EL DIRECTOR DE LA ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, confesó este lunes estar consternado por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, aunque no sorprendido por ser un patrón en órganos del Estado.

“Lamentablemente estoy consternado como toda la sociedad venezolana, pero no estoy sorprendido, porque lamentablemente existe un patrón de este tipo de conductas por parte de órganos del Estado y en efecto, me remito, al estudio que ha hecho Provea al respecto, donde contabilizó entre el año 2013 y el año 2018, 488 casos de tortura, de modo que no se trata de situaciones aisladas o de funcionarios que se exceden en sus competencias, o acciones individuales, 488 casos de tortura no ocurren por accidente ni por culpa de un funcionario que se excede en sus funciones, esto es una cosa gravísima que nos debe llamar a la reflexión”, aseveró Daniels al programa Sin Duda de Unión Radio.

El también abogado agregó que “un Ministerio Público que solo actúa luego de que el señor Maduro se pronuncia, o peor aún, un Defensor del Pueblo que ni siquiera ha abierto la boca hasta este momento, nos dice en qué situación calamitosa se encuentran las instituciones públicas en Venezuela, frente a un caso tan grave, están tomando unas acciones que no son precisamente las que estarían dirigidas por un mecanismo imparcial de investigación”.

“En este caso habría que aplicar los parámetros que establece el llamado Protocolo de Minnesota, que es un documento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establece parámetros muy objetivos de lo que debe ser un investigación, cuando muere una persona que estaba bajo organismos del Estado, recordemos que el tema de la tortura es muy delicado. El Protocolo de Minnesota en realidad es un manual de instrucciones que establece unas guías de acción para los casos en los que personas mueran, o sean torturadas, o haya sospecha de tortura bajo la custodia de funcionarios del Estado, es un documento emanado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU desde el año 1999, donde se establece que debe hacerse para aclarar todo. Es un documento no vinculante, pero Naciones Unidas solicita que se aplique aunque no tiene carácter de tratado internacional”, detalló.

Representantes sindicales de 8 estados del país, acordaron iniciar una serie de protestas, que iniciarán el próximo miércoles 13 de abril con un paro de transporte público.

En respuesta, el coordinador nacional de transporte, Alberto Rodríguez se pronunció ante los hechos: “Hacemos un llamado al empresariado que esté comprometido con la patria para que realmente empiece la producción al 100% de la capacidad de acuerdo a los insumos que tengan en materia prima porque se esta jugando a través de un paro nacional técnico con la paralización de las unidades, con el fin que se paralice nuestro país en cuanto de la movilidad ya que el 80% de la población se traslada en transporte publico”, señaló.
Luego de una asamblea realizada en Barquisimeto entre los representantes del sector, se acordó manifestar en reclamo al Gobierno Nacional por incumplir su palabra de dotación de repuestos, lo que ha generado la paralización de más del 50% de las unidades de transporte y el aumento de las tarifas del pasaje.

Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte denunció que solo en el estado Lara, el 50% de las 7 mil 800 unidades de transporte que están afiliadas al sindicato automotor se encuentran paralizadas, y de los 8 mil cauchos que se necesitan mensualmente solo se reciben 400.

Aseguró que la proveeduría que se instaló en Transbarca, resultó un fracaso, “semanalmente por cada línea se paran 10 unidades por falta de baterías o cauchos, y la proveeduría no ofrece respuesta, es decir no cumple con la misión para la cual fue creada. No se consigue nada, ni siquiera aceite para los motores”.

Los representantes decidieron iniciar acciones de protesta en coordinación con los chóferes de los estados Trujillo, Lara, Barinas, Portuguesa, Táchira, Yaracuy y Carabobo.

El alcalde de Baruta y abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, señaló en referencia a la sentencia que declara en vigencia el decreto de Emergencia Económica que se trata de “la decisión más grave, peligrosa y usurpadora” que ha dictado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Blyde considera que es una obstrucción de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional y recordó que la carta magna establece mecanismos para que este tipo de decretos sean considerados y aprobados por el Parlamento.

El abogado advirtió que Venezuela es testigo de un “Estado de Excepción” al restringir garantías constitucionales pues con el fallo se “tocan los derechos constitucionales”.

“Aquí no hablamos de un decreto cualquiera, hablamos de uno que restringe las garantías constitucionales y dota al Ejecutivo de poderes que están por encima de los ordinarios. Es un estado de excepción”, comentó.

Señaló que se abre una posibilidad para que la AN, por medio de un acuerdo, solicite que se aplique la Carta Interamericana, ya que, a su juicio, “se está usurpando la Constitución”.

“Esto significa que se abre un procedimiento muy complicado para Venezuela porque la ponen en riesgo ante la comunidad internacional. La Carta Interamericana está vigente y el país la firmó, hay un desconocimiento de la separación de los poderes”, comentó.