El director de la Red Internacional de Derechos Humanos que tiene sede en Ginebra, Ramón Muñoz hace un análisis de la situación de la región en materia de DDHH, al tiempo que explica todo lo que hay que entender acerca del Examen Periódico Universal. En cuanto a Venezuela, opina que el Estado debe escuchar a la sociedad civil en toda su pluralidad.

Maruja Dagnino – IPYS Venezuela

Caracas – Ginebra, octubre 2016. “El verdadero reto para la región latinoamericana es despertar una fuerte voluntad política en los Estados y los gobernantes, y una fuerte movilización por parte de los ciudadanos, para exigir para que tengamos igual acceso a la justicia y tengamos sociedades más equilibradas”. Con acento bogotano, Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos, analiza los puntos más álgidos en la región en materia de derechos humanos, en el marco del Examen Periódico Universal que presentará Venezuela el próximo 1 de noviembre en la Organización de las Naciones Unidas (Ginebra). “Yo espero que en este examen Venezuela asuma una actitud activa y propositiva, como miembro del Consejo de DDHH”, remarcó.

-¿En qué consiste el EPU, cuántos Estados involucra, cuál es su sentido?

Es lo que se conoce como el Examen Periódico Universal, un examen que fue acordado en el momento en que se suprimió la Comisión de DDHH que sesionó durante muchos años aquí en Ginebra, y se creó el Consejo de DDHH (que está sesionando desde hace once años) y el Examen Periódico Universal, con el propósito de que todos los países que son miembros de Naciones Unidas (los 191) rindieran un examen en materia de derechos humanos ante este órgano de Naciones Unidas. El EPU se concibió entre partes iguales, y lo que pretende es establecer espacios de colaboración para hacer progresar los temas de derechos humanos en cada uno de los países, la aplicación de los estándares internacionales y los convenios y las convenciones ratificados por cada Estado.

El espíritu del EPU no es establecer condenas o emitir condenas en contra de los países. Es hacer recomendaciones, o que los países adquieran compromisos voluntarios a efectos de implementar políticas al interior del país para ampliar la cobertura y el goce de las convenciones de DDHH y de las normas y estándares. Por lo tanto, a través del EPU no se obtienen resoluciones de condena a los países.

Ese examen se hizo fundamentalmente porque los Estados dijeron muchas veces a lo largo de los años que la comisión se había convertido en un órgano politizado, con una doble moral, un doble rasero, que especialmente se dedicaba a mirar y a condenar a países donde había violaciones de DDHH, pero sobre todo a pequeños países, que tenían orientaciones ideológicas impuestas por los grandes países durante la guerra fría.

En el seno de la comisión surgió toda esta corriente de enfrentamientos de bloques diferentes y todo esto se desarrolló hasta después de la finalización de la guerra fría, la caída del muro de Berlín. Entonces había que buscar un órgano más equilibrado, mucho más imparcial.

-¿Podría decirse que el EPU es un sistema más democrático?

Esa es la intención, que fuera un sistema más equitativo para todos los Estados, para evitar que solamente aquellos países países del sur, como nos llaman aquí, con problemas de derechos humanos, fueran objeto de juicios y de condenas por parte de la comisión. Entonces dijeron “vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a colaborar”.

Todos los Estados participan y se evalúa la situación de DDHH por períodos de cuatro años y medio. Es rotativo, ya se pasó un ciclo por el que pasaron todos los países miembros, con un primer examen. De allí salieron recomendaciones, documentos, compromisos. Lo que se pretende con las recomendaciones es que los Estados pongan en marcha políticas de derechos humanos que sean permanentes, para poner soluciones estructurales a los problemas.

-¿En base a qué se hacen esas recomendaciones?

El examen tiene una etapa de preparación que consiste en la recopilación de información por parte del Alto Comisionado para los DDHH, donde se creó una sección que se ocupa del Examen Periódico Universal, con unos funcionarios que elaboran tres documentos. Uno basado en el informe del Estado. Se estableció que el Estado debería efectuar  consultas a la sociedad civil para la elaboración de este informe, dentro del espíritu de que las consultas son necesarias para que sea un examen inclusivo, donde estén representadas todas las problemáticas y los puntos de vista. Es decir que las consultas se tienen que hacer con las ONG, la sociedad civil en general, los sindicatos…

El segundo es un documento donde Naciones Unidas hace un resumen de 10 páginas que se refiere a todos los pronunciamientos que diferentes órganos de las Naciones Unidas han tenido sobre el país en los últimos cuatro años: los relatores especiales, órganos de supervisión de tratados, programas especiales de Naciones Unidas y otras instituciones que han hecho monitoreo o investigación en el país.

