Uruguay y Chile son los países más limpios de América Latina, y Venezuela y Haití los más corruptos, según el ránking presentado por la ONG Transparencia Internacional (TI), que registra avances en Argentina y retrocesos en Brasil y El Salvador.

En la vigésimo quinta edición del Índice de Percepción de la Corrupción, Somalia y Sudán del Sur se mantienen como los peor clasificados y Nueva Zelanda y Dinamarca aparecen como los más transparentes, en un estudio en el que suspende 69% de los 180 estados analizados.

TI denunció al presentar su informe que «la mayoría de países se está moviendo demasiado despacio en sus esfuerzos» para combatir estas prácticas ilícitas y que «en los últimos seis años muchos países han progresado poco o nada».

Además, subrayó por primera vez una «alarmante» correlación entre los países con peores resultados en su clasificación y los que cuentan con peores niveles de protección para periodistas y activistas, los dos colectivos que se encargan principalmente de sacar a la luz los escándalos de corrupción.

«En los países más corruptos el espacio para la prensa y la libertad de expresión está absolutamente reducido, como el espacio para el acceso a la información», explicó a EFE la presidenta de TI, Delia Ferreira, quien advirtió de que bajar la protección a los medios es «dañar al Estado de derecho como un todo».

Los periodistas y los activistas son «los enemigos de los corruptos» y, en consecuencia, «los primeros que están en la línea de fuego, a veces literalmente», lamentó, refiriéndose en concreto al caso de México.

En América Latina destacan por arriba, como viene siendo habitual en los últimos años, Uruguay y Chile, con 70 y 67 puntos sobre un máximo de 100, respectivamente, seguidos por Costa Rica (59) y Cuba (47).

Ferreira destacó en que los países más transparentes también hay casos de corrupción, pero que vienen seguidos de una «reacción» que «marca la diferencia», como en el caso de Uruguay, donde el exvicepresidente Raúl Sendic fue obligado por su partido a renunciar tras descubrirse que empleó la tarjeta corporativa de Ancap para gastos personales.

En el extremo contrario de la tabla regional se encuentran Venezuela (18), Haití (22), Nicaragua (26), Guatemala (28), Paraguay, México, Honduras y República Dominicana (29).

Venezuela, según Ferreira, es un país «en una crisis humanitaria total» porque «la corrupción es el sistema en todos los aspectos de la situación» y «la comunidad internacional debería tratar de ser más sólida impulsando alguna reforma».

A medio camino en la clasificación latinoamericana se posicionan Argentina (39), Brasil, Colombia, Panamá y Perú (37), Bolivia y El Salvador (33) y Ecuador (32).

En el estudio de TI, en el que las variaciones interanuales son normalmente pequeñas, destacan la subida de tres puntos de Argentina y las de dos enteros de Perú y Haití, así como las caídas de tres unidades de Brasil y El Salvador.

A nivel global, Somalia y Sudán del sur cierran el ránking con nueve y doce puntos; mientras que en el otro extremo Nueva Zelanda y Dinamarca alcanzan los 89 y 88 enteros.

España cae un punto con respecto a la tabla previa, hasta los 57, junto a Chipre, República Checa, Dominica y Georgia, con lo que acumula una pérdida de ocho puntos en los últimos seis años; y pierde un puesto, hasta el 42.

Entre los mejor clasificados, tras Nueva Zelanda y Dinamarca, se sitúan Finlandia, Noruega y Suiza (85), Singapur y Suecia (84), y Canadá y Luxemburgo (82).

El vagón de cola, junto a Somalia y Sudán del Sur, está repleto de países en guerra, estados fallidos y regímenes totalitarios: Siria (14), Afganistán (15), Yemen y Sudán (16), Libia, Corea del Norte, Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial (17).

Entre las grandes potencias, Alemania se sitúa en el puesto 12º con 81 enteros, seguida por EE UU (en el puesto 16º, con 75), Japón (en el 20º, con 73), Francia (en el 23º, con 70), China (en el 77º, con 41), India (en el 81º, con 40) y Rusia (en el 135º, con 29).

En diez días jerarcas del gobierno del expresidente José Mujica serán denunciados por la oposición por su participación en los negocios con Venezuela.

