¿Puede una proyectada Constitución liquidar las bases conceptuales y democráticas de la Constitución? ¿Es posible que se invoque al pueblo y a su soberanía para escamotear sus derechos en un proceso supuestamente constituyente iniciado no solo a sus espaldas sino en contra de su voluntad evidentemente contraria al ejercicio del poder constituyente de que es titular, y sin que haya podido fijar las bases comiciales correspondientes? ¿A estas alturas del siglo XXI y en un país que se afirma democrático, cabe esperar que un grupo minúsculo de venezolanos se crea facultado para terminar de sepultar a una Constitución que se originó en el ejercicio del poder constituyente mediante referendo y que fue aprobada de la misma forma y reemplazarla por un texto dictado por el autócrata y sus acólitos y nacido de la usurpación de la soberanía popular? Esto es lo que pretende consumarse en Venezuela en virtud de la insensatez e irresponsabilidad de quienes dirigen la farsa seudoconstituyente.

 

Cuando se hizo la convocatoria de una supuesta asamblea nacional constituyente por el jefe del Ejecutivo Nacional, de manera unilateral y usurpando la soberanía popular, sin dar a la ciudadanía la posibilidad de decidir mediante referendo si quería ejercer su poder constituyente, como tampoco la de aprobar las respectivas bases comiciales, no estaba prevista originalmente la celebración de un referendo sobre la nueva Constitución. Las críticas que surgieron al interior del propio oficialismo llevaron a adoptar la solución cosmética de que el Ejecutivo modificara las pretendidas bases comiciales que había dictado para exhortar a la futura ANC a efectuar dicha consulta. Jurídicamente todo esto es un gran dislate, ya que un órgano del poder constituido no puede imponer tales bases ni limitar, con su visión política, la actuación de una ANC en el ámbito específico de su función constituyente. Aunque el cuerpo espurio convocado por Nicolás Maduro no es una Asamblea Constituyente, al no ser expresión del poder constituyente del pueblo y, además, tal referendo aprobatorio es obligatorio por diversas razones.

 

En la declaración de la independencia de las provincias de Venezuela, del 5 de julio de 1811, se subrayaba que esta determinación se adoptaba, entre otras razones, porque los gobiernos de España habían sido “sordos siempre a los gritos de nuestra justicia”. Es lamentable constatar que, después de más de 200 años de aquellos hechos, se agudice la sordera del gobierno ante los reclamos de justicia.

 

Poco se habla sobre el bloqueo decretado contra la institucionalidad democrática del país. La percepción general que prevalece desde mediados del año pasado es la de un país estancado irremisiblemente en el fracaso, que sobrevive casi sin oxígeno, que pese a haber tocado fondo en muchos aspectos, se hunde todavía más cada día en las arenas movedizas del autoritarismo y la devastación de la economía. El bloqueo fue declarado formalmente con la convocatoria presidencial de la espuria Asamblea Constituyente y había tenido en 2015 un primer capítulo con la designación fraudulenta e írrita de pretendidos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, destinada a impedir que la naciente Asamblea Nacional incidiera parcialmente en la renovación del tribunal en diciembre de 2016.

El bloqueo y la supuesta ANC

El llamado a la supuesta constituyente formalizó el bloqueo porque implicó enfrentarse no solo con la Asamblea Nacional, como expresión de la voluntad popular, sino directamente con el pueblo y la Democracia misma, pues se había llegado al punto en el que no era posible para el gobierno mantenerse en el poder si se aplicaban las reglas constitucionales y los principios democráticos para elegir autoridades. El régimen estaba perdido electoralmente y la única forma de llegar a una situación como la que ahora sufre el país era bloqueando el curso natural y propio de la Democracia. Sustituyendo el sufragio universal de todo ciudadano por comicios corporativos; las circunscripciones estadales cónsonas con el diseño federal, por las municipales; la representación proporcional, por un sistema mayoritario casi uninominal; la previsibilidad electoral, por el arrebato y la improvisación.

