Carlos Patiño

Get up, stand up: stand up for your rights!
Bob Marley

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS no se limita a las acciones judiciales internas y a las denuncias internacionales para la obtención de justicia y reparación. También incorpora una amplia gama de alternativas extra jurídicas que complementan la exigencia de derechos.

Más aún, si nos encontramos ante un contexto no democrático donde el poder fáctico controla las instituciones del Estado, asegurando impunidad para sus altos funcionarios. Se trata del componente activista que trasciende la esfera jurídica para ingresar al escenario de los mecanismos de acción no violenta, o dicho de otro modo, de resistencia cívica, del uso organizado y estratégico de métodos no convencionales y no violentos por parte de personas comunes contra la opresión.

En tiempos de dictadura, la resistencia cívica se articula por medio de esfuerzos colectivos, movimientos y campañas destinadas a lograr un cambio en el orden político, económico y social. Es lo que expertos como Gene Sharp han denominado “jiu jitsu político”.

Sharp identificó 198 métodos de acción no violenta divididos en:

1. Métodos de protesta y persuasión (declaraciones y manifiestos, publicaciones, difusión del mensaje en medios de comunicación, marchas, espectáculos musicales).

2. Métodos de no cooperación social (boicot social, no cooperación en eventos institucionales, paro estudiantil).

3. Métodos de boicot económico (boicot laboral, cierre temporal de comercios, rechazo de la moneda del gobierno).

4. Métodos de no cooperación económica (huelgas relámpago, huelga general).

5. Métodos de no cooperación política (negativa a aceptar los funcionarios nombrados, negativa a disolver las instituciones existentes, desobediencia civil a leyes ilegítimas, no obediencia popular).

6. Métodos de intervención no violenta (ocupación no violenta de espacios públicos, huelga de hambre, obstrucción temporal no violenta, soberanía dual y gobierno paralelo).

De acuerdo a un estudio de las también expertas Maria Stephan y Erica Chenoweth, quienes analizaron 323 campañas de resistencia violenta y no violenta dirigidas a gobiernos no democráticos; entre los años 1900 y 2006, las campañas no violentas han tenido éxito el 53 por ciento de las veces, en comparación con el 26 por ciento de la resistencia violenta.

Para ello es fundamental que los movimientos impliquen una participación popular generalizada y alerten, eduquen y movilicen a las personas para generar el cambio; dosificando las expectativas e intentando no desesperarse por la duración de la acción de resistencia. La prisa y la improvisación suelen ser malas consejeras y cada contexto es único.

Desde el movimiento de derechos humanos, organizaciones y activistas continuaremos acompañando a las víctimas de la dictadura, combinando las acciones de defensa formales con acciones de exigibilidad alternativa no violenta, convocando a los venezolanos a levantarse por sus derechos. Seguimos en resistencia cívica.

“Cuando se juega al juego de tronos sólo se puede ganar o morir. No hay puntos intermedios”.

Canción de Hielo y Fuego; George R. R. Martin

Si analizar posibles escenarios sobre el futuro de Venezuela se hace complejo para los propios venezolanos, lo es aún más para los extranjeros que intentan separar la paja del trigo entre la realidad de los hechos y las distorsiones informativas que promueve el gobierno de facto a través de su aparato de propaganda, con el bonus track del chantaje ideológico.

Ante lo impredecible de una trama que parece escrita por George R. R. Martin, comparto un par de reflexiones que intentan responder algunas preguntas formuladas por amigos de la región: 

¿Es viable un cambio de gobierno en Venezuela? 

El cambio de gobierno en Venezuela es viable y necesario, el actual modelo es insostenible. Para lograr ese cambio es necesario escalar la presión social e internacional, y a su vez, abrir canales de negociación política para la resolución del conflicto. El mecanismo idóneo es la realización de elecciones libres, creíbles e inclusivas, en la línea del Grupo de Contacto Internacional (CGI).

Ahora bien, el hecho de que sea viable, no es garantía de que se concrete. Hablamos de una dictadura represora con diversos intereses que lo atornillan al gobierno, con una lógica militar de avance, repliegue y contrataque; que hará lo posible por permanecer en el poder hasta el último minuto, siempre que permanecer en él tenga menos costo que salir.

¿Qué elementos son necesarios para avanzar en un proceso de transición en Venezuela? 