Se pedirá investigar la forma en que se habilitaron los negocios de Aire Fresco como empresa única de intermediación con Venezuela. El diputado nacionalista Jaime Trobo dijo a El País que la denuncia es contra funcionarios de gobierno con cargos jerárquicos en el período que va de 2010 a 2015.

Trobo afirmó que la demanda apunta a saber cuál fue el procedimiento por el cual se contrató a Aire Fresco. «Eso fue lo que nunca quedó claro, nunca se supo cómo Aire Fresco llegó a ser prácticamente el único negociador», explicó.

Aire Fresco es una empresa cercana al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que intermedió en negocios con Venezuela desde 2011 hasta 2015, por lo que cobró comisiones.

La empresa fue denunciada ante la Justicia de Crimen Organizado por el abogado Gustavo Salle, por la cercanía con el gobierno del expresidente José Mujica y la participación en la intermediación con Venezuela.

En octubre del año pasado, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Elena Mainard, definió las citaciones del exintegrante del Comité Central del MLN-Tupamaros, Omar Alaniz, del empresario y administrador del Fondo Raúl Sendic, Carlos Decia, y del diputado del MPP, Daniel Placeres, por las intermediaciones realizadas por la empresa Aire Fresco en el comercio entre Uruguay y Venezuela.

La presencia de Aire Fresco en este acuerdo fue ventilada en el Parlamento en julio de 2015, cuando se votó el fideicomiso. Trobo dijo en esa sesión que había empresas privadas que «firmaron el acuerdo» junto con el gobierno.

«Este no es un acuerdo de Estado a Estado, sino que hay empresarios privados intermediando. ¿No lo sabe el Frente Amplio?», preguntó Trobo. Según denunció la oposición, Aire Fresco cobraba comisiones equivalentes al 2% de cada negocio concretado de alimentos con Venezuela, algo que fue negado por el Frente Amplio.

En la comisión preinvestigadora, Trobo presentó como prueba de la vinculación de la empresa Aire Fresco con el Movimiento de Participación Popular (MPP), un documento de la Corte Electoral que indica un aporte de US$ 19.400 por parte de la compañía a ese sector.

La investigadora no prosperó por la negativa del diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, a votarla. Ahora el tema volverá al Parlamento en el marco de otra comisión investigadora que indagará en la Cámara de Diputados la financiación de los partidos políticos vinculados a cinco empresas: Aire Fresco, Cambio Nelson, Cutcsa, Fripur y la agencia de publicidad La Diez.

A esta denuncia por los negocios con Venezuela se suma otra del diputado disidente Gonzalo Mujica sobre el manejo del Fondes. La investigación abarca las empresas que fueron financiadas por el Fondes, en especial Alas Uruguay, que pasó a pérdida US$ 15 millones, y Pressur, a la que se le prestó otros US$ 6 millones.

Gonzalo Mujica dijo El País que el escrito judicial aborda el tema de «la poca seriedad con que se entregaron volúmenes enormes de dinero que se prestaron a empresas sin ninguna garantía real y de manera totalmente arbitraria, sin respetar ningún informe técnico».

Durante el gobierno de José Mujica, el Fondes prestó US$ 43 millones a cinco empresas autogestionadas por sus trabajadores a pesar de que los informes técnicos eran negativos y sugerían fuertes debilidades de los proyectos. De acuerdo con los informes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a los que accedió El País, se realizaron advertencias sobre los préstamos concedidos a Alas Uruguay (US$ 15 millones), Envidrio (US$ 10,5 millones), Funsacoop (US$ 6 millones), Pressur (US$ 6 millones) y Cootrapay (US$ 5,9 millones).

El más lapidario es el de Dyrus, (Alas Uruguay) por la que el Fondes se presentó ante la Justicia para pedir su concurso de acreedores. «Se derivan importantes debilidades y amenazas», concluía el informe elevado a la gerencia de la Unidad Técnica del organismo, pese a lo que se dio el préstamo.

El diputado Mujica cuestionó: «¿No es legítimo que nos preguntemos si no hubo una andamiaje montado y organizado por parte de un Ejecutivo manejado por el MPP con un gobierno amigo a los efectos de montar una empresa que obtuvo utilidades que financiaron la campaña? Esa es la duda y por eso hay que investigar».

