el Comando Regional N° 8 (Core 8) de la Guardia Nacional, actualmente renombrado como Comando Zonal N° 62.

La presencia de una sede militar no significa seguridad. Al contrario, el sector Core 8 y sus adyacencias son las zonas más peligrosas de Puerto Ordaz, al agrupar la mayor cantidad de homicidios.

De acuerdo a cifras de Monitor de Víctimas en Bolívar, entre el 1 de marzo y el 21 de mayo se han registrado 128 muertes violentas en Ciudad Guayana, 36 de ellas en la parroquia Unare de Puerto Ordaz. De las 36, 16 fueron entre la urbanización Gran Sabana e invasiones cercanas.

Es así desde hace años. En 2015 la parroquia Unare fue la más violenta de las 11 parroquias de Ciudad Guayana, de acuerdo a cifras de Correo del Caroní. Ese año acumuló 136 de las 547 muertes violentas del municipio.

Muestra de que el auge criminal continúa son el aumento de prácticas sanguinarias. En lo que va de año se contabilizan tres decapitados en la invasión Bendición de Dios, ubicada en los alrededores de la urbanización Gran Sabana. A Víctor Manuel Martínez, de 18 años, lo decapitaron el pasado 4 de marzo. Los antisociales colgaron su cabeza en un poste de luz, a la vista de todos los vecinos. Luego, el 15 de mayo fueron decapitados dos hermanos: A Mayerlin y Anderson Jaramillo Guerra, de 18 y 22  años, respectivamente, los encontraron sin cabeza en el patio de su propia casa. Los cráneos fueron hallados al día siguiente en la invasión Los Corales. Ninguno de los dos sucesos ha sido esclarecido por la policía científica.

“Esto se volvió horrible. Vivir aquí es como estar preso. Uno tiene que salir solamente de día, ya a las 5:00 nos metemos en la casa, con pavor cada vez que alguien toca la puerta, porque aquí atracan, matan, y nadie va a hacer ni decir nada, porque mandan los malandros”, sentenció Rafael Cedeño, con referencia al sector Gran Sabana.

Cedeño vive en el sector desde hace 28 años a su casa. Fue reubicado por la CVG, junto a un grupo de familias que había invadido ilegalmente terrenos no zonificados para viviendas en la avenida Atlántico, a la altura del centro de rehabilitación Dr. Carlos Fragachán. “Nos dieron el terreno y nos hicieron la casa. Esto era tranquilo, andábamos tranquilos… Aquí se criaron mis cuatro hijos, sin problemas”, recordó el entrevistado.

Con el pasar de los años la atención del Estado fue mermando y el crecimiento poblacional superó al proyecto de la CVG y los terrenos urbanizados. El proyecto de Guayana como la segunda ciudad mejor planificada de Latinoamérica se fue olvidando.

Hace al menos 10 años se conformaron invasiones como Bendición de Dios, Pueblo de Dios, Los Corales, entre otras zonas aledañas a la urbanización Gran Sabana, en donde la calidad de vida es pésima. La anarquía elevó el índice delictivo en la zona que antes era tranquila. En 20 años de gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) tampoco han llegado mejoras estructurales, y cada día las bandas delictivas toman más y más poder sobre toda la zona.

Desesperanza

Rafael Cedeño insiste en su llamado de justicia. Su hijo Henry Cedeño dejó huérfano de padre a tres niños: dos varones de 7 y 4 años, y una bebé de 8 meses, que ahora ayudan a mantener entre toda la familia.

De sus cuatro hijos, solo dos quedan vivos, una adolescente de 15 años y un adulto de 31, que es técnico en Contaduría Pública. “Les pido que se cuiden, que no salgan tarde por ahí, que se porten bien, porque ahorita, en esta situación tan difícil que estamos viviendo, el gobierno no hace nada… A los matones no se atreven a buscarlos”, lamentó y cuestionó las políticas de seguridad del Estado.

