Tuberculosis, insuficiencia respiratoria y desnutrición son las principales causas de muerte

La muerte sigue acechando a los privados de libertad. Un total de 19 reclusos han muerto en lo que va de año 2022 en el estado Lara, más de la mitad murieron por tuberculosis, insuficiencia respiratoria y desnutrición.

El último caso se registró el martes. Hilda Ojeda Caricote, de 49 años, se encontraba recluida desde el 7 de septiembre en el Hospital Central Antonio María Pineda, murió tras presentar complicaciones por diabetes tipo II, además de anemia severa.

Este martes en la madrugada, Hilda murió por un paro respiratorio. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Central de Barquisimeto.

De las 19 muertes registradas, al menos 12 son de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, según los registros que lleva LA PRENSA.

De esa cifra, 17 son hombres y dos mujeres. El primer hecho fue la muerte de Naili Rangel Navas, ocurrido en febrero de este año. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que Rangel tenía una cardiopatía congénita e hipertensión y que su muerte ocurrió por falta de atención médica oportuna. «Su dolor y llamados por atención fueron ignorados por un buen rato porque no había una orden de un tribunal para realizar un traslado a un centro de salud», explicó el OVP.

La mayoría de los fallecimientos fueron por enfermedades como tuberculosis, desnutrición, diabetes y problemas cardíacos. Hasta ahora, sólo un caso ha sido por violencia dentro de la cárcel.

Bulmar José Linares Fernández, de 34 años de edad, fue encontrado sin vida en un calabozo de Fénix y se trató de un homicidio, según contaron fuentes policiales.

La cifra de privados de libertad fallecidos durante este año ha disminuido en comparación con el 2021 cuando murieron 39.

Para el año 2021, de los 39 detenidos que murieron alrededor de 35 fallecieron por enfermedades como desnutrición, tuberculosis e insuficiencia respiratoria. La TBC ha sido una de las enfermedades más letales en los calabozos venezolanos.

Durante el informe del año 2021, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) explicó que la negación a la atención médica continua y la desnutrición en los penales venezolanos fue una realidad que se mostró con los 232 reclusos que murieron, pues 90 fueron por condiciones de salud. Lara fue el estado con mayor cantidad de privados de libertad fallecidos.

De 15 estados que monitoreó la ONG durante 2021, Lara se ubica en el primer puesto, pues en la entidad se registraron 39 privados de libertad muertos, en su mayoría por condiciones de salud.

«La crisis del sistema penitenciario es un reflejo del abandono del Estado», dijo el OVP.

La ONG dijo que cuatro mujeres y 21 hombres tienen boletas de excarcelación

El pase a la libertad esta frenado. A veinticinco reclusos de Venezuela les niegan la libertad aun cuando tienen boletas de excarcelación, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

«En Venezuela le niegan la libertad a reclusos con boleta de excarcelación», fue parte de lo publicado por el OVP, a través de una infografía, la ONG que vela por el respeto de los derechos humanos de los privados, explicó que son 25 los detenidos que se encuentran recluidos en seis penales del país, de los cuales dos están en el estado Lara.

Según el OVP, en la Comunidad Penitenciaria Fénix-Lara y en el Centro Penitenciario David Viloria, existen dos casos, dos reclusos con boleta en mano no han salido de los penales.

LA PRENSA consultó al OVP sobre quiénes eran los privados de libertad y aseguraron que se trata de Moisés Camacho y George Silvetti Munguia, estadounidense y que está preso desde 2015.

La ONG detalló que son cuatro mujeres y 21 hombres quienes esperan que las autoridades penitenciarias se pronuncien y los dejen en libertad.

El OVP denunció que en los casos que han recibido, las personas indican que los directores de los diferentes penales se rehúsan a darles la libertad hasta que no tengan la autorización por parte de la ministra para Asuntos Penitenciarios.

«Padecemos tanto los detenidos como su familia. Es grave que un preso este detenido cuando ya cumplió su pena, peligran allí porque pueden morir por las enfermedades. Hay quienes pueden optar por beneficios pero tampoco son escuchados», comentó un familiar de un reo de Fénix.

Establecieron patrones similares en Cuba, México y Nicaragua

Desde el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios de Aula Abierta han documentado 4 patrones de violación al derecho de la libertad académica, autonomía universitaria, educación de calidad y derechos conexos de casas de estudio en Venezuela, Cuba, México y Nicaragua.