Justicia sigue investigando.

Aire Fresco es una empresa cercana al MLN que intermedió en negocios con Venezuela. Fue denunciada ante la Justicia de Crimen Organizado por su cercanía con el gobierno de José Mujica. Hoy, en la Justicia Penal el caso de la empresa se encuentra en etapa de citaciones y pedidos de pruebas. En diciembre el senador Pablo Mieres presentó más pruebas para el caso luego de recibir en forma anónima documentación que da cuenta de un pago por US$ 182.000 a la empresa. «Recibimos una secuencia de mails del Bandes. Uno de ellos es del 21 de marzo de 2016 y hace referencia de una serie de pagos con dinero del fideicomiso a varias empresas como Claldy, Calcar, Conaprole y Pili. Y una orden de pago con destino a Aire Fresco S.A. Esto nos genera una gran preocupación», dijo el senador.

En diez días jerarcas del gobierno del expresidente José Mujica serán denunciados por la oposición por su participación en los negocios con Venezuela.

Se pedirá investigar la forma en que se habilitaron los negocios de Aire Fresco como empresa única de intermediación con Venezuela. El diputado nacionalista Jaime Trobo dijo a El País que la denuncia es contra funcionarios de gobierno con cargos jerárquicos en el período que va de 2010 a 2015.

Trobo afirmó que la demanda apunta a saber cuál fue el procedimiento por el cual se contrató a Aire Fresco. “Eso fue lo que nunca quedó claro, nunca se supo cómo Aire Fresco llegó a ser prácticamente el único negociador”, explicó.

Aire Fresco es una empresa cercana al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que intermedió en negocios con Venezuela desde 2011 hasta 2015, por lo que cobró comisiones.

La empresa fue denunciada ante la Justicia de Crimen Organizado por el abogado Gustavo Salle, por la cercanía con el gobierno del expresidente José Mujica y la participación en la intermediación con Venezuela.

En octubre del año pasado, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Elena Mainard, definió las citaciones del exintegrante del Comité Central del MLN-Tupamaros, Omar Alaniz, del empresario y administrador del Fondo Raúl Sendic, Carlos Decia, y del diputado del MPP, Daniel Placeres, por las intermediaciones realizadas por la empresa Aire Fresco en el comercio entre Uruguay y Venezuela.

La presencia de Aire Fresco en este acuerdo fue ventilada en el Parlamento en julio de 2015, cuando se votó el fideicomiso. Trobo dijo en esa sesión que había empresas privadas que “firmaron el acuerdo” junto con el gobierno.

“Este no es un acuerdo de Estado a Estado, sino que hay empresarios privados intermediando. ¿No lo sabe el Frente Amplio?”, preguntó Trobo. Según denunció la oposición, Aire Fresco cobraba comisiones equivalentes al 2% de cada negocio concretado de alimentos con Venezuela, algo que fue negado por el Frente Amplio.

En la comisión preinvestigadora, Trobo presentó como prueba de la vinculación de la empresa Aire Fresco con el Movimiento de Participación Popular (MPP), un documento de la Corte Electoral que indica un aporte de US$ 19.400 por parte de la compañía a ese sector.

La investigadora no prosperó por la negativa del diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, a votarla. Ahora el tema volverá al Parlamento en el marco de otra comisión investigadora que indagará en la Cámara de Diputados la financiación de los partidos políticos vinculados a cinco empresas: Aire Fresco, Cambio Nelson, Cutcsa, Fripur y la agencia de publicidad La Diez.

A esta denuncia por los negocios con Venezuela se suma otra del diputado disidente Gonzalo Mujica sobre el manejo del Fondes. La investigación abarca las empresas que fueron financiadas por el Fondes, en especial Alas Uruguay, que pasó a pérdida US$ 15 millones, y Pressur, a la que se le prestó otros US$ 6 millones.

Gonzalo Mujica dijo El País que el escrito judicial aborda el tema de “la poca seriedad con que se entregaron volúmenes enormes de dinero que se prestaron a empresas sin ninguna garantía real y de manera totalmente arbitraria, sin respetar ningún informe técnico”.

