El portavoz del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, declaró hace unos días que, a su juicio, hay en España “un sobredimensionamiento” de lo que ocurre en Venezuela, porque cuando un país vive el drama que experimenta la nación bolivariana aquello no es sólo culpa de un Gobierno sino “responsabilidad colectiva de los venezolanos”.

Semejante afirmación demuestra una total ignorancia de la tragedia que vive Venezuela o un fanatismo ideológico cuadriculado. Hace falta más de un individuo para deshonrar a un partido, desde luego, habiendo socialistas que, con Felipe González a la cabeza, han demostrado una solidaridad tan activa con los demócratas venezolanos que, pese a los asesinatos, las torturas y la represión enloquecida desatada por Maduro y su pandilla, han impedido hasta ahora que el régimen convierta a ese país en una segunda Cuba. Pero que haya en España socialistas capaces de deformar de manera tan extrema la realidad venezolana sin que sean reprobados por la dirección, delata la inquietante deriva de un partido que contribuyó de manera tan decisiva a la democratización de España luego de la Transición.

La verdad es que Venezuela fue, por 40 años (1959 a 1999), una democracia ejemplar y un país muy próspero al que inmigrantes de todo el mundo acudían en busca de trabajo y que, tanto los Gobiernos “adecos” como “copeyanos”, dieron una batalla sin cuartel contra las dictaduras que prosperaban en el resto de América Latina. El presidente Rómulo Betancourt intentó convencer a los Gobiernos democráticos del continente para que rompieran relaciones diplomáticas y comerciales y sometieran a un boicot sistemático a todas las tiranías militares y populistas a fin de acelerar su caída. No fue respaldado, pero, décadas después, su iniciativa acaba de ser reivindicada por la Declaración de Lima, en la que, invitados por el Perú, todos los grandes países de América Latina —Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Uruguay y cinco países más de la región— además de Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania, han decidido aislar a la dictadura de Maduro y no reconocer las decisiones de la espuria Asamblea Constituyente con la que el régimen trata de reemplazar a la legítima Asamblea Nacional donde la oposición detenta la mayoría de los escaños.

El chavismo y su arrogante etiqueta ideológica, “el socialismo del siglo XXI”, han comenzado a desmoronarse luego de las elecciones del domingo pasado y la aplastante victoria de las fuerzas de oposición agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Un viento de libertad corre ahora por la tierra venezolana, devastada por 17 años de estatismo, colectivismo, represión política, demagogia y corrupción que han llevado a la ruina y al caos a uno de los países potencialmente más ricos del mundo.

La oposición al Gobierno de Maduro cuenta con 112 diputados, dos tercios de la Asamblea Nacional, lo que en teoría le permite desmontar toda la maquinaria económica y política del chavismo, aprobar una ley de amnistía para los presos políticos e, incluso, convocar un plebiscito revocatorio del jefe de Estado. Pero es probable que, tal como ha propuesto Henrique Capriles, el más moderado de los líderes de la oposición, ésta proceda con cautela, consciente de que el problema más urgente para el pueblo venezolano es el del hambre, el desabastecimiento y la carestía de un país que tiene la inflación más alta del mundo y las mayores tasas de criminalidad (luego de Honduras) en América Latina.

Aunque, como ocurre siempre con las alianzas en el seno de una democracia, hay entre las fuerzas de oposición tendencias diversas, lo peor que podría ocurrirle a Venezuela en estos momentos es una querella interna en la MUD. Una oposición dividida sería un verdadero regalo de los dioses para el régimen chavista que, a consecuencia de la brutal derrota electoral que acaba de recibir, comienza a dar síntomas de divisiones y discordias internas.

Hay toda clase de teorías para explicar la misteriosa razón por la que el Gobierno de Maduro ha aceptado este apabullante veredicto electoral que significa el principio del fin del “socialismo del siglo XXI”. No ha sido por convicción democrática, desde luego, pues, desde el principio, y sobre todo a partir de la subida al poder del heredero de Chávez, la deriva autoritaria —censura de prensa, encarcelamiento de opositores, toma y clausura de canales de televisión, estaciones de radio y revistas y periódicos, desapariciones y torturas de los críticos de su política— ha sido una constante del régimen.

La postura del Ejército venezolano será decisiva en los días que se avecinan. Si mantiene la neutralidad que ha tenido durante el proceso electoral y se niega a ser utilizado como fuerza de choque del régimen para clausurar la Asamblea Nacional o condenarla a la inoperancia, el desmontaje del chavismo puede ser gradual, pacífico y acelerar, mediante el apoyo internacional, la recuperación económica de Venezuela. En caso contrario, el espectro de una guerra civil y de una sanguinaria represión contra el pueblo que acaba de manifestar su repudio del régimen, son previsibles.