Es necesario el acompañamiento internacional tanto para el proceso de elecciones como para la transición. Ello requiere distintos tipos de acompañamiento para generar confianza e inclusión, para contener abusos y para fortalecer la economía. La transición en Venezuela no solo debe ser política sino social y económica por la gravedad de la catástrofe humanitaria. Debe incorporarse al debate la noción de “Memoria, Verdad y Justicia”, como mecanismo para conocer la verdad de los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridas, reparar los daños y evitar su repetición.

¿Es inminente una intervención armada en Venezuela?

A corto plazo es poco probable, debido al costo político y económico que ello representa, más allá de las estridentes amenazas del gobierno de Trump. No obstante, a mediano plazo, es una posibilidad en caso de que Maduro insista en mantenerse en el poder y las estrategias de la oposición liderada por Guaidó, que tiene el apoyo popular pero no el poder fáctico, acusen ineficacia o desgaste. Dependerá además de la violencia que use Maduro para sostenerse, del cierre de vías de negociación y deterioro de lo humanitario. A ello habría que agregarle que América Latina no resiste otros 2 millones más de migrantes forzados.

Finalmente, otro escenario no descartable en caso de cierre de una salida negociada a la crisis, es el de focos insurreccionales armados, prolongados en el tiempo. Un conflicto armado interno agudizaría la catástrofe humanitaria responsabilidad de la dictadura.

Carlos Patiño

@carlosdpatino

“El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y despareció el mago”

Woody Allen

EN AGOSTO del año 2009, Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (SINTRAFERROMINERA), dirigió una huelga en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva de trabajo. Una vez levantada la huelga y resuelto el conflicto, fue encarcelado y juzgado, para finalmente declararlo inocente.

Transcurrida casi una década desde su primera privativa de libertad, Rubén González fue detenido arbitrariamente por segunda vez el día 29 de noviembre de 2018, imputándole los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada. A la fecha, Rubén sigue encarcelado en una prisión militar por el simple hecho de ser consecuente en su lucha por los derechos humanos laborales.

Desde finales de 2018 y con especial encono luego del mega apagón rojo que cubrió de tinieblas a Venezuela por más de 100 horas desde el 07 de marzo de 2019, los trabajadores criminalizados y encarcelados como chivos expiatorios de la mala gestión de la revolución bolivariana. Sólo entre noviembre y diciembre de 2018, un total de 16 sindicalistas de las empresas básicas de Guayana fueron encarcelados y acusados de delitos como: agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada; entre otros.

El 09 de marzo de 2019, en el transcurso del apagón nacional, Ángel Sequea Romero, ingeniero de Corpoelec, fue asesinado en los calabozos del CICPC San Félix. Según declaraciones de Tarek William Saab, la autopsia reveló asfixia por estrangulamiento. Ángel fue detenido una semana antes de su muerte, acusado de supuesto robo de “material estratégico”. Coincidencialmente, dos semanas después, el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Sector Eléctrico del estado Bolívar, (Suteeb) Francisco Alarcón Orozco, fue hallado muerto en su casa colgando de una sábana. El CICPC sospecha “motivos pasionales”.

Otro trabajador de Corpoelec Guayana, Geovanny Zambrano, fue desaparecido forzosamente por uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entre el 11 y el 12 de marzo, recibiendo privativa de libertad el 18 de marzo de 2019, acusado de los presuntos delitos de asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje.

La persecución en contra de Zambrano comenzó en febrero de 2019, luego de acompañar unas declaraciones en torno a la crítica situación de la industria eléctrica por falta de mantenimiento y corrupción. Dos días después, los trabajadores que participaron de la rueda de prensa, Damarys Cervantes, Juan Ramón Barrios y el propio Zambrano, recibieron cartas de jubilación “especial”.

Apenas días después del encarcelamiento de Zambrano; Asención María Caraballo y Marlyn de González, trabajadoras de Telemática de Corpoelec, fueron detenidas arbitrariamente y liberadas posteriormente tras más de 10 horas de interrogatorios. En ambos casos, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) incautaron sus computadoras y teléfonos celulares.

Desde el año 1999, desde los tiempos de Hugo Chávez hasta el actual gobierno de facto de Nicolás Maduro; Provea ha registrado aproximadamente 150 sindicalistas sometidos a juicios penales. Casos emblemáticos como los 5 trabajadores de la empresa constructora Xacobeo que construía viviendas en el Fuerte Murachí, que en 2012 fueron sometidos a la justicia militar siendo civiles, dejaban registro de la arremetida que vendría.