El tercer documento es el que hace la oficina del alto comisionado a partir de los informes que elaboran las organizaciones no gubernamentales en el país y que son enviados a la oficina en un plazo fijado. Estos informes se resumen en pequeños párrafos dejando constancia de las problemáticas que las organizaciones sociales y de derechos humanos de diferentes sectores de la sociedad manifiestan, con el objeto de que se trate ese tema durante el EPU. En ese documento también está incluida la información del ombudsman, o defensor del pueblo, de la Comisión de DDHH.

Y esa es la primera etapa: recopilar la información y elaborar los documentos.

La segunda etapa es la del examen mismo, que tiene lugar en Ginebra, tiene duración efectiva de tres horas, es un examen al cual asiste una delegación del Estado. El grupo de trabajo está conformado por Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos (47 miembros). Este grupo de trabajo hace el examen en presencia de la delegación oficial, y dura tres horas. Primero habla la delegación oficial, presenta su informe, progresos, lo que ellos quieren hacer, hablan diferentes funcionarios que vienen de la capital de cada Estado. Luego los otros Estados hacen preguntas o recomendaciones. Y desde luego a lo largo de estas tres horas le dan la oportunidad al Estado examinado de dar respuestas y aclaratorias.

También se ha establecido dentro del proceso del examen que los Estados puedan adquirir compromisos voluntarios, que no provengan de recomendaciones sino declaraciones voluntarias del Estado, de temas que quiere asumir en materia de DDHH. Una ley para acabar con la discriminación, o reformar un artículo de una ley que se considera va contra una convención. O suprimir la pena de muerte… o crear una institución de DDHH en el país.

A esto se suman las recomendaciones que hacen los Estados miembros del grupo de trabajo, y todos los Estados observadores, porque no solo los 47 pueden hacerlas sino los 191 Estados miembros de la ONU.

Un par de días después la oficina del alto comisionado en colaboración con lo que se conoce como la Troika (conformada por tres embajadas, porque cada Estado examinado tiene una troika elegida al azar), recopila las recomendaciones, preguntas y participaciones durante el examen, se consigna en un documento, y se le da un plazo al Estado examinado para manifestarse respecto a esas recomendaciones y decir claramente si las acepta o las rechaza, o cuáles acepta y cuáles rechaza, o si pide un plazo para consultar con la capital, y se le concede. Pero no existe otra fórmula. Se aceptan o no se aceptan.

Cuatro meses después, en una sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos que se reúne tres veces por año se lleva a cabo la aprobación definitiva de ese documento ya editado. Allí vence el plazo del Estado para decir si acepta o no las recomendaciones, o cuáles acepta y cuáles no.

Las ONG pueden participar en las tres etapas hasta el final. En una primera etapa activamente y en otras como observadores.

-¿Qué consecuencias tiene para un país cuando el Estado rechaza o admite algunas de las recomendaciones? ¿A qué se compromete, a qué deja de comprometerse…?

El Estado tiene toda la libertad de aceptar o no las recomendaciones, porque todas las acciones que se hacen en la organización se hacen sobre la base del respeto a la soberanía interna. Por otro lado, si un Estado acepta alguna recomendación, en teoría es para implementarla mediante una declaración pública, sobre la base de la buena fe de que tiene que colaborar. Si no, no tendría sentido el examen.

Aceptarla es una declaración política respecto a su voluntad. Negar una recomendación en realidad no tiene ninguna consecuencia porque no haya una sanción para el Estado que no acepta una recomendación, así como no la hay para un Estado que la acepta y no la pone en práctica. Pero tiene una consecuencia política. Porque hay que saber que los órganos de DDHH de Ginebra, especialmente este del EPU y el Consejo de DDHH, son órganos políticos y no jurídicos. Por lo tanto son los Estados los que toman las decisiones con toda libertad, con el respeto de las normas y los procedimientos establecidos en ONU. Pero digamos que esa es la consecuencia.

Otra consecuencia que puede deducirse simplemente y es una manera de interpretarlo desde la sociedad civil es que cuando un Estado se niega injustificadamente a aceptar una recomendación está manifestando simplemente su falta de colaboración con el sistema de DDHH, y está creando un antecedente, lo cual  eventualmente y con el tiempo puede tener consecuencias al interior de la sociedad que lo interprete simplemente como una actitud de rechazo en cuanto a la situación de las normas que el Estado se ha obligado a aplicar.