Durante el gobierno de José Mujica, el Fondes prestó US$ 43 millones a cinco empresas autogestionadas por sus trabajadores a pesar de que los informes técnicos eran negativos y sugerían fuertes debilidades de los proyectos. De acuerdo con los informes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a los que accedió El País, se realizaron advertencias sobre los préstamos concedidos a Alas Uruguay (US$ 15 millones), Envidrio (US$ 10,5 millones), Funsacoop (US$ 6 millones), Pressur (US$ 6 millones) y Cootrapay (US$ 5,9 millones).

El más lapidario es el de Dyrus, (Alas Uruguay) por la que el Fondes se presentó ante la Justicia para pedir su concurso de acreedores. “Se derivan importantes debilidades y amenazas”, concluía el informe elevado a la gerencia de la Unidad Técnica del organismo, pese a lo que se dio el préstamo.

El diputado Mujica cuestionó: “¿No es legítimo que nos preguntemos si no hubo una andamiaje montado y organizado por parte de un Ejecutivo manejado por el MPP con un gobierno amigo a los efectos de montar una empresa que obtuvo utilidades que financiaron la campaña? Esa es la duda y por eso hay que investigar”.

Aire Fresco es una empresa cercana al MLN que intermedió en negocios con Venezuela. Fue denunciada ante la Justicia de Crimen Organizado por su cercanía con el gobierno de José Mujica. Hoy, en la Justicia Penal el caso de la empresa se encuentra en etapa de citaciones y pedidos de pruebas. En diciembre el senador Pablo Mieres presentó más pruebas para el caso luego de recibir en forma anónima documentación que da cuenta de un pago por US$ 182.000 a la empresa. “Recibimos una secuencia de mails del Bandes. Uno de ellos es del 21 de marzo de 2016 y hace referencia de una serie de pagos con dinero del fideicomiso a varias empresas como Claldy, Calcar, Conaprole y Pili. Y una orden de pago con destino a Aire Fresco S.A. Esto nos genera una gran preocupación”, dijo el senador.

María Ángela Holguín, canciller de Colombia, en una entrevista ofrecida a El País, consideró que el diálogo entre los sectores de la sociedad venezolana es la manera en la que el país recuperará el orden constitucional. Indicó que por eso su representante en la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó la resolución aprobada este martes, en la que se “inicia la aplicación de la Carta Democrática”.

Holguín explicó que comenzó la primera etapa tras la activación de la Carta Democrática: los buenos oficios diplomáticos para lograr una solución mediante conversaciones.

—Colombia está instrumentando el acuerdo con las FARC firmado en noviembre luego del rechazo del primero en un referéndum en octubre. ¿Cuáles considera usted son los mayores obstáculos para el proceso de paz?

—Yo creo que no hay un convencimiento total en el país que la paz es el camino para que tengamos una Colombia más incluyente, más equita-tiva, que le dé mejor calidad de vida a la población de la zona rural. Y como no hay ese convencimiento todo genera mayores dificultades. Eso es como lo más increíble. Yo nunca me imaginé que después de esperar y añorar tanto la paz, de que tantos gobiernos hicieran el esfuerzo de hacer la paz, y en el momento que nos llega la cuestionemos tanto.

—¿Y eso por qué?

—Yo creo, y mucha gente con experiencia lo dice, que la paz siempre hay que mirarla a mediano y largo plazo. Nunca a corto plazo, porque a corto plazo es muy difícil. Y a mediano y a largo siempre será el mejor camino. El corto plazo es difícil, las heridas están abiertas, cuesta más trabajo perdonar, la gente siente que los guerrilleros no pueden tener unas oportunidades que no merecen. Miran el tema muy en lo micro y muy focalizado. Tal vez en el mediano y largo plazo, cuando estemos en el 2030 y miremos para atrás, nos convenzamos que ese camino fue el mejor. Además hay una diferencia muy grande en cómo vivieron el conflicto las familias de las zonas rurales y las de las zonas urbanas. A cada uno le tocó distinto. Sí, a todos les tocó.

