Carlos D Hoy

El trágico recuerdo de la Masacre de Tumeremo se cierne nuevamente sobre la población del municipio minero de Sifontes, al sur del estado Bolívar, en donde un grupo de familiares denunció este lunes la desaparición de más de una decena de trabajadores de la minería, señalando como posible causa de esta situación un enfrentamiento armado por el control de la mina El Candado.

La explotación en el yacimiento de oro, ubicado en la vía al sector El Bochinche del municipio Sifontes, ha generado de acuerdo con testigos del lugar una pugna violenta entre integrantes de la banda de Jhosue Zurita, alías el Coporo, y sujetos identificados como la guerrilla colombiana- Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Ejercito Bolivariano de Venezuela, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) intentaron ingresar la tarde de este lunes al lugar descrito por los familiares, pero la vía es de difícil acceso lo cual ha demorado la incursión.

Las pesquisas se activaron este martes en dos etapas: una parte del recorrido en vehículos rústicos y la otra en motos debido a las dificultades de acceso. Mientras tanto, un helicóptero del Ejército ocupado entre otros por el Mayor General (M/G) Jesús Mantilla Oliveros, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI Guayana), sobrevuela el área de la mina.

El Ministerio Público designó a la Fiscalía 5ta a cargo de la Dra.Yennifer Durán para llevar la investigación del caso.

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, difundió una lista con los nombres de seis personas heridas y otras 16 que se encontrarían desaparecidas en lo que calificó como «La Masacre de Bochinche», sin embargo, las autoridades mantienen total cerrojo con respecto a los detalles de la operación y del caso.

1/3Este es el listado de heridos (6) y desaparecidos (16) reportados desde #Tumeremo en lo que ya se conoce como la #MasacreDeBochinche de parte del ELN colombiano en su acción en el #ArcoMinero Solo aquí pic.twitter.com/UnYbQSBUp1

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 16 de octubre de 2018

Según lo manifestado por los habitantes de Tumeremo, el domingo 14 de octubre en la tarde hubo un enfrentamiento entre integrantes de la banda de Jhosue Zurita, alías el Coporo y sujetos identificados como la guerrilla colombiana- Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Otras versiones ratifican el hecho de la confrontación pero entre bandas locales por el control de la mina, sin confirmar la presencia de una célula de la guerrilla colombiana.

Un hecho confirmado fue el ingreso de seis personas heridas de bala al hospital Dr. José Gregorio Hernández de Tumeremo, lo cual activó las alarmas en el pueblo y la preocupación de las familias no se hizo esperar. Los heridos procedían de la mina El Candado, vía hacía sector El Bochinche y afirmaron que en el sitio habían quedado más personas.

Las familias se organizaron y se reunieron en el sector La Teja-entrada que conduce hacía la mina-, a la espera de que comisiones ingresaran a la zona para constatar la situación.

El horror de la violencia minera

La explotación del oro ilegal como vía de la sobrevivencia económica al sur del estado Bolívar, en un clima hostil controlado por bandas armadas y una actuación cómplice de los cuerpos militares, ha derivado en capítulos de horror como la Masacre de Tumeremo, en marzo de 2016, y otras tantas que han conmocionado al país.

En agosto de este año, la confrontación armada por un yacimiento de oro en la población de Maripa dejó seis fallecidos, entre ellos, el líder de una comunidad indígena.

Los conflictos alrededor de las zonas auríferas aumentaron a raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco, que no solo ha dejado una devastación ambiental en la región sino también masacres como esta.

La caída de los precios petroleros en 2014, el fracaso en las políticas económicas (entre ellas, el motor minero) y la conflictividad política se han traducido en una nueva apuesta de Miraflores: la explotación minera como auxilio financiero. En esta región, el mercurio y la sangre se mezclan. Así como la violencia, la anarquía y la impunidad. La plataforma digital InfoAmazonia investigó el alcance social, político, económico y ecológico del Arco Minero del Orinoco en un reportaje titulado Explorando el Arco Minero.