Tanto en los gobiernos de Chávez como de Maduro se configuró un andamiaje jurídico para criminalizar el ejercicio de la libertad sindical, el derecho a la manifestación, a huelga y a la opinión. Reglamentos y leyes como el Código Penal, la Ley de Seguridad de la Nación, la Ley Especial contra el Acaparamiento y el Boicot, el Código de Justicia Militar e incluso sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, constituyen un cerco jurídico que obstaculiza y genera riesgos a la libertad de toda persona que se proponga exigir y defender derechos.

Tal como henos expresado antes, el falso gobierno obrero de Nicolás Maduro, no protege ni reivindica sus derechos, sino que persigue, encarcela y condena a los obreros.

 @carlosdpatino

“El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y despareció el mago”

Woody Allen

En agosto del año 2009, Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (SINTRAFERROMINERA), dirigió una huelga en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva de trabajo. Una vez levantada la huelga y resuelto el conflicto, fue encarcelado y juzgado, para finalmente declararlo inocente.

Transcurrida casi una década desde su primera privativa de libertad, Rubén González fue detenido arbitrariamente por segunda vez el día 29 de noviembre de 2018, imputándole los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada. A la fecha, Rubén sigue encarcelado en una prisión militar por el simple hecho de ser consecuente en su lucha por los derechos humanos laborales.

Desde finales de 2018 y con especial encono luego del mega apagón rojo que cubrió de tinieblas a Venezuela por más de 100 horas desde el 07 de marzo de 2019, los trabajadores criminalizados y encarcelados como chivos expiatorios de la mala gestión de la revolución bolivariana. Sólo entre noviembre y diciembre de 2018, un total de 16 sindicalistas de las empresas básicas de Guayana fueron encarcelados y acusados de delitos como: agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada; entre otros.

El 09 de marzo de 2019, en el transcurso del apagón nacional, Ángel Sequea Romero, ingeniero de Corpoelec, fue asesinado en los calabozos del CICPC San Félix. Según declaraciones de Tarek William Saab, la autopsia reveló asfixia por estrangulamiento. Ángel fue detenido una semana antes de su muerte, acusado de supuesto robo de “material estratégico”. Coincidencialmente, dos semanas después, el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Sector Eléctrico del estado Bolívar, (Suteeb) Francisco Alarcón Orozco, fue hallado muerto en su casa colgando de una sábana. El CICPC sospecha “motivos pasionales”.

Otro trabajador de Corpoelec Guayana, Geovanny Zambrano, fue desaparecido forzosamente por uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entre el 11 y el 12 de marzo, recibiendo privativa de libertad el 18 de marzo de 2019, acusado de los presuntos delitos de asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje.

La persecución en contra de Zambrano comenzó en febrero de 2019, luego de acompañar unas declaraciones en torno a la crítica situación de la industria eléctrica por falta de mantenimiento y corrupción. Dos días después, los trabajadores que participaron de la rueda de prensa, Damarys Cervantes, Juan Ramón Barrios y el propio Zambrano, recibieron cartas de jubilación “especial”.

Apenas días después del encarcelamiento de Zambrano; Asención María Caraballo y Marlyn de González, trabajadoras de Telemática de Corpoelec, fueron detenidas arbitrariamente y liberadas posteriormente tras más de 10 horas de interrogatorios. En ambos casos, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) incautaron sus computadoras y teléfonos celulares.

Desde el año 1999, desde los tiempos de Hugo Chávez hasta el actual gobierno de facto de Nicolás Maduro; Provea ha registrado aproximadamente 150 sindicalistas sometidos a juicios penales. Casos emblemáticos como los 5 trabajadores de la empresa constructora Xacobeo que construía viviendas en el Fuerte Murachí, que en 2012 fueron sometidos a la justicia militar siendo civiles, dejaban registro de la arremetida que vendría.

Tanto en los gobiernos de Chávez como de Maduro se configuró un andamiaje jurídico para criminalizar el ejercicio de la libertad sindical, el derecho a la manifestación, a huelga y a la opinión. Reglamentos y leyes como el Código Penal, la Ley de Seguridad de la Nación, la Ley Especial contra el Acaparamiento y el Boicot, el Código de Justicia Militar e incluso sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, constituyen un cerco jurídico que obstaculiza y genera riesgos a la libertad de toda persona que se proponga exigir y defender derechos.

