@Keymer_Avila

BASADO EN LOS REGISTROS PUBLICADOS por el Ministerio Público sobre la conflictividad iniciada a partir del 6 de abril se ha realizado una caracterización inicial de la violencia mortal, así como de las víctimas de la misma, durante los primeros tres meses de conflicto. Es de advertir que todos estos casos se encuentran en fase de investigación, razón por la cual esta información no es definitiva ni concluyente.

Como contexto partimos de lo desarrollado en este artículo: “¿Cómo llegamos al 30 de julio?”. De marco analítico inicial y general tomamos como referencia lo explicado en esta entrevista: «Acá todos están ocupados en mantenerse en el poder o en arrebatarlo.»

En contraste con el balance que hicimos hasta el mes de mayo, se puede apreciar un aumento de las muertes en general, así como del porcentaje de las ocurridas en el contexto de manifestaciones (incremento de 16 puntos). El porcentaje de las muertes por intervención de la fuerza pública ha permanecido estable, en contraste con las que son responsabilidad de civiles armados, que han crecido 7 puntos durante las últimas 6 semanas.

Hasta ahora el promedio es de un fallecido por cada día de conflicto. Desde lo situacional puede afirmarse que es una violencia que ocurre en el espacio público y que tiene como principal instrumento las armas de fuego (71%), la mayoría de las muertes han ocurrido durante manifestaciones (82%).

En al menos un 25% de estos casos hay responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, en un porcentaje aún mayor se puede evidenciar el ataque de civiles armados contra los manifestantes (31%).

El cuerpo de seguridad vinculado a la mayor cantidad de casos es la GNB (53%), seguida de las policías estadales  (21%) y la PNB (11%), lo que es de esperarse ya que son los cuerpos con competencia en materia de control de manifestaciones. El total de funcionarios fallecidos es de 6, lo que representa el 6,5% de las víctimas totales, y que constituye un indicador de que no todas las manifestaciones han sido pacíficas, por el contrario, en algunos casos se han tornado violentas e incluso delictivas. Así por ejemplo, pueden contarse 11 personas fallecidas en intentos de saqueo.

La violencia de algunas manifestaciones también puede apreciarse en el número de lesionados que supera las 1.519 personas, 58% como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

Llama la atención como la obstaculización de vías ha generado situaciones de conflictividad que han ocasionado 11 muertes por arrollamientos y accidentes de tránsito, lo que la ubica como la segunda causa de las muertes analizadas (12% de la conflictividad en general y 15% de las ocurridas en el marco de las manifestaciones).

Por uso indebido de bombas lacrimógenas han muerto 4 personas, ya sea por impacto directo (2) o por asfixia (2). Dos personas han fallecido por explosivos y una persona ha sido linchada y quemada.

En cuanto al perfil de las víctimas el 95% son hombres, su edad promedio es de unos 28 años. El 36% pertenece a la clase trabajadora y un 27% son estudiantes, estos dos sectores constituyen el perfil mayoritario de las víctimas (63%).

Los Estados con mayor cantidad de víctimas son el Distrito Capital (26%), Lara (15%), Barinas (10%), Carabobo (9%), Táchira (9%), Miranda (8%) Mérida (7%) y Zulia (7%). Estos ocho Estados suman el 91% de las víctimas fatales.

En cuanto a la respuesta institucional, en el 90% de los casos en los que están involucrados funcionarios se tiene la identificación del organismo responsable. En el 47% están identificados e imputados los funcionarios involucrados, sumando un total de 31 funcionarios, de éstos 23 están privados de libertad, esto significa que en un 37% de estos casos se encuentran detenidos los presuntos responsables. Solo en 2 casos (11%) los funcionarios han sido acusados. Esto contrasta con los casos en los que los victimarios son civiles armados, de 23 casos, solo en 6 (26%) hay victimarios identificados, en 4 hay privados de libertad, y en apenas 1 hay un acusado.

