La defensa de Franqui Francisco Flores de Freitas sometió a consideración del Juez Paul Crotty un memorando donde solicita que el convicto por narcotráfico se le imponga una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión, motivado a que la naturaleza del crimen y la historia personal del acusado no lo hacen merecedor de una condena superior a una década en prisión.
La solicitud de los abogados de Flores de Freitas difiere de la presentada por los defensores de Efraín Antonio Campo Flores, la cual no establece pena mínima sino que solicita que el acusado no merece cadena perpetua ni una larga condena, tal cual lo ha solicitado la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que es la parte acusadora en este caso.
La defensa de Flores de Freitas condensó en 14 páginas el historial del acusado, donde sostiene que en su caso individual obliga al Tribunal a imponer una sentencia no mayor al término mínimo obligatorio de diez años requerido bajo el título 21 del Código de los Estados Unidos.
En los detalles aportados por la defensa destaca que Flores de Freitas vivió trágicas circunstancias durante su infancia, y a pesar de ellas se convirtió en un padre dedicado, responsable y afectuoso para su hijo de nueve años, también que el acusado ha hecho muchas contribuciones positivas a su comunidad, para lo cual la defensa entregó a la corte una serie de cartas de familiares y amigos del acusado donde se destaca su buena conducta y sus logros. Los defensores dicen además que Flores ha sido un recluso modelo en el Centro de Correcciones Metropolitano, y que en su tiempo de reclusión no ha incurrido en infracciones disciplinarias y que por el contrario se ha ganado el reconocimiento de sus guardias de la prisión.
Los defensores de Flores de Freitas señalaron que debido a la naturaleza y las circunstancias del crimen en cuestión deben ser tomadas por el juez, ya que la operación del caso fue «seca», es decir, «donde el Gobierno no recuperó drogas; donde no hay alegación de que los demandados participaron en ningún acto violento relacionado con la ofensa; y donde el Gobierno no tiene pruebas de que hayan distribuido con éxito a entregar ni un solo gramo de drogas a nadie en ningún lugar, mucho menos a los Estados Unidos, lo cual justifica una condena mucho más baja que la solicitada por el Gobierno de «no menos de 30 años».
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