@PableOstos

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Una adolescente de 15 años de edad, de nombre Givanna Vanessa Solano López, fue asesinada por un hombre armado, quien fue identificado por la policía bajo el alias de “Bombillo”.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 10 de marzo de 2024, en la zona 6 del barrio José Félix Ribas, de Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

La joven estaba caminando por el sector, cuando la interceptó “Bombillo», quien bajo amenaza de muerte, le exigió que entregara el teléfono, lo revisó y, sin mediar palabras, le disparó con una escopeta en la boca; luego huyó. 

Según los datos suministrados por fuentes de la Policía Municipal de Sucre, el presunto asesino, alias “Bombillo”, sería un integrante de la banda de Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, alias ‘Wilexis’, que opera en el populoso barrio José Félix Ribas, de Petare.

Los funcionarios policiales no poseen mayores datos sobre la identidad del victimario.

Comisiones del Cicpc acudieron al lugar de los hechos, para realizar el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones dirigidas a dar captura al responsable del asesinato.

Givanna Solano es la sexta mujer asesinada en el Área Metropolitana de Caracas en lo que va del año 2024, de acuerdo con la data recopilada por Monitor de Víctimas.

Este es uno de los 10 homicidios ocurridos en el municipio Sucre, este año, cifra que representa casi 60% de los crímenes cometidos en toda el Área Metropolitana de Caracas durante ese período, en el que se ha registrado la muerte violenta de 17 personas.

@carlos_dhoy

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José Oswaldo Mendoza Valero, de 47 años de edad, era un comerciante, de esos conocidos como “los gochos”, que se dedican a vender frutas y hortalizas cosechadas en las montañas de los estados andinos, particularmente en Trujillo.

A mediados de febrero pasado, tal como lo venía haciendo desde hace varios años, viajó desde el sector Montero, municipio Urdaneta del estado Trujillo, hacia Caracas, con su camión cargado de verduras para comercializarlas, pero, misteriosamente, sus familiares perdieron todo contacto con él.

El 18 de febrero de 2024, recibieron una llamada telefónica, en la que les informaban que había sido secuestrado y que sería liberado a cambio de 20 mil dólares. La familia esperó una segunda llamada que nunca llegó.

Días más tarde, el 28 de febrero, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, informó a través de su cuenta de Instagram (@DouglasRicoVzla) que el caso habría sido resuelto.

El jefe de la policía científica, a través de su canal usual de información en la red social, dijo que el secuestro fue planificado por una banda integrada por Robert Pineda (fallecido); Joandry Leonardo Contreras Machado (25), apodado ‘Junior’; Trista Asdrúbal Martínez Montilla (23) y otro hombre apodado ‘Brayan’.

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Informó, además, que Robert Walfred Pineda Marcano, uno de los presuntos secuestradores, resultó muerto en una operación realizada por el Cicpc en el bloque 7 de la UD5 de Caricuao, donde residía.

Supuestamente, al percatarse de la presencia de las comisiones, Pineda Marcano se habría enfrentado a tiros y resultó herido, murió cuando era trasladado a un centro asistencial. Los funcionarios incautaron el arma de fuego usada en el enfrentamiento.

Sin embargo, familiares y vecinos de Robert Walfred Pineda Marcano negaron la versión de que fuese un secuestrador, así como de que se hubiese enfrentado a las comisiones del Cicpc.

La versión del Cicpc

Douglas Rico afirmó que la banda, además, contaba con la participación de una joven, a quien identificó como Francis Misel Hernández Terán (21), quien tendría una relación sentimental con Robert Pineda Marcano, y quien servía como señuelo para atraer a comerciantes. Luego, la joven los llevaba, supuestamente, a lugares apartados, donde eran dominados y secuestrados.

Rico dijo que en el caso de José Oswaldo Mendoza Valero, los secuestradores, al parecer, no consiguieron lo que querían, por lo que terminaron asesinando de múltiples disparos al comerciante de verduras.

Finalmente, el jefe policial informó que las pesquisas continúan con la intención de ubicar y detener a Joandry Leonardo Contreras Machado, Trista Asdrúbal Martínez Montilla, Francis Misel Hernández Terán y la persona de la que solo se conoce su apodo ‘Brayan’, quienes se encuentran en situación de fuga.

