Por Aram Barra
América Latina tiene un problema de armas. Una gran mayoría de los homicidios en la región se cometen con armas de fuego. Una parte importante de ellas son ilegales, pero también hay muchas que son legales. La mezcla entre mal control de armas por parte del Estado y la normalización de la resolución violenta del conflicto han llevado a nuestra región a ser una de las más letales del planeta.
En ese sentido, vale la pena revisar tres experiencias de control de armas en la región y los impactos que han tenido en la violencia de esas localidades. Les invito entonces por un viaje por Brasil, El Salvador y Colombia.
En Brasil… En diciembre de 2003, después de una intensa presión y movilización popular, el Congreso Nacional de Brasil aprobó la Ley 10826 —conocida como el Estatuto de Desarme— para reforzar el control sobre las armas en circulación en el país. Los resultados se dieron de inmediato: cinco mil vidas salvadas durante el primer año en vigor de la ley, lo que significó una disminución de la tasa de homicidios en Brasil por primera vez en más de una década.
Dentro de las medidas principales se encuentran: la edad mínima para adquirir armas se elevó a los 25 años; se prohibió el porte de armas para civiles; se introdujeron controles de antecedentes; se definieron siete requisitos mínimos para la compra de un arma; se endurecieron las penas por delitos cometidos con armas de fuego; se impusieron controles a la importación de armas de fuego, y se integraron las dos principales bases de datos sobre armas de fuego en el país.
Como lo señalan Robert Muggah y Daniel Cerquira, recientemente hay sectores que pretender revertir varias de las disposiciones del Estatuto, reduciendo la edad mínima de compra de 25 a 21 años, aumentando la cantidad de municiones al año –de 50 a 100, y permitiendo a los ciudadanos el porte– en espacios y vías públicas. Lo anterior bajo el argumento de protección de los “ciudadanos de bien” y la posibilidad de autodefensa.
En El Salvador… El Proyecto fue desarrollado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en coordinación con las alcaldías de San Martín e Ilopango, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Defensa Nacional. Esta iniciativa tuvo los siguientes componentes: restricción de la portación de armas en los espacios públicos; aumento de la fiscalización policial; campaña de divulgación y comunicación masiva; una estrategia de recolección de armas entregadas voluntariamente, y colaboración más estrecha entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía.
En San Martín el proyecto logró aprobar dos ordenanzas pioneras de regulación de armas de fuego en los espacios físicos e incrementar ostensiblemente (entre un 69% y un 102%) el decomiso de armas de fuego por parte de la Policía. En el periodo de instrumentación del proyecto, los homicidios disminuyeron en un 49% y el número de delito cometidos con armas de fuego bajo un 24%.
En Colombia… En las ciudades de Cali (1993-94) y Bogotá (1995-97) se establecieron prohibiciones para el porte de armas en determinadas fechas, incluyendo fines de semana, días de pago, feriados y días de elecciones. Las evaluaciones muestran que durante los días de intervención el número de homicidios fue significativamente menor a los días de no intervención. Se logró una reducción de los homicidios del 14% en Cali (entre 1993 y 1995) y en Bogotá del 13% (entre 1995 y 1997).
Analizando el caso de Bogotá en el periodo de 1989-1999, Llorente et.al (2000) mostraron que en el mejor de los casos el aporte positivo de la prohibición al porte de armas fue del 14% en la reducción de la tasa de homicidios, un efecto limitado teniendo en cuenta que entre el 70% y 80% de los homicidios se cometían con armas de fuego. Los autores atribuyen este comportamiento a la ausencia de una estrategia policial focalizada para aplicar la norma.
Hasta ahí tres experiencias en América Latina de control de armas. Aunque distintos, el ejercicio apunta a una conclusión importante: reducir la disponibilidad y acceso a las armas de fuego puede contribuir a reducir la violencia letal. El control de armas debe ser una política dentro de un abanico más amplio que incluya la prevención basada en evidencia, el aumento de la judicialización de casos de homicidios y políticas integrales de alcohol y drogas, de lo que he escrito en otro momento.
*Este artículo fue publicado en el portal Mexican Times
* Aram Barra es internacionalista por la UDLA México y maestro en política y administración pública por New York University y University College London. Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de salud, seguridad y derechos humanos.