Se debe exigir la identificación plena de los cuerpos de seguridad responsables de estos homicidios, esto lo ha logrado el Ministerio Público en un 90%, este paso facilita la posterior identificación de los funcionarios. Esto último se ha logrado en casi la mitad de los casos, debe ahora procurarse la identificación e imputación de la totalidad de los mismos. Al menos en un 63% de los casos los funcionarios responsables se encuentran en libertad, en un 53% ni siquiera han sido identificados aún, debe exigirse la responsabilidad inmediata tanto administrativa como penal de los mismos.

Todos los casos deben ser resueltos. Llama la atención los casos en los que están involucrados civiles armados, en muchos de los cuales no quedan claros los vínculos y motivaciones  de los mismos. En el 74% de éstos no se ha siquiera identificado a los responsables, pudiendo esta modalidad expandirse debido al manto de impunidad que puede traer consigo.

A continuación se presenta el procesamiento de los datos analizados en detalle:

1. Total de fallecidos: 92 personas en 91 días, una víctima diaria.

• Fallecidos en el contexto de manifestaciones: 75 (82% de las muertes totales en el marco de la conflictividad)

• Muertes provocadas por la intervención directa de las fuerzas de seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones: 19 (25% del total de las muertes en manifestaciones y el 21% de las muertes generales de la conflictividad de los últimos tres meses).

• Muertes provocadas por civiles armados en el contexto de manifestaciones: 23 (representa porcentajes mayores que las muertes por intervención de la fuerza pública: 31%).

1. Perfil de las víctimas

• Entre las víctimas se encuentran 6 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: 1 policía municipal, 2 policías estadales y 3 Guardias Nacionales, lo que representa el 6,5% de las víctimas totales (y un 8% de las fallecidas en manifestaciones). Un porcentaje superior lo ocupan los comerciantes y vendedores.

1. Lesionados

• Por derechos fundamentales: 880
• Por delitos comunes: 588
• Por protección integral de la familia: 51
• Totales: 1519

1. Víctimas de homicidio por Estados

1. Días con mayor cantidad de fallecidos

Este 13 de julio la OLP cumple dos años. ¿Qué nos ha dejado esta política? ¿Cómo podríamos evaluarla? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Ha mejorado nuestra seguridad? ¿Nuestras vidas se encuentran ahora más protegidas?

Comencemos por lo más básico. ¿Qué son las OLP?

Desde que se iniciaron no se ha publicado documento oficial alguno que definan claramente sus objetivos, alcances y protocolos de actuación. Hasta ahora lo que existen son múltiples declaraciones y videos propagandísticos. Según este discurso oficial, ¿cómo pudiera definirse las OLP?

Las OLP son, como la primera palabra lo indica, operaciones, procedimientos llevados a cabo por distintos cuerpos de seguridad que actúan de manera conjunta –es de destacar que las actuaciones conjuntas dificultan la adjudicación posterior de responsabilidades–. Su objetivo inicial era “liberar” “áreas donde operan elementos de grupos delincuenciales, quienes se dedicaban especialmente a actividades del paramilitarismo colombiano, bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro”. Este fue el discurso con el que fueron presentadas las OLP, que fue variando y no siempre fue coherente.

Es de advertir que este tipo de operativos no son novedosos en el país. La profesora Tosca Hernández hace unas tres décadas estudió este fenómeno desde el año 1958 a 1986. La OLP es, entonces, la continuidad de una lógica y praxis represiva de antaño, que los actuales gobernantes habían prometido no se repetiría en el país y que posiblemente se esté manifestando de una manera más letal y generalizada.

Un indicio de esto se puede apreciar al analizar las fuentes disponibles, tanto de registros criminales oficiales como de la mayoría de los datos no oficiales, que coinciden en una tendencia al aumento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.Los últimos dos años son emblemáticos por el aumento abrupto de estas muertes. En 2015 aumentaron 70% respecto al año anterior, y en 2016 el incremento fue de 163% respecto a 2015 y de 344% con relación al año 2014.