Hay que quitarse el sombrero y aplaudir con fervor al pueblo venezolano por su formidable gesta. En todos estos años, aun cuando parecía que una mayoría se había enrolado en la ilusión antihistórica y retrógrada del chavismo, hubo venezolanos lúcidos y valientes que se enfrentaron con razones e ideas a las consignas y amenazas de un régimen que pretendía resucitar un sistema que en todas partes —Rusia, China, Vietnam, la misma Cuba— hacía aguas y discreta u ostentosamente renunciaba al estatismo y al colectivismo y viraba hacia el capitalismo (de Estado y con dictadura política, eso sí). Muchos de ellos fueron víctimas de atropellos que los privaron de sus bienes, empresas, empleos, que los llevaron a la indigencia o a la cárcel o al exilio. Pero lo cierto es que siempre hubo una oposición activa contra el chavismo que mantuvo viva la alternativa democrática en todos estos años, mientras el país se iba hundiendo en la anarquía institucional, se empobrecía y corrompía, y los niveles de vida se desplomaban golpeando sobre todo a los más humildes e indefensos. Millones de esos venezolanos engañados por la fantasía de un paraíso comunista abrieron los ojos y fueron a votar el domingo pasado contra aquel engaño. Ellos han dado la victoria a la MUD, es decir, a la cultura de la libertad, la coexistencia y la legalidad.

Lo que queda por delante es difícil, pero sin duda lo peor ha quedado ya atrás. Ahora lo importante es tener conciencia de que una fiera herida es más peligrosa que una sana y que los zarpazos del régimen moribundo pueden hacer todavía mucho daño a la golpeada Venezuela. Las medidas más urgentes son por supuesto abrir las cárceles a fin de que Leopoldo López, Antonio Ledezma y las decenas de demócratas encarcelados salgan en libertad y puedan trabajar hombro a hombro con sus compatriotas en la democratización de Venezuela y en la recuperación económica de un país tan rico en recursos naturales y humanos. Es indispensable que la ayuda internacional se vuelque apoyando esta tarea hercúlea, devolver al país la credibilidad financiera y la legalidad y la eficacia institucional que ha perdido en estos años de desvarío y locura chavista. Por fortuna, Venezuela es uno de los países que cuenta con una naturaleza privilegiada así como con cuadros profesionales, técnicos y empresariales de muy alto nivel. Muchos de ellos tuvieron que exilarse en los años del desorden y el autoritarismo chavista. Pero no hay duda de que buen número está ansioso por regresar y contribuir con su esfuerzo a la redención de su país luego de esta noche siniestra de 17 años.

Quisiera destacar el papel jugado por la mujer en la victoria del domingo pasado. Ante todo la de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, a quien las circunstancias sacaron a la calle y empujaron a un activismo político de primer orden con el que nunca soñó. Y es imprescindible también mencionar a María Corina Machado, golpeada y despojada de su curul de diputada de manera arbitraria, que no perdió en ningún momento su entusiasmo ni su compromiso cívico. Para ambas y muchas otras venezolanas tan gallardas como ellas el resultado de las elecciones del domingo ha sido el mejor desagravio.

El País ES

Este contexto explica la escalada represora del régimen en los últimos días: el encarcelamiento del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, uno de los más destacados líderes de la oposición, al cumplirse un año del arresto de Leopoldo López, otro de los grandes resistentes, y meses después de haber privado abusivamente de su condición de parlamentaria y tenerla sometida a un acoso judicial sistemático a María Corina Machado, figura relevante entre los adversarios del chavismo. El régimen se siente acorralado por la crítica situación económica a la que su demagogia e ineptitud han llevado al país, sabe que su impopularidad crece como la espuma y que, a menos que diezme e intimide a la oposición, su derrota en las próximas elecciones será cataclísmica (las encuestas cifran su popularidad en apenas 20%).

Por eso ha desatado el terror de manera desembozada y cínica, alegando la excusa consabida: una conspiración internacional dirigida por Estados Unidos de la que los opositores democráticos al chavismo serían cómplices. ¿Conseguirá acallar las protestas mediante los crímenes, torturas y redadas masivas? Hace un año lo consiguió, cuando, encabezados por los estudiantes universitarios, millares de venezolanos se lanzaron a las calles en toda Venezuela pidiendo libertad (yo estuve allí y vi con mis propios ojos la formidable movilización libertaria de los jóvenes de toda condición social contra el régimen dictatorial). Para ello fue necesario el asesinato de 43 manifestantes, muchos centenares de heridos y de torturados en las cárceles políticas y millares de detenidos. Pero en el año transcurrido la oposición al régimen se ha multiplicado y la situación de libertinaje, desabastecimiento, oprobio y violencia solo ha servido para encolerizar cada vez más a las masas venezolanas. Para atajar y rendir a este pueblo desesperado y heroico hará falta una represión infinitamente más sanguinaria que la del año pasado.