David Gómez, miembro de la ONG Aula Abierta, explicó que en estos 4 países se han visto patrones similares que atentan contra la autonomía, los cuales son el adoctrinamiento en el marco de la educación superior, la realización de un marco legislativo vulneratorio contra la autonomía, represalias contra obras por tener opiniones de expertos y el tener a los universitarios como blancos específicos.

«En Cuba, por ejemplo, la viceministra del Ministerio de Educación Superior declaró que toda persona que ocupe el cargo de profesor universitario debe fungir como activista de la política revolucionaria, en el caso de Venezuela el Plan de la Patria 2019-2025 prevé la docencia para la construcción del socialismo», dijo.

La rectora de la UCV y presidenta de Averu, Cecilia García Arocha, explicó que desde 2012 en Venezuela el TSJ ha interferido en los procesos electorales de las universidades mediante sentencias que obstaculizan el ejercicio del autogobierno, pues entre el 2012 y el 2015 la Sala Electoral dictó 43 sentencias afectando los procesos electorales, asimismo ocurrió en el 2017.

«El saldo después de 22 años de socialismo es un sistema educativo condenado, sin presupuesto…el factor que más ha afectado de manera negativa es la reforma de Locti de 2010, donde se centralizaron los recursos, se sacaron a los académicos y se incluyeron a las comunas», aseguró.

El Proyecto de Ley de Cooperación Internacional ha sido una amenaza desde 2006

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha documentado desde 2002, los mecanismos jurídicos que ha creado el Estado para obstaculizar el trabajo de las ONG.

«Los ataques comenzaron hace 19 años con la Ley de Soberanía, luego crearon la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, posteriormente el Ejecutivo nacional decretó los estados de excepción que se ha prorrogado hasta la actualidad, y con la pandemia el estado de alarma. En octubre de 2020 sacaron una resolución conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Relaciones Interiores sobre el registro de ONG no domiciliadas en el país que están realizando acciones humanitarias, también la circular desde el 20 de noviembre de 2020 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), para monitorear las cuentas de ONG y fundaciones, y las reiteradas amenazas de crear una Ley de Cooperación Internacional, que ya se discute en la ilegítima Asamblea Nacional, es un instrumento que regularía el funcionamiento y hasta cómo se financian las ONG en Venezuela», alertó Marianna Romero, directora de CDJ.

Según el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, (COFAVIC), ONG creada en 1989, el principal poder que ha estado emitiendo sentencias contra el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro ha sido el Tribunal Supremo de Justicia. En el 2000 emitieron tres sentencias de la Sala Constitucional.

El Proyecto de Ley de Cooperación Internacional ha sido una amenaza constante los años 2006, 2010 y 2015. También han limitado el trabajo de las ONG con la Ley de Seguridad de la Nación publicada en 2002 y la Ley de la Defensa de la Soberanía Política y Autonomía Nacional (2010). El poder Ejecutivo sacó en la Resolución del 27 de octubre del 2020 que regula a las ONG no domiciliadas en Venezuela, según Gaceta Nº 41994.

«El Gobierno está dirigiendo sus ataques contra las ONG con el fin de obstaculizar, generar mayor control social y criminalizar la cooperación internacional», indicó Romero. En COFAVIC señalan que todas estás sentencias han sido de carácter discriminatorio contra los defensores de DD.HH.

El Estado está violando la Constitución

El coordinador de la ONG Movimiento Vinotinto, Manuel Virgüez, indicó que el gobierno viola la Constitución al pretender que revelen la lista de benefactores.

«La Constitución establece que cuando la cooperación internacional es estratégica, es permitida. A través de ese financiamiento las ONG pueden trabajar en defensa de los DD.HH y de ayuda humanitaria», indicó.

ONG con trabas administrativas

La abogada Martha Tineo, coordinadora de JEP, indicó que para que las ONG puedan inscribirse en la oficina de control tal como lo establece la Providencia N° 001-2021, exigen una serie de requisitos difíciles de cumplir.

«A las ONG se nos ha hecho imposible actualizar nuestras actas de Asamblea, registrar nuevas organizaciones. Porque cuando se va a una notaría y aparece en el objeto de constitución la palabra Derechos Humanos, inmediatamente te niegan el registro. Quieres actualizar un acta de asamblea y simplemente lo engavetan», comentó.

Víctimas y pobres los más afectados

La directora de la Fundación La Movida Positiva, Yennifer Peña, indicó que 700 ONG a nivel nacional se unieron para exigir la derogación de la Providencia N° 001-2021. Asegura que de lo contrario los más afectados serán las víctimas de violación de DD.HH y los niños y adultos que sufren de enfermedades crónicas o desnutrición.