Intentará ir al Ministerio Público la semana que viene para presionar por justicia en el asesinato de su hijo, pero no tiene esperanzas y no es para menos. Bolívar se ubicó como la cuarta región más violenta del país, según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en 2017. “De cada 10 asesinatos, seis se cometen en el municipio Caroní”, reportó la ONG. Aunque San Félix es la zona más violenta de Guayana, la parroquia Unare de Puerto Ordaz compite a diario con las ocho de San Félix en cantidad de homicidios. “Los asesinos caminan tranquilamente en las calles”, resume y lamenta Rafael Cedeño, desde su casa en Core 8.

El proyecto de Guayana como la segunda ciudad mejor planificada de Latinoamérica fue quedando al olvido

@OrianaFaoro

El comando de la Armada Nacional, ubicado dentro del complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, en el estado Bolívar, fue asaltado en la madrugada de este 23 de mayo. En el suceso fue asesinado uno de los funcionarios de guardia y otro resultó herido. Ambos fueron atacados con un arma blanca.

Ocurrió hacia la 2:30 de la madrugada. El funcionario caído era sargento primero de la Armada. Fue identificado como José Mata Rojas, C.I. 21.149.075, y falleció en el sitio después de recibir múltiples puñaladas. Angelis Cardozo, alférez de navío, fue herido y trasladado al hospital de Pueblo Guri, para luego ser referido al hospital militar de Ferrominera, en Puerto Ordaz.

El parte oficial no especifica cuántos sujetos atacaron al comando de la Armada Nacional dentro de la represa, conocida popularmente como Guri, en referencia al poblado donde se ubica. La minuta solo revela que los antisociales cargaron con cuatro fusiles tipo AK-103 y una pistola calibre 9 milímetros del parque de armas perteneciente al comando.

Por los momentos, patrullas militares vigilan el complejo hidroeléctrico Simón Bolívar para encontrar a los responsables, mediante un “operativo de seguridad, patrullaje y búsqueda” desplegado en la zona.

Hasta las 12:41 del mediodía no ha habido pronunciamiento de las autoridades regionales de Corpoelec, de la Región de Defensa Integral (Redi) Guayana, o del gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri.

Se contactó al gerente de Distribución de Corpoelec en Guayana, pero el funcionario alegó no estar autorizado para dar declaraciones, y adujo que sobre ello solo podía hacerlo el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez.

El ministro no se ha pronunciado todavía ni vía prensa institucional o vía redes sociales.

Este es el primer asesinato registrado dentro de la represa Guri.

“Les dijimos que no queríamos policías aquí», fue lo último que escuchó Osman José Castillo Granado, funcionario activo de la Policía Municipal de Caroní (PMC), el 23 de marzo. Esa noche fue a buscar a su pareja en la casa Nº 16 del barrio Francisco de Miranda, un sector populoso de San Félix en el estado Bolívar. Pero apenas entró a la vivienda fue interceptado por cuatro maleantes. Lo golpearon, le quitaron su arma de reglamento y lo asesinaron con al menos 12 balazos visibles. Solo 10 fueron entre la cara y la cabeza.

El oficial Castillo tenía 26 años y estaba adscrito a la Brigada Motorizada de la PMC, en el centro de San Félix, que a su vez pertenece a la comisaría de Nueva Chirica. A dos semanas del asesinato, en este centro policial nadie quiere declarar oficialmente a la prensa. Solo una oficial, de unos 21 años, respondió: “investiguen, reporten esto… Este es el país al revés, los malandros son los que mandan y matan a la policía”.

El asesinato de Osman Castillo estremeció a los oficiales de la Policía Municipal de Ciudad Guayana. Las investigaciones apuntan a que el móvil es la venganza de una banda armada que opera en el barrio Francisco de Miranda, una comunidad popular ubicada en la parroquia Dalla Costa de San Félix.