El Ministerio Público en su informe anual de 2015 registró unas 245 personas fallecidas en el marco de las OLP durante sus primeros cinco meses, estas apenas representaron, aproximadamente, 14% de las muertes totales en manos de los cuerpos de seguridad durante ese año. Lo mismo ocurrió el año 2016 en el que los fallecidos por las OLP apenas llegaron a 5%. Por ello es importante tener en cuenta que más que las OLP como campaña es fundamental develar el impacto que una política de esta naturaleza, con independencia de sus siglas coyunturales[1], tiene en la práctica cotidiana de los organismos de seguridad del Estado que los convierte en agencias violadoras de derechos fundamentales. Puede afirmarse que la política de respaldar este tipo de operativos militarizados, sin controles legales ni institucionales, impactó directamente en el incremento abrupto de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado en todo el país.

Al concentrarnos solo en las OLP, sin ver al resto de los operativos como una totalidad, pudiéramos estar invisibilizando inadvertidamente la gravedad real de la violencia policial y militar.

La violencia institucional también tiene un impacto directo sobre la violencia social y delictiva. El aumento abrupto de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado también influye en el comportamiento de los homicidios; ambos fenómenos tienen, en Venezuela, una tendencia al aumento. Así por ejemplo, en el año 2015 mientras las muertes en manos de las policías aumentaron un 70%, los homicidios lo hicieron un 20%, creciendo 9 puntos la tasa de homicidios por cien mil habitantes, se pasó de 49 a 58, la más alta hasta ese momento.

Para el año siguiente las muertes en manos de las policías aumentaron un 163%, los homicidios lo hicieron en un 22%. La tasa aumentó 12 puntos, se pasó así de una tasa de 58 a 71, la más alta de la historia del país, al menos de los registros de los últimas 5 décadas.

El porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado dentro del total de los homicidios generales del país también se viene incrementando. En 2015 ocuparon el 10% y en 2016 creció 12 puntos para llegar a un 22%.

Estos operativos son poco eficaces para la reducción de la violencia delictiva, por el contrario contribuyeron a su aumento. Y así se pudo observar con las OLP, no solamente por el incremento de los homicidios ya descritos, sino también por el aumento de los secuestros, extorsiones, robos y hurtos; de la misma manera aún se mantienen enfrentamientos armados con grupos delictivos con posterioridad a la implementación de las OLP. Adicionalmente, como muestra de la dificultad de su sostenibilidad, en la medida que pasaba el tiempo cada vez se informaban de menores incautaciones de armas y recuperación de vehículos.

¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Para qué ha servido entonces la OLP?

Tomando las categorías de funciones manifiestas y latentes de Merton, pudiera afirmarse que las funciones manifiestas de las OLP son “combatir el crimen”, “ir contra los malos”, “defender a la gente decente de la escoria de la sociedad”, etc., y así como la inquisición luchaba contra el diablo que es la encarnación del mal mismo, las OLP luchan contra el mal en términos absolutos, sin ningún tipo de límite. El problema radica cuando los que combaten a ese mal terminan haciendo mucho más daño que el mal que adversan.

Las funciones latentes son varias, entre ellas pueden destacarse las siguientes:

1) Medio para legitimarse: en 2015 en el contexto de un año electoral sumergido en crisis de diversa índole, se opta por el camino aparentemente más sencillo, tomar la seguridad como bandera de la campaña electoral y a través de ella tratar de mostrar eficiencia ¿Cómo? Siguiendo las lógicas de la macdonalización, confundiendo cantidad con calidad. De allí el empeño de mostrar grandes cifras de detenidos y de “abatidos”, con independencia que se trate realmente de delincuentes actuando en flagrancia o no, así como de la proporcionalidad y legalidad de la actuación de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, esta función en 2015 no se cumplió porque los promotores de las OLP perdieron las elecciones legislativas. No obstante, ante la dificultad de asumir las otras crisis, como la económica o la política, durante 2016 el comodín de la inseguridad se mantuvo como el más accesible para el gobierno.