—El expresidente y actual senador Álvaro Uribe fue uno de los promotores del No que ganó en el referéndum de octubre. Luego ese acuerdo se ajustó pero no terminó de convencer a Uribe…

—Yo creo que nunca nada lo iba a convencer a Uribe. No estuvo de acuerdo en partes fundamentales como el de la justicia transicional. Si usted no está de acuerdo con la justicia transicional, pues no está de acuerdo con el acuerdo. Si usted lo que quiere es que los guerrilleros fueran 20 o 30 años a la cárcel, pues nunca íbamos a lograr la paz, porque no iban a dejar las armas para ir a la cárcel. En ningún proceso de paz ha resultado eso. Entonces es también cómo hace usted el balance entre justicia y paz, qué tanta justicia para lograr la paz. Y por eso es la justicia transicional. Y él (Uribe) está fundamentalmente en contra de esto.

—Convengamos que no es una salida justa para las víctimas de la guerrilla.

—No, fíjese que también las víctimas son las más propensas a perdonar, con más espíritu de perdón, con más necesidad de la verdad y de seguir adelante. Ellos son víctimas del conflicto y no quieren que haya más víctimas. Es curioso que los que más han sufrido sean los que más quieren la paz.

—Usted fue embajadora en Venezuela. Esta semana dijo, a partir de un incidente en la frontera de Colombia con ese país hace unos días, que actualmente «no es posible tener relaciones normales» con Venezuela. En su opinión, ¿Venezuela hoy es una dictadura?

—Venezuela, con la decisión del Tribunal Supremo que tomó hace una semana (quitarle la inmunidad a los diputados y asumir las funciones de la Asamblea Nacional) y que ha venido tomando (declaró al Legislativo en rebeldía), el ordenamiento democrático se rompió. Por eso hemos ido a la OEA, hemos pedido que se ejerzan los buenos oficios de parte de un grupo de países para hablar con el gobierno de Venezuela y que se encamine otra vez hacia un respeto a la Asamblea, donde todos sus actos sean válidos y pueda retomar las funciones legislativas tal como se las da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

—¿Usted es partidaria de aplicar en el caso de Venezuela la Carta Democrática de la OEA?

—Nosotros apoyamos el lunes una resolución de la OEA donde se inicia la aplicación de la Carta, donde hay un primer paso que consideramos fundamental: los buenos oficios para buscar el diálogo. El diálogo es fundamental para Venezuela, es lo que le va a dar estabilidad en el tiempo.

—Ese acuerdo a partir del diálogo, ¿usted lo ve concretado con Maduro en el gobierno o sin Maduro en el gobierno?

—Yo lo veo con un cronograma electoral. Que haya elecciones de gobernadores y alcaldes este año, y elecciones para presidente el año entrante cuando a Maduro se le cumple su período. O sea, que se respete el cronograma electoral. Yo estoy convencida que cuando se den esas fechas electorales va a haber mucha más tranquilidad en el país.

—¿Pero es posible esa salida a la crisis con Maduro en el gobierno?

—Yo creo que sí, si se cumplen ciertas condiciones. Una, que haya un cronograma electoral. Dos, que a la Asamblea se le retornen todas sus funciones constitucionales. Se elijan nuevamente a los representantes de la Amazona que han estado en entredicho y que han provocado pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia. Y que los presos políticos puedan recuperar su libertad. Todos los países de la región estamos viendo que efectivamente hubo un quiebre de la democracia en Venezuela, y lo que todos han dicho es dialoguen entre los venezolanos y retomen el camino de la democracia. Eso es lo que la gran mayoría de los países esperan.

—En Argentina, Brasil, Perú hubo cambio de gobierno, en Ecuador ganó el oficialismo pero el presidente electo tiene un perfil distinto al de Rafael Correa, y en Bolivia no es seguro que Evo Morales vaya por la reelección. Se está dando como un cambio de color político en la región. ¿Cómo observa estos movimientos?