Desafortunadamente, lo que no existe todavía y no sabemos si va a existir es un sistema de indicadores de seguimiento para la aplicación de esa recomendación.

También hay que decir que hay muchas recomendaciones que están vacías de contenido. Doy un ejemplo: “se le recomienda al Estado seguir con su magnífico trabajo para luchar en contra de la pobreza o la protección de los niños”, pero sin hacer ninguna recomendación específica. Se trata más bien de hacer recomendaciones que centren la atención sobre problemas reales y la manera de solucionarlos, con la aprobación de leyes, la puesta en práctica de medidas, con aprobación de presupuestos, reparación de víctimas, con las plataformas estructurales que hay que hacer para que estas situaciones puedan cambiar. Y así es como funciona el sistema.

Puede que políticamente en ocasiones a nivel internacional se entienda la negativa a aceptar recomendaciones, o las recomendaciones aceptadas pero no aplicadas, como una vergûenza ante la comunidad internacional. Porque finalmente a largo plazo se va a notar.

–¿Cuál es el papel de la sociedad civil una vez que el Estado rechaza o admite estas recomendaciones?

Por una parte hacer público todo este proceso del EPU, dar a conocer a toda la sociedad en general qué es lo que está sucediendo aquí en Ginebra con este examen, cuál fue la actitud del Estado,  qué recomendaciones aceptó y cuales no aceptó, para utilizar todos esos documentos y recomendaciones, los compromisos adquiridos por el Estado como herramienta para cambiar la situación de DDHH en el país. Y luego establecer un diálogo con las autoridades para instar al Estado a implementar esas recomendaciones aceptadas. Y que los ciudadanos sepan a qué se comprometió su Estado.

También puede abrir un diálogo en torno a las razones por las cuales no aceptó algunas recomendaciones. En ocasiones nos encontramos con Estados que las rechazan por simples razones ideológicas, o simplemente las rechazan porque provienen de algún Estado del cual no consideran adecuado o correcto aceptar una recomendación, porque no está afiliado a su corriente económica, política, o ideológica. Por diferentes razones estratégicas.

Tiene que desatarse un proceso de diálogo con el Estado, porque este examen tiene que abrir un espacio de diálogo con las instituciones.  

–¿Podríamos saber a través del EPU cuál es la situación de derechos humanos en la región y de Venezuela con respecto a la región?

Se pueden hacer comparaciones, se pueden hacer análisis respecto a las recomendaciones  que se han hecho y cuál ha sido la actitud del Estado. Yo considero que no es muy importante la cantidad de recomendaciones sino los temas de las recomendaciones. Hay evidentemente un déficit si uno mira las recomendaciones del EPU para América Latina. Las declaraciones o las decisiones que han tomado diferentes órganos de Naciones Unidas, las comunicaciones que han enviado relatores y grupos de trabajo de la ONU. Hay un déficit enorme de algunos países en materia de la protección de defensores de DDHH, asesinatos, o persecuciones, o agresiones. Hay déficit en materia de libertad de prensa, desde luego. Hay varios países de América Latina que sus medios enfrentan muchas dificultades, sus periodistas tienen graves problemas para ejercer su profesión por razones de violencia o de censura. Porque las leyes no están adaptadas, o porque hay varias violencias mezcladas, hay zonas de conflicto por el narcotráfico. O porque en algunos Estados se controlan los medios de comunicación más o menos, o porque no se ha democratizado todo el espacio de los medios de comunicación y están bajo control de grupos empresariales.

Hay un gran ataque en cuanto a defensores de la naturaleza. Hay un déficit en cuanto a la consulta previa con pueblos indígenas. En América Latina hay un déficit enorme en materia de derechos sociales, económicos y culturales. En otros países se observa una falta de independencia total de los órganos de la justicia, de los jueces y abogados. Y la debilidad de muchas instituciones.

Pero fundamentalmente lo que uno puede decir es que hay una dificultad enorme en la región en países de leyes y de constituciones fantásticas, para que todas esas leyes se apliquen. No se destinan los recursos para la aplicación de las leyes e implementación de políticas a partir de esas leyes. Como que nos quedamos en algunos progresos, desde luego, con algunos avances en algunos países, pero con un déficit enorme y demasiada retórica, demasiada aprobación de normas, poca aplicación efectiva para hacer que esas leyes hagan un impacto real en la vida de las personas. Demasiada retórica y poca aplicación. En algunos Estados por falta de recursos económicos, pero en general es por una falta de voluntad política  para hacerlo. Hay muchos derechos en estos países que no están debidamente garantizados.