2) Rentabilidad política para los que ejecutan la política: con las OLP el aparato militar y policial no solamente gana poder bélico y señorío en la calle, sino que además se posicionan políticamente dentro de los espacios de toma de decisiones, teniendo cada vez más autonomía, discrecionalidad y recursos.

3) Mensaje autoritario: no existen límites en el ejercicio del poder por parte de militares y policías, se impone la fuerza y la razón de Estado. Los límites que las leyes deben imponerle al poder policial y punitivo se desvanecen. Llegando a manifestaciones extremas de poder como disponer de la vida y muerte de las personas sin ningún tipo de consecuencia.

Esta forma política, represiva y autoritaria, trasciende a la “lucha contra el delito” y se expande como gestión generalizada de la conflictividad por parte del poder. Parece estar llegando ya a otros espacios y sectores sociales e institucionales, lo ocurrido en diversas zonas residenciales, cuyo caso más emblemático es el de las Residencias conocidas como “Los Verdes”, el ataque sistemático contra el Ministerio Público y la imposición inconsulta e inconstitucional de la constituyente, promovida a través de amenazas, pudieran ser nuevas expresiones de esta misma racionalidad.

El problema no son sólo las OLP, estas siglas son circunstanciales y serán otras el día de mañana. Esto no tiene que ver sólo con el actual gobierno, como se ha señalado, estos dispositivos no son una novedad, no tienen que ver ni con izquierdas ni con derechas, sino con una racionalidad bélica que se encuentra subyacente en el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder militar, policial y punitivo del Estado, que una vez que se legitima es difícil que sea reversible y en ese escenario perdemos todos.

Hay dos competencias del Ministerio Público venezolano que definen a nuestro proceso penal como acusatorio: el monopolio de la acción penal y la dirección de la investigación penal. Ambas intentan ser menoscabadas con la sentencia 469, que responde a una petición de interpretación realizada por el Defensor del Pueblo de unos artículos que son muy claros, tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) como en la legislación a la que allí se hace referencia. Ahora bien, como le digo siempre a mis estudiantes, las leyes y su interpretación no están en el aire, hay que verlas en su contexto concreto, conocer a los actores involucrados y los intereses a los que éstos responden. Esto es fundamental para tratar de comprender este tipo de decisiones.

Respecto a la primera competencia señalada, la sentencia le otorga “representación procesal” a la Defensoría del Pueblo en casos penales por violación de Derechos Humanos (puntos 3.3 y 3.4). Es de advertir que esta representación debe darse estrictamente en los términos del artículo 123 del COPP, que se limita solo a la querella, es decir, a realizar una denuncia calificada a la que se le exigen una serie de requisitos y formalidades (artículos 274 al 281 del COPP), en casos en los que ya el Ministerio Público haya iniciado un procedimiento. Si bien todo esto pareciera tener como intención compartir con la Defensoría del Pueblo la acción penal que le corresponde al Ministerio Público, esto no es posible. El Ministerio Público conserva el monopolio de la acción penal, a pesar de las intenciones del Defensor y de los Magistrados. Este intento no es una novedad, ya se ha asomado con anterioridad en los últimos procesos de reforma del COPP.