«No están perjudicando al voluntariado de las ONG, están perjudicando es a las personas, porque son quienes reciben el aporte, los medicamentos o alimentos que el Estado está en la obligación de garantizar», exclamó.

Militares detenidos en Ramo Verde llevan un año incomunicados

Un año incomunicados tienen los militares presos políticos que están en las cárceles de Ramo Verde en Los Teques, Miranda, en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, Táchira y en el Internado Judicial de Monagas (La Pica). Así lo informó Lilia Camejo, directora ejecutiva de Justicia Venezolana, ONG de Derechos Humanos (DD.HH) que contabiliza 140 militares presos políticos en el país, 35 se encuentran en grave estado de salud.

«Las visitas fueron suspendidas en marzo de 2020 a inicio de pandemia, sólo a mediados de octubre fue que se reanudaron en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta Caracas, pero los presos que están en La Pica, Santa Ana y Ramo Verde no han tenido contacto con sus familiares, sólo han tenido asistencia jurídica», expresó. Comentó que esto está causando daños psicológicos a los privados y a sus hijos pequeños por la separación con sus padres.

Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP), indicó que las violaciones de DD.HH en el último año contra presos políticos han sido dantescas, sostiene que el hecho que un privado no tenga contacto con sus familiares representa que pasa hambre por días enteros. «En cualquier cárcel venezolana los presos dependen de que un familiar vaya y les lleve comida, medicamentos y agua potable. Hay sitios de reclusión que sólo permiten cinco litros de agua por privado, cantidad con la que se tienen que bañar, lavar su ropa, beber y les toca rendirla por una semana», denunció.

Sostiene que los presos políticos y en plena pandemia han estado desamparados. Está ONG registra 320 presos políticos en el país hasta febrero de 2021, de los cuales 148 son civiles y 172 funcionarios de la Fuerza Armada, es decir el 48% de los casos que manejan son militares. «En el caso de los militares presos por razones meramente políticas les suele imputar el famoso delito de traición a la patria y se evidencia un nivel de saña contra ellos e incluso contra su familia. Hay familiares que han tenido que salir del país por persecución, porque para el Estado no basta con la detención de una persona sino también amenazan a su familia entera. Les allanan sus casas sin orden judicial. Conocemos del caso de esposas que han sido amenazadas y de madres maltratadas», indicó.

El 10 de marzo, Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos que investiga a Venezuela, informó que desde septiembre de 2020 cuando presentaron el primer informe sobre violaciones cometidas a gran escala que constituyen crímenes de lesa humanidad, las detenciones arbitrarias en el país han aumentado.

«Hay más de 100 casos de detenciones en las protestas desde septiembre. La Misión ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio», expresó en la sesión del Consejo de DDHH de la ONU.

Serie de faltas

Para las ONG’s la primera gran violación de DD.HH que se comete en Venezuela es que existan presos políticos. «En un país donde hay presos políticos hay una ruptura del Estado de derecho y de la democracia», apuntó Martha Tineo coordinadora de JEP.

La segunda violación es la detención arbitraria. Privar de libertad a alguien por su opinión o actuación política es discriminación y viola la Constitución ytratados internacionales. «Estas personas luego que son detenidas la gran mayoría pasan lapsos de tiempo en donde se aplica desaparición forzada, pasan días sin que la familia conozca su paradero y sin derecho a la defensa, lo que representa una clara violación del debido proceso. Un grandísimo porcentaje de los detenidos son víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes al momento de los interrogatorios», comentó.

Posteriormente las mantienen detenidas sin lograr establecer su responsabilidad en los casos. «Eso convierte a la detención preventiva en una forma de castigo anticipada, porque en el Código Orgánico Procesal Penal prevalece el principio de presunción de inocencia. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La privación de libertad es la excepción, y un tribunal dicta una medida de privativa de libertad sólo bajo determinados supuestos, pero la regla es que las personas pueda ser investigada en libertad, por la presunción de inocencia», exclamó.

Resaltó que en Venezuela la justicia funciona al revés: «Acá se mete presa a la gente y después es que se averigua si cometió delito, se pena anticipadamente». Indicó que las pruebas de estas arbitrariedades que comete el Estado se registran cuando luego de haber mantenido presa a una persona por años, la liberen como si nada.