—Yo creo que sí, que los gobiernos de izquierda han perdido la fuerza que tuvieron hace diez años para acá. Hace diez años había gobiernos de izquierda en la mayoría de los países de la región. Hoy en día no. Pero uno también tiene que mirar qué se hizo mal para que la población se fuera para el otro lado. Hay péndulos a veces de cansancio. Cuando usted está contento, vota porque siga la misma política. Cuando se siente insatisfecho y siente que las políticas no le ayudan en su bienestar, pues se va hacia otro lado.

—Desde que asumió en enero, Donald Trump ha hablado mucho de México pero muy poco de América del Sur. ¿Cómo está observando al gobierno de Trump?

—Con la misma incertidumbre que el mundo entero. Colombia tiene una excelente relación en muchos aspectos con Estados Unidos. Un TLC en lo comercial, una relación en seguridad muy importante, un diálogo de alto nivel donde una vez al año revisamos temas como educación, ciencia y tecnología, medio ambiente. Colombia es un aliado de Estados Unidos y esperamos que eso se mantenga. Pero con incertidumbre en general como todo el mundo, esperando un poco cómo se inicia el gobierno de Trump con todos sus funcionarios en sus puestos.

—Colombia integra la Alianza del Pacífico junto a México, Chile y Perú, y se ha mostrado como un bloque mucho más sólido y unido que el Mercosur. ¿Hay posibilidad de extender la Alianza del Pacífico?

—Por ahora la Alianza del Pacífico son los cuatro países fundadores. Estamos creando un nuevo estatus que se llama de asociados, con los que queremos tener un relacionamiento comercial casi al mismo nivel que el que tenemos entre nosotros cuatro. Queremos seguir creciendo, primero los cuatro, y mirar al Asia que para eso se fundó la Alianza del Pacífico. Con el Mercosur queremos ver cómo podemos trabajar juntos en aspectos que nos pueden beneficiar a los dos. Los temas aduaneros, de pymes, fortalecimiento de cadenas productivas. Que los dos bloques caminen separadamente pero en beneficio de los dos.

Experiencia

Politóloga con amplia experiencia en política exterior, María Ángela Holguín Cuéllar es canciller de Colombia desde agosto de 2010. Su padre, Julio Holguín Umaña, también fue diplomático y tuvo a Uruguay entre sus destinos, período en el cual nació en Montevideo uno de los hermanos de la actual canciller colombiana. Entre los cargos que ocupó, fue embajadora en Venezuela entre 2002 y 2004, ante las Naciones Unidas entre 2004 y 2005 y ante la Corporación Andina de Fomento durante el gobierno de Álvaro Uribe.

El presidente Tabaré Vázquez llamó por teléfono al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para reclamarle los US$ 50 millones que debe pagar su gobierno tras el acuerdo que ambos países firmaron en julio.

«Ayer hablé por teléfono con el presidente Maduro y él se comprometió a depositar esta semana los US$ 50 millones para pagar esos primeros envíos que Uruguay hizo», dijo Vázquez el jueves pasado desde París, según informa hoy Búsqueda.

El acuerdo firmado entre Venezuela y Uruguay comprende la cancelación de la deuda de Ancap con Pdvsa, con la contraparte de que el gobierno venezolano reciba alimentos desde nuestro país.

Estas declaraciones las hizo en un almuerzo organizado en París por el Movimiento de Empresas de Francia, donde el director de la empresa francesa Lactalis, Michele Nalet, aprovechó para expresarle al mandatario uruguayo la molestia de la empresa por no haber recibido la invitación para participar del acuerdo .

El gerente de Lactalis lamentó que luego de haber invertido US$ 10 millones en Uruguay, las trabas burocráticas dificulten la salida de los productos al mercado.

El ministro de Economía, Danilo Astori, acompañaba a Vázquez en el almuerzo y se comprometió a buscar una solución: «Tomaremos la observación con la autocrítica necesaria como para procesar las cosas con una velocidad diferente», dijo.

La Corte Electoral de Uruguay, que preside el Consejo Electoral de la Unasur, considera y advierte que la misión observadora que sería enviada a controlar las elecciones en Venezuela está en «riesgo» por las «demoras» y el «agotamiento» de los plazos para la integración de la misma, a causa de las diferencias de criterios de los países que integran el bloque latinoamericano.

Ayer, la Corte Electoral alertó de la situación a todos los gobiernos de los países que integran Unasur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela) y a la secretaría general del organismo.

