Claudio Fermín

 

Los ingresos provenientes de la venta del petróleo pertenecen a los venezolanos. Lo que el Gobierno cobra en impuesto sobre la renta a empresas y a particulares, así como todos los demás impuestos, son dineros públicos. Les pertenecen a cada familia venezolana.

El método democrático de disponer de esos miles de millones de bolívares, que hoy montan a billones de bolívares, es someter a consideración de los diputados representantes de cada circuito electoral y cada estado del país las propuestas que en esta materia formula el Ejecutivo nacional.

A ese proceso llamamos la discusión del Presupuesto de la Nación 2017. De esa manera, los diputados por el estado Mérida estarán pendientes de incluir partidas correspondientes a vías de penetración que los productores necesitan, y los de Sucre reclamarán los montos necesarios para que funcione el Hospital de Cumaná, que hoy está en el suelo.

Ese trabajo en las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional, como los debates en la plenaria, buscan satisfacer las demandas de pueblos y ciudades que ven con asombro e indignación cómo con dinero venezolano se subsidia a países de la región mientras no hay gasas ni alcohol en nuestros deteriorados centros de salud.

Se han hecho en los últimos dieciocho años multimillonarias compras de aviones, tanques de guerra y armamento, cuando Venezuela no está en guerra con nadie. Los grandes negocios que han beneficiado a China, Rusia, y a intermediarios y gestores, se han puesto por encima de las urgencias de la salud y la educación.

El abandono de la infraestructura mantiene en situación penosa a los hogares venezolanos. Usted abre el grifo y no sale agua, pasa el suiche y no se prende la luz.

Ese momento de la discusión del presupuesto nacional es esperado en cada rincón del país. Todos quieren saber si su reclamo será atendido en el año 2017.

Maduro resolvió que aquí se gasta en lo que a él le da la gana. Que nadie tiene por qué meter sus narices en ese asunto. Chinos, rusos, brasileños, iraníes y cubanos, a quienes se les compra armas, contratan viviendas y obras públicas, además de otorgárseles cuantiosas donaciones, estarán felices.

Seguirá el mismo cuento chavista: luz para afuera y oscuridad para adentro.

@claudioefermin

 

Cuando el gobierno de Chávez sustituyó al de Rafael Caldera, el nuevo Presidente aseguró haber logrado un gran cambio político, no por el mero triunfo electoral sino porque impulsaría en Venezuela una democracia participativa y protagónica.

Proclamaba que quedaba atrás la democracia representativa, que no bastaba con elegir concejales, alcaldes, diputados y gobernadores. Había que ir más allá. La voz del pueblo tenía que ser escuchada todos los días, no sólo cada cinco años al momento de votar.

Fue así como la Asamblea Constituyente de 1999 decretó una nueva Constitución en la que su artículo 72 consagraba el derecho a revocar un mal gobernante. No había que esperar que un presidente inepto, corrupto, o negligente, terminara su período. Si ya sabemos que una gestión lesiona al país, para qué entonces permitir que continúe.

La lógica del referendo revocatorio era impecable y se presentó a los venezolanos ese mecanismo como una reivindicación, como un nuevo derecho político.

El propio Hugo Chávez, promotor de la idea, se ufanaba de haberle dado a los electores más poder con el derecho a revocar.

El bienestar de los ciudadanos, decía, estará siempre por encima de una elección en la que el ganador no había estado a la altura. Los votantes podían revocar a quien los había defraudado y les hacía daño con sus errores y su incapacidad para gobernar.

Esa oferta de dar más poder a los ciudadanos atrajo millones de votantes quienes respaldaron el proyecto de Constitución y se acercaron al chavismo como movimiento político porque daba importancia a la opinión del común. Se sintieron interpretados.

Hoy Venezuela está hundida en desabastecimiento de alimentos, medicinas, repuestos para automóviles, fertilizantes e insumos para la producción agropecuaria y de muchos otros bienes, además acosada por la inseguridad y los pésimos servicios públicos. Quienes creyeron que de verdad se podría revocar a un mal Presidente, están desconcertados.