La Misión de la ONU determinó que desde que inició 2021, han sido aplicadas 9 detenciones arbitrarias contra periodistas de medios independientes, para «silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social en Venezuela», reseñan.

Las salidas nocturnas de transporte interurbano del lunes fueron suspendidas

@laprensatachira

A partir de este lunes y hasta nuevo aviso, no habrá ingreso de unidades de transporte provenientes del interior del país hacia San Cristóbal, San Antonio del Táchira y todos los municipios que conforman la entidad andina.

La medida se toma en vista del repunte de casos de COVID-19 en todo el país. El viceministerio de transporte, a través de su encargado, Claudio Farías, oficializó la suspensión del transporte interurbano hacia el estado Táchira. Un total de 111.951 casos se han registrado en todo el territorio nacional desde el inicio de la pandemia.

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Si bien en horas de la mañana solo se pensaba que era un rumor, ya en horas de la tarde, funcionarios del INTT confirmaron la orden ministerial. 

Destacó la fuente que si bien, al momento de la primera información, se sabía que venían buses en camino hacia el Táchira, estos serían los últimos en ingresar, pero que para salidas nocturnas este lunes, ya estaba suspendido el servicio. Se desconoce hasta cuando durará la medida.

Con información de La Prensa del Táchira

32 personas se ven afectadas por un aparato que no ha sido arreglado 

Un total de 32 pacientes de diálisis que cumplen tratamiento en el Hospital del Seguro Social estarían en riesgo, de muerte, luego que el motor de la ósmosis se quemara hace aproximadamente tres meses.

Este sistema es el encargado de llevar a las máquinas el agua purificada y libre de contaminantes para poder realizar la terapia, pero debido a la avería, los trabajadores de este centro de salud pasan el agua que viene directo de la tubería por un filtro de “carbón y arena para retirar algunas partículas”.

Un empleado del IVSS, quien prefirió resguardar su identidad, señaló que de no arreglarse este problema, pudiesen traerle complicaciones a corto y largo plazo a los pacientes que acuden a este lugar.

“Estamos esperando el dinero para la reparación y que de esta manera el aparato pueda funcionar de manera adecuada” dijo.

Dijo que el agua entra en contacto directo con la sangre, por lo cual este líquido debe ser ésteril y libre de cualquier contaminante, “porque la membrana por donde se hace la diálisis es permeable al agua y los solutos, y si está contaminada, puede pasar al torrente sanguineo y traerle al paciente una gran cantidad de complicaciones” acotó.

Se conoció que la cifra de fallecidos del accidente ocurrido el pasado sábado 12, se elevó a 23

«El Estado es responsable de la seguridad humana en las áreas marítimas de Venezuela y por ello debe responder», comunico la asociación civil Control Ciudadano sobre el naufragio en las costas de Güiria, donde fallecieron alrededor de 20 connacionales que intentaban dirigirse a Trinidad y Tobado, .

«Al día de hoy se desconoce el alcance de lo sucedido y las autoridades del Estado, mantienen hermetismo sobre el hallazgo e identificación de los fallecidos, encontrados en el mar e información de los restos del bote o botes encontrados, criminalizando el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos que han visibilizado la tragedia», exponen a través de un comunicado.

Se conoció que la cifra de fallecidos por el naufragio ocurrido el sábado 12 en el Caribe se elevó a 23, informó la Fiscalía de Venezuela, que se encuentra investigando el hecho por delitos de tráfico y trata de personas.

A través de un mensaje en Twitter, el fiscal Tarek William Saab informó sobre la cifra y la detención del venezolano Luis Alí Martínez, quien «sería el dueño» de la embarcación que naufragó.

Saab señaló que hay seis personas más relacionadas con el caso y solicitó una alerta roja de Interpol para el ciudadano venezolano Alberto del Valle Abreu Cedeño.

Sobre este hecho, la asociación civil Control Ciudadano, recordó que la península de Paria, en Sucre, «se ha convertido en un portaviones de todo tipo de tráficos ilícitos, incluido el de personas, con un saldo doloroso de naufragios, con decenas de ahogados y desaparecidos en el último año», agregan.

A través del comunicado, cuestionan el accionar que han ejercido las autoridades venezolanos sobre el caso; «mientras insistan en atacar las consecuencias de la migración, criminalizando a los denunciantes, se agravarán las condiciones en las que las personas cruzan las fronteras por tierra o por mar, para irse del país, en busca de una mejor opción de vida», lamentan.