En la resolución adoptada por unanimidad —a la que accedió El País—, la Corte Electoral expresó su preocupación por la demora en la concrección de los términos del acuerdo de la misión, y advierte: «en tales circunstancias, si no es posible conformar la misión en tiempo y forma, se considera que no debe realizarse (la misión)» para «preservar la trayectoria construida a favor del ejercicio democrático en la región». No obstante, la declaración manifiesta su aspiración a que la Unasur «extreme todos los esfuerzos para contribuir al desarrollo del proceso electoral en la región».

La razón por la que entiende que no están dadas las condiciones para participar en la elección legislativa venezolana, la que se realizará el próximo 6 de diciembre, está asociada a «la demora» para la aprobación de la misión observadora.

Por ejemplo, hubo demoras en la designación del representante especial, la posterior integración de la misión por parte de las autoridades electorales de los Estados miembros y su participación en las instancias preparatorias establecidas en el cronograma electoral. Esto no es solo responsabilidad de Venezuela, sino de todos los países que integran la Unasur.

Según la Corte Electoral, estas demoras en la integración de la misión «ponen en riego» el sentido mismo de la elección, en relación con la experiencia acumulada en el Consejo Electoral de la Unasur en la materia y «la seriedad y el prestigio» ganados en los ámbitos internacionales.

La semana pasada, la Unasur aseguró que el jurista brasileño Nelson Jobim no había sido vetado para la misión que el organismo enviará a las elecciones parlamentarias venezolanas.

Unasur se pronunció sobre este asunto después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil anunciara que declinó participar en la misión por falta de respuesta de las autoridades de Venezuela sobre las garantías para una «observación objetiva e imparcial» y por un supuesto veto impuesto por el gobierno de ese país a Jobim como líder de la misión.

En medio de este cortocircuito con el gobierno de Dilma Rousseff, el presidente venezolano Nicolás Maduro envió a Uruguay a su emisario y excanciller Elías Jaua a reunirse con el exmandatario José Mujica y el Secretariado del Frente Amplio, el pasado jueves 22.

En el encuentro, Jaua trasmitió la invitación para que Uruguay participe en una misión observadora de la Unasur. Además, aseguró al oficialismo que las elecciones legislativas se desarrollarán en un marco de «transparencia».

La coalición de izquierda quedó de valorar el ofrecimiento. Por su parte, Venezuela rechazó que la Organización de Estados Americanos (OEA) envíe a veedores como propuso el secretario general de ese organismo y excanciller Luis Almagro. Por este tema, Jaua protagonizó una dura polémica con Almagro debido al ofrecimiento que éste hizo para que esa organización participara en una misión observadora en las elecciones venezolanas.

En ese momento, Jaua tildó de «traidor antivenezolano» a Almagro, pero en la reunión con el Secretariado del Frente puso paños fríos al enfrentamiento. Aunque dejó en claro que discrepa con los posicionamientos de la OEA por entender que está influenciada por Estados Unidos.

Esto traerá que más personas estarán conectadas a Internet y, por ende, a más usuarios expuestos a servicios en línea: sitios bancarios para el pago de cuentas por el celular, aplicaciones para escuchar música y mirar televisión, apps para comunicarse de manera instantánea, entre decenas de actividades. Pero lo único que todavía no ha logrado establecerse en el mundo «2.0» es la relación «on line» entre ciudadanos y gobernantes. En este sentido, cuatro socios venezolanos y mexicanos buscan solucionar este problema de comunicación y lanzaron una aplicación llamada Citiviva, en la cual ya experimentan 100 usuarios uruguayos y algunos funcionarios de la Intendencia de Montevideo. Este tipo de herramientas, ya presentes con otras innovaciones tecnológicas por parte de uruguayos a través de otras redes sociales, corren el riesgo de no ser popularizadas por el imperio de Facebook y Twitter. Pero, en palabras de uno de sus creadores, a la larga será redituable para ciudadanos y gobernantes.