Los dirigentes del PSUV han engañado al país. Y usan como piedra de tranca a las rectoras del Consejo Nacional Electoral, cuya principal función es organizar elecciones pero se dedican realmente a obstruirlas. Por ese trabajo sucio cobran 500.000 bolívares mensuales en sueldos y primas. ¿Ahora entienden?

@claudioefermin

El gobierno no encuentra el camino ni sabe qué hacer para normalizar el país, es decir, para devolverle la seguridad a los ciudadanos, el libre abastecimiento de bienes y la dotación de servicios públicos esenciales como luz y agua.

El 14 de enero de este año Maduro decretó una polémica emergencia económica y entró en rigor por sesenta días un paquete de medidas cuya vigencia fue extendida después hasta el mes de mayo. Fueron cuatro meses de anuncios, de cadenas presidenciales casi que a diario, de nuevas expectativas. Sin resultado alguno.

El 15 de mayo, no pudiendo extender la controvertida legalidad de la emergencia anterior, Maduro decreta un estado de excepción con el cual se gobierna hoy a Venezuela. 

Si algo ha quedado comprobado es que ninguna relación existe entre tener todo el poder, absolutamente todo, y resolver los problemas de la economía, de los servicios públicos y de la inseguridad.

En estos siete meses de 2016 cuando por primera vez en dieciocho años el chavismo perdió la mayoría en la Asamblea Nacional, las mentes jurídicas del totalitarismo se las arreglaron para diseñar los decretos antes señalados, para extremar los poderes de la Sala Constitucional, integrar el Tribunal Supremo de Justicia con abogados de mandado y, en fin de cuentas, blindar “jurídicamente” los poderes absolutos concedidos a Maduro.

Para dar mayor sostén a esa arbitrariedad, el Presidente se arrodilló ante un privilegiado grupo de militares hambrientos de mucho poder, de más poder, y creó una improvisada empresa militar de minería, petróleo y gas, para que la oligarquía uniformada haga de las suyas aunque nada sepa de eso. Más recientemente, hizo de Padrino López una especie de zar de la economía poniendo en sus manos la responsabilidad del abastecimiento de bienes esenciales, alimentos y fármacos.

En suma, todo el poder. Decretos de excepción. Magistrados inclinados ante el Ejecutivo, sólo a la espera de instrucciones para hacer de las leyes y de los tribunales meros utensilios de los antojos del gobierno. Militares ciegos ante el desconocimiento y violaciones a la Constitución, mareados con el total control del aparato económico del Estado, lo que les atrae más que modestos camioneros y gandoleros quienes han sido y son sus víctimas en alcabalas y en fronteras.

Y todo ese poder de Maduro, para nada. Simplemente no sabe qué hacer. Sólo obedece al gastado guión de quienes creen que tener poder es gobernar.

@claudioefermin

@claudioefermin

 

La impune apropiación de nuestros espacios por bandas armadas dedicadas a traficar drogas, al secuestro, al abigeato, otras tomando fincas, llanuras y bosques como aliviaderos a su actividad guerrillera en Colombia, se ha extendido. Lo sabe todo el mundo en Apure, Barinas, Táchira y en el Zulia.

Hasta a los llanos centrales ha llegado la cosa. Lo cuenta el peón de finca, el bombero de la estación de gasolina, el propietario quien ha dejado la supervisión del negocio en manos de encargados por temor a ser secuestrado.

Nadie habla. Nadie denuncia. Las retaliaciones no se harían esperar por parte de los guerrilleros y hasta de los mismos militares quienes denunciarían agravio a su honor. La  taimada ocupación de nuestro territorio por extranjeros ilegales y armados es un hecho.

En el Sur los garimpeiros se llevan nuestro oro como les da la gana. Mineros y vecinos bajo el terror. La masacre de Tumeremo no fue la primera ni ha sido la última. Bolívar y Amazonas se han convertido en pueblos sin ley. Las mafias del oro tienen la situación bajo control. 