-¿Cuáles serían los grandes desafíos que tienen Venezuela y la región en materia de DDHH?

El desafío principal que tiene la región es el de hacer realidad que todas estas recomendaciones y pronunciamientos de las organizaciones de derechos humanos, todas estas leyes que hemos aprobado y todas estas constituciones de las que nos sentimos tan orgullosos, y las mostramos como las más modernas del mundo, sean verdadera garantía de los derechos humanos, y que  les permita tener acceso a esos derechos y ejercerlos.

También es cierto que hay muchos procesos que son complejos, y algunos son globales, y que no solamente somos responsables nosotros sino que también pagamos las consecuencias de otros procesos globales que nos afectan. Pero el reto principal es pasar de la retórica y las buenas intenciones, y hacer de esas recomendaciones una verdadera aplicación para que la gente pueda gozar sus derechos. El verdadero reto es despertar una fuerte voluntad política en los Estados y los gobernantes, y una fuerte movilización por parte de los ciudadanos para exigir que estas recomendaciones se cumplan, para que tengamos igual acceso a la justicia y tengamos sociedades más equilibradas.

De acuerdo a mi conocimiento de la situación de Venezuela, creo que hay déficit en materia de libertad de expresión. Y el Estado venezolano no piensa lo mismo aparentemente, y dice que hay plena garantía en derecho de libre expresión y de prensa, pero hubo 13 recomendaciones que fueron rechazadas en el examen anterior hace cuatro años. Hay un tema relacionado con la independencia de jueces y magistrados, y las instituciones en general, algunas que deben ser independientes por disposición constitucional, y por respetar los estándares internacionales.

Es un reto muy grande para Venezuela, que ha sido miembro del Consejo de DDHH. Venezuela está en el punto en el cual es necesario que dé un paso para mostrar su amplio o su decidido espíritu de colaboración con el sistema (del EPU). Venezuela no ha sido visitado por los expertos de Naciones Unidas hace bastante tiempo -me refiero a los relatores de los grupos de trabajo-. Entre los pocos pronunciamientos de algunos órganos de Naciones Unidas, está el de las detenciones arbitrarias, en torno a varios casos de personas  que Naciones Unidas considera que están detenidas arbitrariamente, y Venezuela no ha acatado esas decisiones. Venezuela es miembro del Consejo de DDHH y tiene el reto de reflexionar para garantizar que todas estas normas que ha aceptado Venezuela siendo miembro del Consejo, se apliquen.

Este fenómeno además no es exclusivo de Venezuela, está bastante generalizado en la región, incluso más intensa y profundamente en otros países. Pero tenemos un déficit democrático muy grande en el sentido de que sentimos que las decisiones tienen que ser tomadas solo por unos y nos concierne a todos.

Yo espero que en este examen Venezuela asuma una actitud activa y propositiva, como miembro del Consejo de DDHH, con respecto a las recomendaciones. Que el diálogo sea un diálogo abierto, no cargado de agresividad como hemos visto en otros Estados, que son más defensivos que colaboradores.

Indudablemente Venezuela está pasando por un momento que muchos califican de difícil, y ha sido objeto de muchas declaraciones de diferentes órganos por parte de Naciones Unidas. Aunque yo no puedo decir, como persona exterior a Venezuela, qué tan ciertas son todas estas cosas, es evidente que ha estado en el foco de estos órganos y eso tiene varias razones. Los venezolanos las conocen seguramente, y también los gobernantes de turno ahora.

Lo que hay es que abrir un espacio de diálogo con la sociedad civil sin que se perciba a la sociedad civil de parte del Estado como el enemigo, sino como una parte con la que hay que conversar, con la que hay que sentarse en una mesa a tramitar las diferencias y a tratar de encontrar soluciones. Para esto debe servir el EPU de Venezuela en este momento.

Yo no voy a entrar a juzgar la política del presidente Maduro, a mí no me corresponde, ni a juzgar lo que dice la oposición venezolana tampoco. Este no es un examen en torno a lo que piensa la oposición y lo que piensa el gobierno. Es un examen de acuerdo a lo que dicen los estándares internacionales en DDHH, y lo que dice la Constitución venezolana, las leyes venezolanas, y se debe tramitar con información verídica, con base en datos y en cifras, y entiendo que Venezuela tiene ahí una tarea que hacer estadísticamente. Venezuela debe propiciar un diálogo abierto y sincero, no politizado desde el punto de vista partidista electoral, sino desde el punto de vista de la sociedad.