Claudia lleva a sus hijas a la escuela caminando. De repente, observa un caño roto en la esquina de su casa. Tras dejarlas en el centro educativo, decide reportar el problema en un sitio de Internet. Horas más tarde, una jerarca de OSE ingresa en ese portal y observa la queja. En ese mismo sitio resuelve el problema: deriva la situación a un jefe de mantenimiento, quien llega hasta el lugar y arregla el caño.

Este tipo de situaciones son las que Citiviva promete ayudar a resolver. Se trata de una plataforma digital que busca reunir a ciudadanos, gobiernos municipales y empresas públicas o privadas en un mismo sitio.

La idea, que comenzará a funcionar en Montevideo este sábado a medianoche, parte de una iniciativa de tres socios venezolanos (William Nazaret, Yara Maldonado y Angélica Alvaray) y uno mexicano (Rodrigo Campuzano).

Nazaret, el líder del proyecto, contó a El País que desde hace dos años y medio han invertido 650.000 dólares, que buscan capitalizar en Latinoamérica y Asia.

Montevideo fue elegida como la primera ciudad para llevarlo a cabo, tras estudiar una serie de variables comparativas de varios lugares de Latinoamérica.

«La conducta política, la madurez de las instituciones, y la apertura democrática», fueron consideradas comentó Nazaret. En este sentido, este experto en tecnología, reivindicó «el grado de civilización» que tienen los uruguayos para la discusión sobre política. «En el resto del continente es más cruente y desconfiada; menos constructiva», dijo.

El experto opinó que las formas de participar en los problemas políticos y sociales de la sociedad han cambiado mucho con las nuevas tecnologías.

«Muchas de las cosas por las cuales la gente no quiere participar es porque los modelos de participación tienen 100 años de edad. Si no inventamos un modelo diferente, la participación de los ciudadanos va a estar por donde ha estado en los últimos 20 años», opinó.

Cómo funciona

La herramienta cuenta con seis «asuntos» sobre los que cada usuario puede expresarse: iniciativas, preguntas, reclamos, denuncias, felicitaciones y eventos, explicó Nazaret, quien trabajó junto a Miguel Brechner en la implementación del Plan Ceibal hace 10 años.

Por ejemplo, si observa que un semáforo está roto deberá crear un asunto bajo la opción «reclamo». Allí, además de describir el problema, se le solicitará que brinde información sobre el proveedor que atendería esta situación (en este caso la Intendencia de Montevideo), el servicio que se vio afectado (obras y vías) y el barrio y la alcaldía en donde sucedió el inconveniente.

Al crear el asunto, el resto de los usuarios que forman parte de la comunidad podrán ver en su apartado «Mi comunidad» cuáles son los inconvenientes. De esa forma, podrán «apoyar» su causa.

La idea de la red social no termina en la simple expresión del problema, según sus creadores. Los jerarcas de las instituciones podrían utilizarlo y atender directamente los reclamos de los ciudadanos. Podrán observar cuántos y quiénes «apoyaron» una demanda y responderles a todos directamente, por ejemplo.

Esto constituye, explica Nazaret, un cambio en la forma de cómo se resuelven los problemas de la ciudad. Porque, a partir de ahora, si 15 personas sufrieron un problema, los funcionarios podrán sustituir llamados telefónicos de quejas por «posteos» en esta plataforma y una resolución «inmediata» al inconveniente.

Este tipo de iniciativas ya están presentes en algunas cuentas de Twitter y Facebook, como «ChanchosUY», en donde los usuarios reportan problemas en el tránsito. En esas redes, entiende Nazaret, se genera mucho «ruido» por la amplia cantidad de temas que abordan y es- to podría provocar «que se pierda el debate sobre los temas de la ciudad».

Los que ya están

Desde hace ocho meses, cien uruguayos están probando la herramienta Citiviva. La plataforma fue presentada a la exintendenta de Montevideo, Ana Olivera, quien le otorgó una «nominación de proyecto estratégico para la ciudad». «Eso significó que fuésemos bienvenidos en Montevideo», indicó Nazaret.

También está a prueba por un grupo de funcionarios de atención al cliente de la intendencia, a los que Nazaret brindó una charla semanas atrás. «Van a tener menos trabajo», les dijo. Según él con la app «se van a dedicar más a gerenciar y menos a apagar fuegos».