Tal como hemos expresado antes, el falso gobierno obrero de Nicolás Maduro, no protege ni reivindica sus derechos, sino que persigue, encarcela y condena a los obreros.

/ Carlos Patiño @carlosdpatino

“¿Qué éramos nosotros que nos habíamos extraviado allí?, ¿podríamos dominar aquella “cosa” muda o nos dominaría ella a nosotros?”

El corazón de las tinieblas; Joseph Conrad

EL JUEVES 7 DE MARZO de 2019 el país quedó en tinieblas. Un “Mega Apagón” asoló a Venezuela por más de 100 horas, incomunicando desde las principales ciudades hasta los pueblos más recónditos. Tal situación agravó la emergencia humanitaria compleja: el colapso de los servicios públicos, el acceso a alimentos y medicinas, al agua potable, y en última instancia, el derecho a la vida de personas vulnerables. Una responsabilidad directa de los administradores de la crisis: los ejecutores del gobierno de facto.

Según el escritor Joseph Conrad, el semi inexplorado Congo africano del siglo XIX albergó el “corazón de las tinieblas”: más que un lugar, una condición del ser humano. Quienes forzosamente transitamos esta pesadilla fabricada por los hombres en pleno siglo XXI como lo es la absurda y despiadada revolución bolivariana, en tiempos donde se masacran, no aborígenes africanos sino indígenas pemones, no podemos apartarnos de la comparación cuando del descenso a los infiernos se trata.

En Venezuela, las tinieblas han sido literalizadas con mega apagones de hasta 4 días continuos. Quienes denuncian la ineficacia o mala gestión que ha llevado a la ruina nuestro sistema eléctrico, son criminalizados, allanados y encarcelados. Las ambiciones y desmanes de la revolución bolivariana de Nicolás Maduro nada tienen que envidiarles a las atrocidades del imperio colonial belga de Leopoldo II en la desembocadura del río Congo.

Cuando del poder a toda costa se trata, la vileza humana no conoce de ideologías. La catástrofe ocasionada por regímenes autoritarios parece no tocar fondo. El daño, ya no solo es material y físico: es psicológico. Como una ironía de la vida, Leopoldo II murió de una hemorragia cerebral.

Conrad alguna vez confesaría: «Antes del Congo, yo era sólo un animal». Yo confieso: Antes de la revolución, fui sólo una persona con una vida normal.

@carlosdpatino

“No puede haber dictador sin su ejército.”

Pancho Villa

ROBERTH REGRESÓ A CASA CON LA ESPERANZA RENOVADA LUEGO DE MARCHAR junto a millones de venezolanos por las calles de Caracas. Ese 23 de enero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó Presidente interino de Venezuela en un multitudinario cabildo abierto, en claro desafío a la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. La extenuante jornada no le impidió a Roberth salir de nuevo a manifestar en horas la noche: por primera vez el sector Los Frailes de Catia, demarcado políticamente como “territorio chavista”, se rebelaría por segundo día consecutivo contra la dictadura.

En sus planes inmediatos estaba emigrar para Argentina en mayo buscando nuevas oportunidades. Antes se casaría con Yuraima y renunciaría a la ferretería. La pareja anhelaba tener un hijo y la crisis económica y social del país los desalentaba. Quizás lo que más le preocupa era dejar a su madre que padecía Alzheimer y cuyo cuidado debía turnar con sus hermanas. Esa empatía formaba parte de su personalidad religiosa; desde niño fue monaguillo de la iglesia San José Obrero.

Los manifestantes se fueron congregando pasadas las 10 de la noche en la boca de lobo que eran las calles. En horas de la mañana, personajes anónimos dispararon contra los transformadores eléctricos de la zona, cortando el servicio de luz. El grupo alcanzaba las 40 personas. Levantaron barricadas en los alrededores del liceo Luis Espelozín y en la desembocadura de la calle que conduce a la avenida Sucre. Los fogonazos de los escombros quemados era el único alumbrado del barrio, hasta que aparecieron los faros de las motos.

-¡Corran, corran! ¡Llegaron los Colectivos!

Era cerca de la medianoche cuando los manifestantes se vieron obligados a huir ante la amenaza de los civiles paramilitares que imponen el control político de Catia con la intimidación de las armas. En ese momento llegó la emboscada. Las motocicletas del FAES aparecieron en la dirección contraria de donde los Colectivos paramilitares se habían apostado.