En cuanto a la investigación penal, la sentencia genera claramente un choque de competencias, ya que le otorga a la Defensoría competencia para solicitar a los órganos auxiliares diligencias de investigación pudiendo obstaculizar y dificultar las labores del Ministerio Público (punto 3.7), mermando así la dirección que este ente debe ejercer sobre la investigación, tal como lo establece el artículo 285.3 de la CRBV. Adicionalmente, es importante destacar que el Ministerio Público tiene una competencia constitucional especialísima cuando se trata de hacer efectiva la responsabilidad penal de funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus funciones, que se encuentra consagrada en el numeral 5 del mismo artículo 285 de la CRBV. La mencionada sentencia, en consecuencia, genera de manera inconstitucional una duplicidad de competencias que, en este contexto país, ocasionaría mayores dificultades para adjudicar responsabilidades en materia de violación de Derechos Humanos, incrementando la impunidad en estos casos. Todo esto viola claramente las normas constitucionales señaladas. Estas intenciones políticas de mermar la autoridad del Ministerio Público se evidencian también en la Ley del Servicio de Policía de Investigación, en la que participaron algunos actores vinculados a los sectores que hoy promueven las sentencias objeto de estos comentarios.

Así entonces, se profundiza aún más la incertidumbre jurídica y procesal en casos de violaciones a los Derechos Humanos, ya que con esta sentencia pudieran tenerse distintas versiones oficiales, contradictorias o alterativas, sobre un mismo hecho, que pudiesen ser administradas discrecionalmente para beneficiar a quienes detenten el poder político y bélico en determinadas coyunturas. Como lo apuntó recientemente la Fiscal: con esta sentencia lo que se busca es que en casos como el de Pernalete se imponga la tesis propagandística de la pistola de perno y no la de la bomba lacrimógena disparada por la GN, como efectivamente sucedió. No importarían entonces las evidencias, lo que se terminaría imponiendo es la razón de Estado. Hay quienes quieren “investigaciones penales a la medida”.

La labor de la Defensoría no es jurisdiccional ni procesal es de seguimiento, de denuncia, de vigilancia para que los entes del Estado cumplan con su rol, no es para sustituir a las instituciones en el ejercicio de sus labores. En el caso que nos ocupa la Defensoría debe hacer seguimiento de las acciones del Ministerio Público, instar a esta institución para que actúe contra funcionarios responsables de violación de Derechos Humanos (artículo 281.4 CRBV), esto no significa que debe ejercer por sí misma tales funciones. Menos aún en materia penal cuyo ámbito de competencia corresponde al Ministerio Publico (artículo 285, numerales 3, 4 y 5 de la CRBV).

Más grave aún es la sentencia 470 en la que de manera arbitraria la Sala Constitucional anula de oficio la designación del Vice Fiscal, esa fue la destemplada respuesta ante la solicitud que hizo la Fiscal General en contra de las bases comiciales de la inconstitucional e inconsulta constituyente. Además, se adjudican a sí mismos las competencias de la Fiscal General y pretenden designar al Vice Fiscal, violando flagrantemente los artículos 286 y 187.24 de la CRBV y 25.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Uno de los aspectos más escandalosos es que tal designación no era el objeto de la causa, por lo que también es una decisión incongruente porque va más allá de lo pedido (ultrapetita); a la vez está también inmotivada, lo que lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la CRBV. La Sala no tiene competencias ni para conocer sobre esa designación y mucho menos para designar a un nuevo Vice Fiscal. Por lo que incurren nuevamente en un error inexcusable, de manera similar como lo hicieron con las sentencias 155 y 156, insisten en arrogarse competencias de la Asamblea Nacional. Lo que compromete, nuevamente, las responsabilidades posteriores de estos Magistrados. Sin contar que de llegar a realizar esta designación estarían cometiendo, al menos, el delito de usurpación de funciones.

Estas decisiones se toman en un momento en que el nivel de rechazo y de falta de credibilidad de la Defensoría del Pueblo llega a un 80%, mientras que el Ministerio Público ha aumentado su credibilidad y legitimidad durante los últimos meses (47,3%). Es decir, que estas sentencias no solo tienen vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, además carecen de legitimidad y pertinencia política.