¿Cuál es el papel de los militares en esos actos de usurpación y de despojo? ¿Combaten a esas fuerzas irregulares? ¿Ignoran su presencia? ¿Comparten la mesa con ellos? El país quedó impactado cuando vieron salir de Miraflores, agasajados por Chávez, a comandantes guerrilleros buscados por asesinatos, secuestros y terrorismo.

La prioridad de los jefes militares ha sido otra. Controlan grandes negocios. Suyas son las decisiones en Transporte y Obras Públicas, Finanzas y Banca Pública, Vivienda y Habitat, Producción Agrícola y Tierras, Pesca, y en Energía Eléctrica. No podía faltar Interior y Justicia. Han colonizado y controlado la administración pública, lo que no han hecho en las fronteras.

Ahora todos los ministros, no sólo los militares al frente de las carteras antes nombradas, rendirán cuenta a Padrino López y la excusa es que este oficial es el jefe de la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, como pomposa y aparatosamente llaman al nuevo cambur.

Los deberes que la Constitución les impone los tienen abandonados pero se pusieron donde hay. Lo que falta es que Maduro en uno de sus frecuentes lapsus lo llame Presidente Padrino.

 

Hace dieciocho años el chavismo inició su gobierno. Sucedieron al Movimiento al Socialismo y a Convergencia, quienes con Caldera a la cabeza administraron el país los cinco años precedentes al triunfo electoral de Chávez.

Dispusieron de una nueva Constitución que creaba las condiciones ideales para alcanzar los retos que se habían propuesto para hacer la revolución.

La Asamblea Constituyente que sirvió de marco para la aprobación de la Constitución cambió el poder judicial, juez por juez. También cambió la conformación del Consejo Supremo Electoral que pasaría a llamarse Consejo Nacional Electoral y a estar dirigido por rectoras en vez de conformado por representantes de los partidos políticos.

Cambios operaron por igual en la Contraloría General de la República y en la Fiscalía. Convocaron nuevas elecciones en lo que se dio en llamar la relegitimación de los poderes y el chavismo obtuvo mayoría en la nueva Asamblea Nacional, en las gobernaciones y en las Alcaldías.

Con todo el poder transcurrieron diecisiete años hasta que este año 2016 se instaló una Asamblea Nacional en la que el chavismo está de minoría después de perder las elecciones del pasado 6 de diciembre.

Ese control institucional blindado ha servido para que la Contraloría se haga de la vista gorda con el saqueo de las arcas públicas y para que el Tribunal Supremo de Justicia de piso jurídico a grotescas violaciones de la Constitución y de las leyes.

Dinero tampoco les faltó. Impusieron el impuesto al valor agregado y crearon impuestos disfrazados de tasas para evadir el debate parlamentario. El Seniat anuncia cada año, con bombos y platillos, records de recaudación y esa fiesta propagandística ha dejado constancia de jugosos ingresos.

Por más de diez años el barril de petróleo se vendió por encima de los cien dólares y los demás años a setenta, ochenta dólares, más de siete veces lo que cuesta producir cada barril.

Ha sido un mandato sin interrupción, dieciocho años continuos. Han tenido, pues, tiempo, recursos financieros y apoyo institucional absoluto.

Sólo faltó capacidad y probidad en quienes se ataron a un modelo totalitario que suprimió libertades económicas y políticas, dando por resultado la ruina de hoy.

@claudioefermin

 

El artículo 72 de la Constitución establece que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. No para darle rienda suelta a sentimientos viscerales ni a antojos de quienes pudieran albergar antipatías por un funcionario en particular. Se trata de salir a tiempo de un gobernante que a la mitad del período ha demostrado que sólo lo haría peor si permaneciera en el cargo.

Atendiendo a esa disposición constitucional tenemos un nuevo derecho político, revocar malos gobernantes para recomponer las instituciones y los programas que fueron dañados por aquel cuyo mandato fue derogado.