El grupo corrió hacia una empinada cuesta que comunica con otros sectores, pero Roberth, en su desespero, se separó y cruzó al otro extremo de la calle. Los miembros del FAES comenzaron a disparar. “Un tiroteo espantoso”, dirían los vecinos. Roberth, desarmado, alzó las manos y pidió clemencia a los funcionarios. Acto seguido, un balazo lo derriba, emite un grito ahogado y se tapa con la mano la perforación en el cuello. El FAES avanza por otras calles su cacería nocturna mientras Roberth es auxiliado por vecinos que se atreven a salir y lo resguardan en un callejón conocida como “La cueva”.

Un voluntario se ofrece y lo lleva al Hospital Periférico de Catia mientras se va desangrando en el camino. A las 4 de la mañana del día 24 de enero, Roberth Cabello, de 33 años de edad, muere víctima de la violencia represiva de los cuerpos de seguridad policiales y paramilitares de la dictadura en Venezuela. Testigos alegan indignados que, al levantar el acta policial, el CICPC amenazó con la “desaparición” del cuerpo si no aceptaban firmar la versión que indicaba “actos de terrorismo” y “enfrentamiento” con los cuerpos de seguridad.

Creado como un grupo táctico especial, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, fue activada el 14 de julio de 2017 como cuerpo de élite para “combatir el crimen y el terrorismo”; entendiéndose que para la dictadura la palabra terrorismo es sinónimo de protesta, reclamo a la gestión pública u oposición política. Sus miembros son seleccionados y entrenados en tácticas de asalto y de combate, equipados con armas y dispositivos especiales de índole militar bajo una lógica de guerra.

El FAES se ha consolidado como un grupo de exterminio que sustituyó a las infames OLP (Operativos de Liberación del Pueblo) como escuadrones de persecución selectiva con patrones de allanamientos, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo a un Informe Especial de Provea, el FAES asesinó a 205 venezolanos en un año, entre enero y diciembre de 2018. Para el 2019, en apenas 5 días, entre el 21 y el 25 de enero, Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registran al menos 8 casos de ciudadanos que participaron en protestas y que fueron ejecutados por agentes de las FAES. Uno de ellos fue Roberth Cabello, a quien le truncaron su sueño de casarse, migrar a otro país y ser padre, por manifestar su descontento contra la revolución bolivariana.

@carlosdpatino

EN 2016 PROVEA CALIFICÓ AL GOBIERNO de Nicolás Maduro de “dictadura moderna”, como consecuencia de la suspensión ilegal del proceso de referendo revocatorio convocado por la oposición venezolana. Los argumentos esgrimidos para tal denominación partían de su legitimidad de origen, el voto en las elecciones de 2013, pero dicha legitimidad, en el ejercicio del poder, se fue diluyendo, al punto de suspender elecciones hasta tanto pudiera “ganarlas” de forma fraudulenta. Esta característica lo diferenciaba de una dictadura clásica de arribo al poder por la vía del golpe de Estado.

Maduro había llegado a la presidencia por la vía democrática, luego de una elección, que si bien fue cuestionada por la mínima diferencia con el candidato opositor Henrique Capriles (1,77%), finalmente fue reconocida por todos los sectores. No obstante, el autobús de Maduro se fue descarrilando en el camino a través de leyes, decretos y cooptación de los poderes públicos; de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, llevando por el despeñadero los remanentes de su popularidad y de la democracia.

La terquedad del gobierno de mantenerse a la fuerza en el poder a pesar de la crisis política, económica y social en la que ha sumido a Venezuela, lo llevó a consumar el fraude electoral del 20 de mayo de 2018. En consecuencia, finalizado el período de Nicolás Maduro, no hubo ninguna elección presidencial para sustituirlo para el nuevo período que inicia el 10 de enero de 2019, pues el evento del 20-M no puede ser considerado una elección libre ni creíble y por ende se llega a la fecha sin «candidato elegido” como establece la Constitución.

Por ende, Maduro pasa a ser un presidente «de facto» al usurpar funciones, y debe convocarse de inmediato a un proceso electoral con todos los plazos y garantías necesarias, el cual no se realizó durante el período del presidente saliente. Un gobierno «de facto» jurídicamente significa que no es ni legal ni legítimo. De hecho, la propia CIDH, en el caso del golpe de Estado en Honduras, estableció que «un gobierno de facto es el que no tiene legitimidad de origen»; situación que ocurriría en Venezuela a partir del 10 de enero si Nicolás Maduro se juramenta y toma posesión del cargo. Asimismo, el artículo 138 de la CRBV, establece que: «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos». Esto aplicaría para sus Ministros y todo funcionario que designe.