Esta discusión no debe ser vista como netamente jurídica ni legal, es fundamentalmente política, se trata de poner límites efectivos al poder punitivo, policial y militar del Estado. Es necesario fortalecer y hacer realidad los pesos y contrapesos entre los poderes públicos, al mismo tiempo que se debe exigir que cada institución cumpla con el rol que le corresponde. No podemos analizar estas decisiones de manera descontextualizada, hay un proceso progresivo de desmontaje del Estado constitucional, las sentencias 155 y 156 son una de las expresiones más groseras de ese proceso, el objetivo de las mismas era pulverizar a la Asamblea Nacional porque les resultaba incómoda. Ahora con las sentencias 469 y 470 intentan hacer lo mismo con el Ministerio Público, como paso previo para sacar del juego a la Fiscal General, que en los últimos meses ha estado denunciando este proceso regresivo respecto a nuestros derechos y a nuestras instituciones.

Es difícil tratar de hacer seguimiento y más aún comprender todas estas acciones contra el Estado de Derecho. La táctica es lanzar de manera sistemática con poco tiempo de diferencia distintas acciones, espectáculos, eventos, unos sobre otros, tal como un pasticho, en el que las distintas capas se terminan confundiendo entre sí. No se ha terminado de comprender algo cuando tiran otra cosa. No es accidental, ni es del todo alocado. Es una locura planificada, programada. Son una serie de elementos distractores que se ejercen desde el poder, para asegurar su avance paulatino hacia un sistema que no les haga ningún tipo de contención. Eso ya lo advertía Orwell en su novela 1984: “Si la igualdad humana ha de ser evitada para siempre, si los Altos, como los hemos llamado, han de conservar sus puestos de un modo permanente, será imprescindible que el estado mental predominante sea la locura controlada.”

La respuesta de la Fiscal General a estas sentencias puede verse en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=UoHD6X2N-h0

@Keymer_Avila

Publicado originalmente en: Contrapunto.

Los discursos polarizantes y de unidad nacional suelen ser útiles para generar cohesión social y consensos. Así, por ejemplo, durante el mes de julio de 2015 de manera simultánea a las OLP se emprendió la campaña por la defensa del Esequibo contra la amenaza externa; mientras que hacia adentro el país se defendía del enemigo interno: el delincuente.

En el caso de las OLP los bandos político-partidistas (gobierno y oposición) -aparentemente confrontados y polarizados- optaron por reproducir un discurso muy similar, tanto en sus formas como en sus contenidos ideológicos. La polarización entre bandos político-partidistas, que domina la escena nacional, fue sustituida por una polarización del Nosotros (la ciudadanía, la clase política y los medios de comunicación) y Ellos (los supuestos delincuentes) (Van Dijk, 1996, 1999), propia de la lógica bélica y de la construcción del enemigo social. Los primeros deben resguardarse de los segundos, a los primeros hay que protegerles y respetarles sus vidas, a los segundos no. En estos últimos casos se trataría de vidas que no son dignas de duelo (Butler, 2010), por el contrario, sus muertes estarían justificadas política, social y mediáticamente. Las vidas de los primeros se lloran, las muertes de los segundos se aplauden.

Durante las OLP la construcción discursiva de enemigos ha sido una constante, aunque poco coherente, en ocasiones son paramilitares colombianos, en otros: crimen organizado, mafias inmobiliarias, y hasta se ha llegado a hablar de maras salvadoreñas. Una de las últimas categorías utilizadas fue la de los “bachaqueros”, que sigue siendo en buena medida una práctica de menudeo llevada principalmente por los sectores sociales más carenciados.

Este proceso de criminalización y estigmatización ha sido acompañado de un discurso políticamente peligroso, que hace uso de términos que evocan al exterminio y la aniquilación, comparando a los presuntos infractores con “plagas” a las que hay que “tratar” como tales. En estos procesos los medios de comunicación son fundamentales.

El marco de referencia es la guerra y la aniquilación del “otro”. Es precisamente en esta lógica bélica que opera el periodismo incorporado.