Ese es el caso de Maduro. Llegó a la presidencia impuesto a dedo, como si se tratase de una herencia personal. No hubo consultas a las bases del PSUV para determinar quién estaría de candidato en las elecciones que llenarían la vacante del presidente Chávez.

Con su postulación se pisoteó la Constitución porque el artículo 229 prohíbe expresamente a quienes estén de Vicepresidentes, Ministros, Gobernadores o Alcaldes, postularse a la Presidencia de Venezuela. Maduro ejercía la Vicepresidencia Ejecutiva para el momento cuando fue postulado y el Tribunal Supremo de Justicia convalidó esa violación constitucional.

La letra constitucional que si han seguido al pie de la letra, como si fuese su guía, es el artículo 233, según el cual si el Presidente es revocado durante los dos últimos años de su período constitucional, el Vicepresidente asumiría la Presidencia y completaría el período.

Por eso es que sabotean el referendo revocatorio. Si a Maduro se le revocare el año 2017 y no este año 2016 como el pueblo reclama, entonces seguiría mandando el PSUV, con las mismas políticas, con los mismos ministros y estaría de Presidente quien Maduro designe antes de irse.

En vez de ser penalizado, el revocado sería premiado decidiendo la suerte de Venezuela. Ese es uno de los muchos absurdos de esa Constitución.

Los jerarcas del chavismo quieren evitar que los ciudadanos se expresen a tiempo, que no puedan corregir el errático rumbo de un gobierno que ha arruinado a Venezuela.

Total, la fulana democracia participativa era un cuento de camino. Lo único que les importa es el poder por el poder.

@claudioefermin

 

Más de dos años de colas en todos los pueblos. Colas para conseguir algo de comida. Colas para tratar de dar con las medicinas que se necesitan en la casa.

Después de un plantón de varias horas apenas puede alguien llevarse un paquete de algo, de cualquier cosa. Y en las farmacias la gente sale con las manos vacías.

Las raciones de comida se han reducido y los adultos dejan de comer para que puedan hacerlo los niños y los ancianos. Hipertensos, asmáticos y diabéticos andan a su suerte. Abandonaron sus tratamientos debido al desabastecimiento de fármacos.

El gobierno continúa con las mismas políticas que llevaron al desmantelamiento del aparato productivo y a la escasez, con el agravante de negarse a aceptar ayuda humanitaria. Organismos internacionales y otros países resueltos a ayudar con alimentos y medicinas pero Maduro se niega porque afirma que estamos produciendo y que hasta tenemos capacidad para exportar.

La situación se ha agravado. Siguen largas colas en todas partes. Ni los bachaqueros consiguen productos para su reventa. La impotencia crece y el saqueo se convierte en noticia cotidiana.

Saqueos en panaderías y mercados en La Urbina. Saqueos por varios días seguidos en diferentes barriadas y sectores de Petare. Saqueos en Catia. No hay organismo público que ponga orden y menos que ofrezca soluciones. El país está al garete.

En San Juan de los Morros el pueblo grita ¡tenemos hambre! Y saquea aquí y allá.

En Cumaná el pasado martes se presentó el caos total. Ríos de viejos, muchachos y mujeres salían de La Llanada, de Brasil, de El Peñón y Las Palomas. Tomaron el centro de la ciudad. Saquearon panaderías, supermercados, ópticas, tiendas de ropa, depósitos de PDVAL, licorerías, camiones y todo cuanto estuviera a su alcance.

Bandas de motociclistas armados disparaban con frenesí. Intentaron meterse a casas y edificios. Los saqueadores eran trasladados en autobuses. Un operativo bien montado. Las tanquetas disparaban bombas a las casas.

Hambre y vandalismo. Desesperación y malandraje. Hay que preguntarse a quién conviene este desastre.

Centenares de negocios no abrirán más sus puertas en Petare, ni en San Juan de los Morros ni en Cumaná. El país en ruinas y sin gobierno.

@claudioefermin