Todo esto ha agravado la crisis de la institucionalidad del Estado de Derecho que ya se padecía. En el ámbito judicial se escenificaron varios episodios del bloqueo. La Asamblea Nacional fue sitiada desde el TSJ antes de haberse instalado y en sus primeros días de funcionamiento fue atacada al desmembrarla y despojarla de la legítima representación de los electores del estado Amazonas y la Región Sur Indígena. Lo mismo ocurrió luego con sus funciones constitucionales.

El estado de excepción entonces declarado, que se ha prolongado sin pudor por más de dos años, violando abiertamente la Constitución, es otra muestra inquietante de la clausura de la constitucionalidad y la juridicidad. La aberrante tesis del supuesto desacato de la Asamblea Nacional como causa general invalidante de toda su actuación es la manifestación más lacerante del bloqueo. El caso de los diputados de Amazonas es también particularmente demostrativo de lo esbozado. Durante más de un año el TSJ mantuvo paralizado el expediente respectivo, hasta fecha reciente, y al parecer se dispone a dictar una sentencia que, ante los daños ya causados, cualquiera que sea confirmará la vulneración de los derechos políticos de los venezolanos, aunque todo apunta a que hará más severas las infracciones a la Constitución y a los principios del Derecho electoral ya perpetradas por su Sala Electoral.

La inconstitucional convocatoria de elecciones presidenciales es solo la última estocada de la decisión de cerrar todas las puertas y ventanas por las que el aire democrático de la voluntad popular libremente expresada y de la posibilidad de la alternancia puede circular. La sociedad parece asfixiarse ante una atmósfera cargada de frustración y en medio de las peores condiciones de existencia por la debacle económica. De allí el auge de la emigración de venezolanos, que en rigor representa más bien el desplazamiento forzado de parte de la población. Si no somos nosotros, no será nadie, pareciera ser la consigna de los artífices del fraude institucionalizado en su afán de perpetuarse en el poder.

Soluciones

La esperanza no ha desaparecido y hay que preservarla a toda costa, pero sufre los embates de la arbitrariedad oficial y de la división, las contradicciones y el cálculo cortoplacista. El gobierno y los órganos que le están subordinados deben hacer cesar de inmediato el bloqueo a la institucionalidad democrática que han llevado a cabo.

Los ciudadanos, junto a los representantes del pueblo y las organizaciones sociales en los distintos espacios de lucha, debemos exigir que así ocurra y reforzar las iniciativas que permitan liberar cívicamente a la Democracia cautiva. Solo así será posible construir una paz verdadera y acordar condiciones para la transición política que el pueblo quiera determinar. Si no subimos un escalón, si no hay una respuesta denodada de todos los sectores y visiones en la dirección de la salvación de la nación y de la búsqueda del interés superior común, será difícil superar el actual estado de cosas.

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La represión brutal contra manifestantes fue el punto de partida de un declive profundo de la aceptación popular y de la legitimidad del gobierno. A ello se sumó el deterioro económico, la generalización de los hechos de corrupción y de las evidencias de su comisión, así como las graves violaciones a derechos humanos perpetradas contra disidentes y, muy especialmente, el cercenamiento de la libertad de expresión, por medio de mecanismos perversos, usualmente indirectos y encubiertos, basados en presiones u operaciones veladas de ocupación contra la prensa libre, ofrecimientos de ventajas a los medios dóciles y una política comunicacional oficial hegemónica. Antes, el forzamiento de la legalidad llevó a hacer admisible una segunda reelección inmediata, que la Constitución no contemplaba. En ese contexto se desarrolla una Mesa de Diálogo apoyada por organismos internacionales, que logra algunos avances y sirve de testigo de excepción a la caída del régimen autoritario.

Paralelismos

Son variados los paralelismos con la realidad venezolana que podemos hallar en este esbozo de la fase culminante del régimen de Alberto Fujimori en Perú, como también las visiones sobre el futuro que a partir de allí es posible tejer.