Judith Butler, en su obra “Marcos de guerra. Las vidas lloradas”, explica el periodismo incorporado como la aceptación por parte de los medios de “informar sólo desde la perspectiva establecida por los militares y las autoridades gubernamentales”, “el que se atiene a las exigencias del Estado y del Departamento de Defensa”, lo que les asegura “el acceso al teatro de operaciones de la guerra”. Los medios terminan entonces siendo el aparato de propaganda de este tipo de políticas. El contexto en el que la autora hace el planteamiento es la invasión norteamericana a Irak.

Pero como las élites políticas insisten en mezclar y confundir el escenario de la guerra con el de la seguridad ciudadana, entonces el traslado del análisis crítico del primer escenario al segundo es útil. ¿Este fenómeno de periodismo incorporado no ocurrirá también en el ámbito de la seguridad ciudadana? ¿Esto no será lo que sucede en ocasiones con el llamado periodismo de sucesos? ¿Hasta qué punto algunos periodistas de sucesos no terminan siendo rehenes de los policías y militares, para ser instrumentalizados como sus aparatos de propaganda y legitimación? ¿El periodismo de sucesos no se convierte en ocasiones en un reproductor del discurso y de la lógica policial y militar? ¿El periodista de sucesos a veces no necesita quedar bien con quienes le filtran alguna foto sangrienta, una información que le asegure muchos clics, o llevarlos a un operativo para que tengan la mejor cobertura? ¿Algunos periodistas de sucesos no terminan legitimando las arbitrariedades y excesos policiales y militares? ¿Por qué priorizar el relato policial y militar sobre otros como el de los familiares, vecinos y testigos?

Sirvan estas preguntas para problematizar y contextualizar la discusión en torno al uso de las máscaras de la muerte que utilizaron los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en el Valle el pasado viernes, donde hubo al menos 9 personas fallecidas en el marco de las OLP, ahora con “H” -¿“H” de humanismo o de homicidios?-. ¿Estas fotos cómo fueron tomadas? ¿Es una nueva línea propagandística de los cuerpos de seguridad o es el producto de un trabajo periodístico independiente? ¿Son un encargo institucional? ¿Los funcionarios posaron para las mismas? En algunas fotos da esa impresión. ¿Cuál es el contenido que acompaña a estas fotografías? ¿Cuál es el mensaje a pie de página y el titular? ¿Cuáles son los marcos y los contextos de estas imágenes?

A todo evento, lo más importante es analizar y cuestionar la masacre por goteo que resulta de este tipo de intervenciones. Si se cometen homicidios impunemente, si no hay ningún tipo de rendición de cuentas de cómo ocurren las muertes en el marco de operativos policiales -¿son efectivamente enfrentamientos o ejecuciones extrajudiciales?-, si son militares los que dirigen y ejecutan este tipo de procedimientos, que no se respete la normativa de los uniformes parece ser algo de menor importancia.

Todos discuten la máscara, la apariencia, pero no que hubo 9 muertos, incluso se presentan como algo natural, positivo y apriorísticamente como productos de un “enfrentamiento”. Nadie discute que según diversas fuentes (OVV, Antillano) hubo más de 5.000 personas fallecidas en manos de los cuerpos de seguridad del Estado el año pasado, esto significaría que este tipo de muertes aumentó más de un 100%. Pero no, lo importante es la máscara y lo que comunica, como si el mensaje no estuviese claro desde hace rato.

Una de mis líneas de trabajo ha sido analizar cómo los medios de comunicación, muchas veces, terminan definiendo las decisiones en materia de política criminal, mi objeto de estudio casi siempre es el Sistema Penal, del cual, sin duda, los medios de comunicación forman parte. Así como se analiza a la delincuencia y sus actores, al Sistema Penal y sus operadores, el periodismo de sucesos y el tratamiento mediático que se le da a las actuaciones de los policías y militares, en el marco de políticas de seguridad ciudadana, también deben ser objeto de estudio, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir.

Publicado originalmente en: Contrapunto.com