El origen de la supuesta venganza se remonta al 30 de enero, cuando dos funcionarios de la Brigada Ciclista de la PMC se enfrentaron a al menos seis sujetos armados que estaban merodeando el Cementerio Municipal de Chirica. En el intercambio de balas, uno de los maleantes murió.

Dos días después, el 1 de febrero, dos oficiales de la PMC que residían en el barrio Francisco de Miranda recibieron información de sus propios vecinos de que debían salir de la zona. “Por tu seguridad, es mejor que te vayas de aquí”, le advirtieron a Osman Castillo. Esto lo confirmaron otros oficiales de la PMC.

“Él era un funcionario bueno, de los que no tenía problemas ni con los compañeros ni en los procedimientos”, dijo un funcionario policial que pidió mantener su nombre en reserva. “Los policías ahora tenemos que ir por la calle de en medio, para no meternos en problema ni con el gobierno ni con los malandros”, adujo.

Castillo decidió irse del barrio Francisco de Miranda, donde vivía en casa de la familia de su concubina, Treisy Carvajal, en la calle Las Flores. El 23 de marzo, luego de salir de su guardia, regresó solo a buscarla. Al entrar, cuatro sujetos armados entraron a la casa y lo mataron en frente de su mujer. “Mira, para que no se te olvide”, le dijeron. “Aquí no queremos policías”, fue la sentencia de su muerte.

Monitor de Víctimas contactó a Treisy Castillo vía telefónica, pues tuvo que abandonar la ciudad junto a su familia. En un principio se mudó a la parroquia Unare, en Puerto Ordaz, al otro lado de Ciudad Guayana, pero también allí fueron amedrentados por delincuentes.

Castillo prefirió no declarar a la prensa. “Estoy muy afectada, todavía no me salen las palabras”, fue su única respuesta. Se pudo conocer que ella no cuenta con respaldo o protección ni del Ministerio Público ni del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), entes que llevan el caso.

Dalla Costa, donde ocurrió el crimen, es una de las parroquias más violentas del municipio Caroní desde hace al menos cinco años. Reportes del medio regional Correo del Caroní apuntan que en 2013 fue la circunscripción más violenta entre octubre y noviembre; mientras que en el balance de 2015 se ubicó en el cuarto lugar, con 59 de los 547 homicidios registrados en las 11 parroquias de Ciudad Guayana.

No hay detenidos

El jefe de la división de homicidios del Cicpc en Guayana, Joel Gil, respondió que “el caso está policialmente resuelto”. Son cuatro los implicados, están identificados, y próximamente serán detenidos, resumió. Pero para el 10 de abril, 18 días después del homicidio del policía municipal, no ha habido aprehendidos. Gil no respondió la razón de la tardanza.

El comisario aseguró que la banda delincuencial implicada se dedica al robo de vehículos y cobro de vacunas o extorsión, pero no dio los nombres de los responsables del crimen.

El Fiscal Superior del estado Bolívar, Orlando Alcalá, se excusó en “no estar autorizado para dar declaraciones” sobre el caso. Monitor de Víctimas esperó por una semana que el recién designado Fiscal Superior fuera autorizado desde Caracas, pero el funcionario no respondió las llamadas ni los mensajes.

Al menos dos efectivos de Policaroní han sido expulsados del sector Francisco de Miranda

Asedio a la familia Carvajal 

Tres días después del asesinato de Osman Castillo, el 26 de marzo, la familia de su concubina Treisy Carvajal fue asediada por un grupo de personas. En una minuta oficial de la PMC se reporta que a las 12:04 de la madrugada querían entrar por la fuerza a la casa. “La amenazaron de muerte y querían quemarle su residencia, motivo por el cual procedimos a trasladarnos a dicho sector (…) Logramos observar una unidad radio patrullera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se encontraba rodeada por varios ciudadanos”, reza el parte.