Fujimori había sido reelecto en la presidencia el 28 de julio de 2000 -por segunda vez- en medio de denuncias de fraude y de protestas ciudadanas. La oposición contribuyó en parte a su victoria por la división de candidaturas en la primera vuelta, pero el factor principal de ese triunfo fue el ventajismo oficial, con campañas de demolición moral contra los adversarios políticos y fraude a gran escala que llevaron a la comunidad internacional a no avalar los resultados finales. Fujimori ganó una presidencia desprestigiada y cargada de inestabilidad política, y la oposición, pese a errores como el apuntado, asumió seriamente su compromiso con un cambio democrático. Ya la sociedad civil había dado demostraciones de madurez ciudadana al haber adoptado una postura vigilante y crítica a lo largo de la campaña electoral y de las elecciones, que tuvieron segunda vuelta. Mención especial merece la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que conjugó los esfuerzos de las más importantes organizaciones no gubernamentales del país frente a los abusos autoritarios, antes y durante el periodo electoral. Tras la renuncia del mandatario, que no fue aceptada, y su destitución acordada por el Congreso en conformidad con la Constitución, se desarrolló una exitosa transición hacia la Democracia que sentó desde entonces sus fundamentos en el campo político, constitucional y económico-social.

Moderación y determinación

Antes de esa vacancia presidencial, partidos políticos opositores habían tomado una decisión trascendental al respaldar en el Congreso la designación de Valentín Paniagua, hombre moderado y crítico a la vez del gobierno, como Presidente de ese cuerpo legislativo, lo cual lo colocó en la línea de sucesión a la Presidencia después de los Vicepresidentes, quienes al renunciar junto con Fujimori despejaron la vía para la juramentación de Paniagua como Presidente del Perú, para un gobierno de transición centrado en promover la convocatoria de nuevas elecciones. Los debates que surgieron sobre la transición constitucional, en virtud de los planteamientos dirigidos a restablecer la Constitución de 1979, anterior a la que elaboró el congreso constituyente fujimorista en 1993, fueron abordados con sensatez y sentido práctico, pues prevaleció la idea de evitar un paréntesis constituyente de probable inestabilidad y de modificar paulatinamente el texto de 1993, ello aunado a la interpretación constitucional favorable a la Democracia y los derechos humanos que llevaría a cabo un verdadero Tribunal Constitucional. Estas circunstancias fueron el germen del Acuerdo Nacional, como espacio plural para la definición de políticas públicas comunes en los diferentes ámbitos del quehacer estatal, cuya significación se proyecta hasta el presente.

Claves de una transición

Organización y vigilancia de la sociedad civil, perseverancia cuando todo luce perdido, diálogo para la transición y no para la perpetuación, unidad superior de los demócratas, desprendimiento ante situaciones que ponen en entredicho la posibilidad misma de un porvenir democrático, postergación de controversias que resten energías y enajenen voluntades en el momento preciso en que hay que salir del pantanoso atasco autoritario, y respaldo internacional son algunas de las claves que cabe extraer de aquella experiencia y que, salvando las distancias entre los respectivos procesos, podrían ser de utilidad para Venezuela.

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Al comenzar el año solemos renovar propósitos y plantearnos metas que debemos alcanzar. Hoy más que nunca es preciso hacerlo también desde una perspectiva colectiva y en el ámbito institucional. No será posible resolver los graves problemas económicos y sociales que nos aquejan sin una transformación político-institucional, en especial, sin una organización del poder y una actuación pública cónsona con los principios de la Democracia y el Estado de Derecho.

Los problemas más acuciantes.