Maduro, el pobre hombre que ha sucedido a Chávez a la cabeza del régimen, ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de hacer correr la sangre de sus compatriotas que luchan por que vuelva la democracia a Venezuela. ¿Cuántos muertos más y cuántas cárceles repletas de presos políticos harán falta para que la OEA y los gobiernos democráticos de América Latina abandonen su silencio y actúen, exigiendo que el gobierno chavista renuncie a su política represora contra la libertad de expresión y a sus crímenes políticos y faciliten una transición pacífica de Venezuela a un régimen de legalidad democrática?

En un excelente artículo, como suelen ser los suyos, “Un estentóreo silencio”, Julio María Sanguinetti (El País, 25/2/2015), censuraba severamente a esos gobiernos latinoamericanos que, con la tibia excepción de Colombia –cuyo presidente se ha ofrecido a mediar entre el gobierno de Maduro y la oposición– observan impasibles los horrores que padece el pueblo venezolano por un gobierno que ha perdido todo sentido de los límites y actúa como las peores dictaduras que ha padecido el continente de las oportunidades perdidas. Podemos estar seguros de que la emotiva llamada del ex presidente uruguayo a la decencia a los mandatarios latinoamericanos no será escuchada. ¿Qué otra cosa se podría esperar de esa lastimosa colección entre los que abundan los demagogos, los corruptos, los ignorantes, los politicastros de tres por medio? Para no hablar de la Organización de Estados Americanos, la institución más inservible que ha producido América Latina en toda su historia; al extremo de que, se diría, cada vez que un político latinoamericano es elegido su secretario general parece reblandecerse y sucumbir a una suerte de catatonia cívica y moral.

Sanguinetti contrasta, con mucha razón, la actitud de esos gobiernos “democráticos” que miran al otro lado cuando en Venezuela se violan los derechos humanos, se cierran canales, radioemisoras y periódicos, con la celeridad con que esos mismos gobiernos “suspendieron” de la OEA a Paraguay cuando este país, siguiendo los más estrictos procedimientos constitucionales y legales, destituyó al presidente Fernando Lugo, una medida que la inmensa mayoría de los paraguayos aceptó como democrática y legítima. ¿A qué se debe ese doble rasero? A que el señor Maduro, que ha asistido a la transmisión de mando presidencial en Uruguay y ha sido recibido con honores por sus colegas latinoamericanos, es de “izquierda” y quienes destituyeron a Lugo eran supuestamente de “derecha”.

Aunque muchas cosas han cambiado para mejor en América Latina en las últimas décadas –hay menos dictaduras que en el pasado, una política económica más libre y moderna, una reducción importante de la extrema pobreza y un crecimiento notable de las clases medias– su subdesarrollo cultural y cívico es todavía muy profundo y esto se hace patente en el caso de Venezuela: antes de ser acusados de reaccionarios y “fascistas” los gobernantes latinoamericanos que han llegado al poder gracias a la democracia están dispuestos a cruzarse de brazos y mirar a otro lado mientras una pandilla de demagogos asesorados por Cuba en el arte de la represión van empujando a Venezuela hacia el totalitarismo. No se dan cuenta de que su traición a los ideales democráticos abre las puertas a que el día de mañana sus países sean también víctimas de ese proceso de destrucción de las instituciones y las leyes que está llevando a Venezuela al borde del abismo, es decir, a convertirse en una segunda Cuba y a padecer, como la isla del Caribe, una larga noche de más de medio siglo de ignominia.

El presidente Rómulo Betancourt, de Venezuela, que era de otro calibre de los actuales, pretendió, en los años sesenta, convencer a los gobiernos democráticos de la América Latina de entonces (eran pocos), de acordar una política común contra los gobiernos que –como el de Nicolás Maduro– violentaran la legalidad y se convirtieran en dictaduras: romper relaciones diplomáticas y comerciales con ellos y denunciarlos en el plano internacional, a fin de que la comunidad democrática ayudara de este modo a quienes, en el propio país, defendían la libertad. No hace falta decir que Betancourt no obtuvo el apoyo ni siquiera de un solo país latinoamericano.

La lucha contra el subdesarrollo siempre estará amenazada de fracaso y retroceso mientras las dirigencias políticas de América Latina no superen ese estúpido complejo de inferioridad que alientan contra una izquierda a la que, pese a las catastróficas credenciales que puede lucir en temas económicos, políticos y de derechos humanos (¿no bastan los ejemplos de los Castro, Maduro, Morales, los Kirchner, Dilma Rousseff, el comandante Ortega y compañía?) conceden todavía una especie de superioridad moral en temas de justicia y solidaridad social.

El Nacional