Los ciudadanos que rodeaban la patrulla de la GNB, según la policía, se enfrentaron a los 12 funcionarios municipales que se aproximaron a la calle Las Flores de Francisco de Miranda. “Pudimos dispersar a los ciudadanos con duras técnicas de control ciudadano”, indica la minuta.

Luego del enfrentamiento fueron detenidas seis personas: cuatro hombres y dos mujeres. Los ciudadanos Yoel Antonio Plaza Aguilarte, C.I. 21.496.153 y Daniel Antonio Plaza Aguilarte, C. I. 22.825.060, resultaron aprehendidos durante el enfrentamiento en la calle Las Flores.

Minutos después, en la calle principal de Francisco de Miranda, la PMC detuvo a William Alexander González Barreto, C.I. 22.587.897; a Oswaldo José Soto Aguiño, C.I. 19.260.220, ambos funcionarios activos de la GNB; y a sus parejas, Judeilis María Veliz Rodríguez, C.I. 19.703.988; y Danieli Andreina Plaza Aguilarte, C.I. 27.936.849. Todos iban a bordo de un vehículo Toyota Corolla negro, señalado por Treisy Carvajal como el carro en el que se habían ido parte de los atacantes en búsqueda de gasolina para quemar su vivienda.

Estas seis personas fueron presentadas en tribunales por intento de homicidio pero fueron dejadas en libertad bajo régimen de presentación. Los imputados, a su vez, contrademandaron al Estado en la Fiscalía de Derechos Fundamentales del estado Bolívar por abuso de poder de los funcionarios actuantes en el operativo. El Fiscal Superior del estado Bolívar, Orlando Alcalá, tampoco quiso declarar sobre ese caso.

La PMC no reveló la identidad del otro oficial que fue expulsado de Francisco de Miranda, junto con Osman Castillo, por su seguridad. Revelaron que su esposa, embarazada de nueve meses, fue golpeada y amedrentada por los delincuentes después de lo sucedido con la familia Carvajal. Ambas familias tuvieron que irse del barrio. Según las investigaciones, con estas son 11 las casas deshabitadas por presión de esta banda armada en ese barrio de San Félix.

“La comunidad prácticamente está a favor de los malandros y dicen que nosotros somos los malos. Nosotros tenemos prohibido entrar en esa zona, estamos vetados”, asume un funcionario activo de la PMC, que apuntó que esa comunidad realmente pertenece a cuadrantes de seguridad de la Policía del estado Bolívar (PEB) y Guardia Nacional. El error de los funcionarios municipales fue solo vivir ahí.

Poder delincuencial

De acuerdo con los compañeros de Osman Castillo, se le atribuye el móvil de “venganza” a su asesinato nada más por ser funcionario policial. Él no participó de la balacera del 30 de enero en el Cementerio Municipal de Chirica, “simplemente era policía municipal y vivía en un barrio que está controlado por malandros”, explicaron. “Nos da miedo que esto se pueda volver costumbre, que nos maten en cualquier barrio controlado por delincuentes, que aquí en San Félix son muchos”.

Desde Cicpc no informaron las identidades de los implicados en el asesinato de Castillo. En reportes de prensa local manejaron el alias “El Yordi” como el principal implicado en el crimen, dato que también reseñaron en la PMC.

Hace al menos 10 años que funcionarios policiales del estado Bolívar desistieron de reclamar la construcción de un urbanismo solo para oficiales, para evitar compartir morada con delincuentes de sus zonas. “Aquí el policía o se hace de la vista gorda o termina siendo cómplice, para salvar su vida”, coincidieron dos de los funcionarios consultados para este trabajo, ambos bajo el resguardo de su identidad.

La desconfianza hacia los cuerpos policiales tiene fundamentos. El mes pasado, la Policía del Estado Bolívar ejecutó extrajudicialmente al joven Pedro Lizardi Coral, de 19 años, dentro de su casa en el barrio Nuevo Mundo, también de la parroquia Dalla Costa, al confundirlo con el delincuente que buscaban, también llamado Pedro.