Cuando los cauces democráticos están obstruidos por la falta de transparencia y confiabilidad de los procesos electorales; no hay garantías para la participación política en condiciones equitativas, ni siquiera para el funcionamiento de las organizaciones políticas válidamente inscritas; las inhabilitaciones se usan como arma política; la disidencia puede conducir al encarcelamiento; los gobernantes no admiten limitaciones en el ejercicio del poder; no hay separación de poderes ni protección efectiva de los derechos humanos y, para entronizar esta situación, se impone una instancia pretendidamente constituyente, con base en la usurpación del poder constituyente del pueblo, la cual dice ostentar poderes absolutos, el cuerpo social se resiente y no es capaz de desplegar la fuerza vivificadora que depende de la libertad.
Una buena parte de los objetivos del 2018 debe radicar en la construcción de una verdadera institucionalidad democrática. El punto de partida para ello está en la Constitución de 1999, que ha sido sistemáticamente vulnerada pero que alberga fundamentos jurídicos para el giro que el país reclama. Entre los asuntos que demandan con urgencia un tratamiento correctivo quiero destacar los siguientes:

Propósitos.
– Rescatar la idea de la separación de poderes. No es aceptable que desde despachos políticos o ejecutivos se decida sobre la vida y demás derechos de las personas, dejando de lado las funciones del juez independiente como elemento indispensable de la civilización democrática. Tampoco lo es que cuando la ciudadanía elige una nueva Asamblea Nacional, que procura ejercer sus atribuciones constitucionales de legislación y de control, ella resulte menoscabada o demolida judicialmente en sus posibilidades de acción y luego se intente marginarla del todo mediante la instalación de un órgano deliberante espurio, que asume facultades legislativas.
– Asegurar el pluralismo político. Debe cesar toda forma de persecución política y de criminalización del discurso crítico, así como todas las medidas dirigidas a forzar a autoridades electas o funcionarios al reconocimiento de una supuesta constituyente que con sólidas razones puede calificarse de ilegítima y ha sido considerada nacional e internacionalmente como tal, la cual, en todo caso, procede arbitrariamente cuando antepone su codiciada supremacía al respeto que merece la soberanía popular expresada en elecciones. Debe igualmente dejarse sin efecto su determinación de obligar a ciertas organizaciones políticas a la renovación de su militancia, al margen de la Constitución y de la ley aplicable; al igual que las inhabilitaciones políticas acordadas por un órgano no judicial o en violación del debido proceso.
– Colocar en un primer plano la garantía efectiva de los derechos humanos. Esto implica, entre otras iniciativas, adelantar una profunda reforma judicial, que empiece por el propio Tribunal Supremo de Justicia y llegue a todos los tribunales de la República. La Constitución y el Estado de Derecho exigen que los jueces sean seleccionados en auténticos concursos públicos y que se instaure la carrera judicial, con formación adecuada e inamovilidad. Debe ponerse término a la judicatura provisoria y a las destituciones sumarias.
– Establecer las bases de una organización electoral confiable. Ello pasa por renovar el Consejo Nacional Electoral y fijar condiciones electorales apropiadas, proscribiendo prácticas censurables como la movilización intempestiva y, más aún, ilegal e inconstitucional de electores, en virtud del cierre de centros electorales y, en general, todas aquellas que han respondido al afán de ejecutar lineamientos gubernamentales o partidistas.

Expectativas.

Es evidente que la magnitud de estos cambios no permite pensar que sean adoptados en un corto plazo, pero lo relevante es que se trace una ruta para la reinstitucionalización que aquí solo dejamos apuntada. Si ese camino se define colectivamente, incluso en diálogo con las más diversas fuerzas políticas y con factores oficiales, cabrá esperar una pronta recuperación del espíritu republicano y del tejido social que puede impulsar una mejora de la situación nacional en otros ámbitos.