No comparto el criterio de calificar la situación como «falta absoluta». Para ello, según los artículos 231 y 233 de la CRBV, debe cumplirse el supuesto de un «presidente electo». Si decimos que lo ocurrido el 20-M no fue una elección sino una farsa, entonces no hay candidato electo. Además, la falta absoluta obligaría a una nueva elección «dentro de los 30 días consecutivos siguientes». Una elección en 30 días sería peor a la del 20-M pues ese lapso no sería suficiente para cambiar al CNE, evidentemente cooptado por el partido de gobierno, para una observación internacional fiable, la depuración del Registro Electoral Permanente, la habilitación de candidaturas de opositores al gobierno, etc.

En conclusión, al término del período de Nicolás Maduro no hubo presidente legítimamente electo, por lo que corresponde a la Asamblea Nacional, único poder constituido legítimo y por el voto, frente a un gobierno de facto, garantizar la realización de elecciones presidenciales democráticas. La respuesta frente a esta crisis política y social es clara: la movilización y presión conjunta de la sociedad civil democrática, las organizaciones sociales venezolanas, la Asamblea Nacional, los organismos internacionales de protección de derechos humanos, la comunidad internacional, y el pueblo en su ejercicio intransferible de soberanía y deber de restablecimiento del orden constitucional, con el firme propósito de detener el avance del gobierno de facto, responsable de vulnerar las libertades y los derechos económicos y sociales de la población.

@carlosdpatino

“Que reine la libertad. El sol nunca se pone en tan glorioso logro humano”.

Nelson Mandela

EN LA FASE DE EXAMEN PRELIMINAR, como es el caso de Venezuela desde febrero de 2017, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reúne información del presunto delito y determina si tiene competencia. Si de la información se desprende que se ha cometido un tal delito y permanece impune, la Fiscalía de la CPI debe iniciar una investigación.

La investigación puede incluir declaraciones de las víctimas y testigos y la obtención de pruebas en relación con el delito y con quienes lo perpetraron. Si la CPI concluye que hay altas probabilidades de que se haya cometido el crimen, emite una orden de detención de los responsables y una orden de comparecencia ante la CPI. La Corte no cuenta con una fuerza policial propia, por lo que habitualmente solicita la colaboración de los Estados Partes para la captura de los procesados.

Si la CPI concluye que existen pruebas suficientes para acreditar que se ha cometido un delito, fija la realización de un juicio público en su sede en La Haya, Países Bajos. Los jueces reciben todas las pruebas, así como las declaraciones de las víctimas y testigos durante el juicio. Luego deliberan y llegan a una decisión. Es necesario que los jueces alcancen una decisión por mayoría para declarar a una persona culpable de un delito. La CPI cuenta con 18 jueces, elegidos por los Estados Parte por un mandato de 9 años. No pueden ser reelegidos y no puede haber dos jueces que procedan de un mismo país.

Las víctimas pueden participar voluntariamente del proceso: comunican al Tribunal sus intereses e inquietudes; no requieren presentarse en persona y pueden estar representadas por un abogado o una ONG. Por su parte, un testigo (que puede ser una víctima), es llamado especialmente por la Defensa, la Fiscalía o la Corte. El testigo siempre rinde testimonio en persona.

Como dato a tener en cuenta, es muy probable que para el 2019, la Fiscalía de la CPI tome una decisión de su Examen Preliminar en curso, sobre si abre una investigación en cuanto a la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, o si decide cerrar el caso. Sin embargo, el proceso, hasta su fase final, puede durar años.

Si una persona es declarada culpable de la comisión de un delito, será condenada a cumplir pena de prisión en uno de los Estados Parte y puede ser obligada a reparar el daño causado a las víctimas. Por ejemplo, puede exigirse al culpable que realice una disculpa pública, que devuelva bienes o que efectúe pagos. Si se le exige la devolución de bienes o la realización de pagos, la CPI asiste a las víctimas en el trámite de reclamación y percepción de las reparaciones a través de un Fondo para las Víctimas.

Carlos Patiño

@carlosdpatino