A dos semanas del asesinato nadie en el centro de coordinación policial se atreve a declarar sobre el hecho

Posible vinculación con mafias del oro

La versión oficial del Cicpc es que la banda de “El Yordi”, que opera en el sector Francisco de Miranda, se dedica a “delitos comunes” como robo y extorsión. Los delincuentes de esta banda se encontraban robando a visitantes del cementerio de Chirica, en el primer enfrentamiento.

Pero otra versión ronda en las investigaciones. Una fuente vinculada con el caso reveló que los maleantes que se enfrentaron a la Brigada Ciclista de la PMC ese 30 de enero en el cementerio son miembros de una banda armada que operaba en la mina El Perú, del municipio El Callao, al sur del estado Bolívar.

Esta banda habría sido desplazada por un operativo del Ejército y se instaló en San Félix para explorar las riberas del río Caroní en busca de oro u otros minerales.

La fuente precisó que el delincuente que cayó en ese enfrentamiento del 30 de enero era un allegado al pran de la banda, dedicada al comercio ilegal del oro, razón por la cual las retaliaciones en contra de la policía y, en este caso, en contra del oficial Osman Castillo, fueron tan cruentas. “Estamos hablando que le dieron más de 10 disparos en la cara. Es un tema muy, muy delicado. Sabemos que están diciendo que policía que se les atraviese, lo matan”.

Fueron 57 los homicidios ocurridos en marzo en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Osman Castillo es el primer policía asesinado en el mes, de acuerdo con el conteo de Monitor de Víctimas. A 18 días del crimen, el Estado todavía no ha hecho justicia.

@OrianaFaoro

La subdelegación Tumeremo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) reportó un supuesto enfrentamiento ocurrido la tarde del lunes 9 de abril. En una situación de rehenes en la que resultaron muertos los cuatro presuntos delincuentes implicados. El hecho ocurrió en una barriada de este poblado ubicado al sur del estado Bolívar.

Sucedió a la 1:30 de la tarde en el barrio Zabaleta, en una vivienda en la que cuatro hombres, todavía por identificar, mantenían como rehenes a los integrantes de una familia. En el operativo de rescate hubo un intercambio de fuego entre ambos bandos que tuvo como saldo, cuatro de los supuestos antisociales fallecidos señaló el Cicpc Tumeremo. Los hombres heridos fueron trasladados al hospital José Gregorio Hernández, pero a su ingreso ya estaban muertos.

De acuerdo con la minuta oficial, en el hecho el detective agregado de la subdelegación Tumeremo, Freybis Rondón, resultó lesionado en el hombro tras ser impactado con una granada arrojada por los presuntos antisociales durante la refriega.

Vecinos denuncian excesos por parte del Cicpc

Desde el año pasado el Cicpc ha venido reportando constantes enfrentamientos en Tumeremo, con minutas oficiales poco detalladas. Dos semanas atrás un grupo de 45 consejos comunales exigió al presidente de la República, Nicolás Maduro, sacar la subdelegación del pueblo.

Los vecinos aseguran que “son funcionarios corruptos dedicados a la extorsión y creadores de laboratorios de enfrentamientos, en los que simulan intercambios de disparos para hacer allanamientos ilegales y ajusticiar a ciudadanos”.

El documento de los vecinos fue enviado a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, pero hasta la fecha no han recibido respuesta.

Tumeremo es un pueblo minero, capital del municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar. En este municipio bandas armadas que controlan los yacimientos auríferos de forma ilegal constantemente se disputan los territorios, como sucedió el 5 de marzo de 2016 en lo que se conoció como “Masacre de Tumeremo”.

Luego de ese suceso, han aumentado los operativos del Ejército nacional, que han dejado un saldo de ajusticiados que oscila entre cinco y 18 víctimas por cada suceso ocurrido en estas zonas recónditas del sur venezolano.

@OrianaFaoro