 

El Universal
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El juramento implica un compromiso asumido con la mayor solemnidad y rigor respecto del cumplimiento de una misión, la toma de posesión en un cargo, la veracidad de una declaración u otras manifestaciones similares. En lo concerniente a la toma de posesión en destinos electivos, se presta por lo general ante cuerpos colegiados representativos, pues es una forma de escenificar ante la representación del pueblo la aceptación del mandato recibido y de reafirmar el deber de ejercerlo cabalmente. El juramento se conecta además con la libertad de religión y de conciencia, porque en aquél convergen los símbolos o fórmulas de la fe que se profesa o de los principios más elevados en que se cree. De allí que jurisprudencialmente se haya admitido que en determinadas circunstancias el obligado a prestarlo pueda exigir su sustitución por la modalidad de la promesa. Hay también otro tipo de juramento, de raigambre monárquica, al que luego me referiré.
¿Falta absoluta?
Es un despropósito y una grave violación del orden constitucional y democrático y de los derechos humanos que se haya declarado la falta absoluta del Gobernador electo y proclamado del estado Zulia por no haberse juramentado ante la supuesta Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Las razones que pueden aducirse son varias. La Constitución del estado Zulia prevé que la juramentación ha de producirse ante el Consejo Legislativo del estado o, si no es posible que esta sea llevada a cabo, ante el juzgado superior en lo contencioso administrativo de ese estado. Esta era la misma regulación exigida por la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de estado. Es lógico que así sea, ya que de esta manera el Gobernador proclamado expresa ante el pueblo que lo eligió, representado en el Consejo Legislativo, su compromiso de desempeñar rectamente la función encomendada. ¿Qué puede explicar que dicha juramentación deba estar precedida de una efectuada ante la pretendida ANC? Únicamente el objetivo de quebrar moralmente a la oposición y de propiciar la división. La denominada ANC es un órgano espurio, antidemocrático. No puede condicionarse el juramento ante una instancia democrática al que se preste ante un órgano nacido de la usurpación del poder constituyente del pueblo.

Pero aun en el supuesto de que aquél fuera legítimo, evidentemente no sería el espacio institucional adecuado para tal juramentación y nunca esta podría ser un requisito indispensable, cuya omisión genere falta absoluta. Recuérdese que los integrantes de la llamada ANC no fueron electos como representantes de los estados ni en circuitos estadales, sino en circunscripciones municipales y sectoriales. Mientras que el Consejo Legislativo es manifestación directa y específica de los electores del estado respectivo. En todo caso, la falta de juramentación no es por sí sola causal de falta absoluta, menos aun cuando existe la firme determinación del Gobernador proclamado de tomar posesión del cargo. La propia Sala Constitucional se empeñó en demostrar en enero de 2013 que la falta de juramentación del Presidente electo ante la Asamblea Nacional no era causal de falta absoluta, y puso énfasis en la necesidad de respetar la voluntad de los electores, la cual por lo visto poco importa si no es favorable al gobierno nacional o sus candidatos.
Líderes regionales
Otro asunto de fondo es que la elección de Gobernadores no fue una consulta popular sobre el reconocimiento o desconocimiento de la denominada ANC, sino la elección de líderes regionales, que al jurar solo ante el Consejo Legislativo no hacen otra cosa que cumplir la ley. Pero al gobierno le interesaba adulterar el sentido que constitucional y democráticamente debían tener esos comicios para convertirlos en una ocasión para la humillación y la degradación moral, mediante el requerimiento de subordinación a la pretendida ANC y a su convocante. Esto evoca la otra acepción histórica del juramento, aquella según la cual prestarlo es: “Reconocer solemnemente, y con juramento de fidelidad y obediencia, la soberanía de un príncipe”.

La ruta que sigue el gobierno nacional es funesta, por apuntar a consolidar un orden político basado en la supresión de la libertad de conciencia, de las garantías democráticas y, en suma, de la libertad política y civil. Un orden que cierra centros electorales y traslada electores a capricho, sin fundamento jurídico alguno, del mismo modo con el que luego dice estar dispuesto a moderar esa arbitrariedad; que inhabilita o des-inhabilita a sus anchas; que amenaza con encarcelar a quienes desconfían del CNE. Tiempo luctuoso para la República, frente al cual la firmeza democrática y la coherencia son la piedra angular de todo lo demás que quiera  hacerse.

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