Poco común homicidios por secuestro

El asesinato del comerciante José Oswaldo Mendoza Valero y la muerte de Robert Walfred Pineda, uno de los supuestos secuestradores, se agregan a los 117 homicidios ocurridos en la parroquia Caricuao en los últimos siete años, de los cuales 11 ocurrieron en 2023 y uno, este año, según datos recopilados por Monitor de Víctimas.

“Las muertes a determinar” ocupa la segunda posición en el listado, con 26 casos, cuyo móvil no fue precisado por la policía o por familiares. Le siguen los robos, con 21 muertes, y los ajustes de cuentas ocupan la quinta posición, con 8 casos registrados.

Luego, están las riñas, con 3 casos; enfrentamientos entre bandas y abuso infantil, con 2 casos cada uno y, finalmente, crímenes de odio, violencia de género y sicariatos, con 1 caso cada uno.

El móvil de secuestro es uno de los menos habituales en la violencia capitalina. Un total de 16 personas fueron asesinadas bajo ese motivo, en los últimos siete años documentados por Monitor de Víctimas; ninguno había sido registrado en Caricuao.

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Los funcionarios seguían a unos presuntos ladrones de carros y le dispararon a John Frank Arrieche cuando se dirigía a su casa. Hasta noviembre de 2023, 24 homicidios se le atribuían a este cuerpo policial

@carlos_dhoy

Familiares de Jhon Frank Arrieche Arrieche, de 23 años, un joven que resultó muerto en una operación realizada el pasado domingo 17 de diciembre de 2023, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), denunciaron que fue asesinado por los funcionarios de este organismo policial, quienes intentaron simular un enfrentamiento.

Omaira del Carmen Arrieche, madre del joven, explicó que Jhon Frank salió, la noche del domingo, de su casa en Hoyo de La Puerta, a comprar cigarrillos.

“Llegó hasta el puesto de perrocalientes que está cerca de la entrada del cementerio de Hoyo de La Puerta, y el comerciante le regaló dos cigarros. Cuando venía de vuelta a la casa, pasando el puente de la autopista, llegaron los funcionarios disparando, porque supuestamente estaban persiguiendo a unos asaltantes, pero le dispararon a mi hijo, lo mataron. También mataron a una perra que teníamos”.

Omaira Arrieche agregó: “Luego, se llevaron el cuerpo y lo pusieron al lado de una camioneta que estaba toda tiroteada, y le tomaron fotos, como si mi hijo hubiese participado en ese hecho; pero mi hijo no estaba en ese tiroteo”.

Dijo que los policías no le dejaron llegar hasta donde estaba el cadáver de su hijo. “Él era inocente, estaba en la milicia. Nunca tuvo problemas con nadie, ni con asaltantes ni con nada”.

Luego, se llevaron el cuerpo del joven, al que posteriormente le hicieron la autopsia. El primer informe señalaba que había muerto en un enfrentamiento, pero tras denunciar el caso e ir al Cicpc, la madre de la víctima señala: “Se determinó que mi hijo, supuestamente, quedó atrapado en la línea de fuego, pero resulta que no hubo ningún enfrentamiento. No hubo ninguna línea de fuego; él fue asesinado”.

Los supuestos enfrentamientos con Cicp

Según datos recopilados por Monitor de Víctimas, un total de 1.798 personas han resultado muertas a manos de funcionarios del Cicpc y de la Policía Nacional Bolivariana, desde mediados del año 2017 cuando se inició el conteo de muertes violentas en Caracas.

Del total de muertes adjudicadas a cuerpos policiales nacionales, entre 2017 y 2023, 1.162 se atribuyen a funcionarios de la PNB y 636 corresponden al Cicpc.

En lo que va del año 2023, 76 personas murieron en casos que involucran a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y 24 a la policía científica; en total, se contabilizan 100 muertes hasta el mes de noviembre de 2023.

Al analizar el motivo de estos decesos, se observa que la mayoría de los casos que involucran a efectivos de la PNB fueron en presuntos ajusticiamientos, 40 casos de los 73, mientras que en 25 muertes hubo supuesta resistencia a la autoridad.

En cambio, en los casos que involucran al Cicpc, la mayoría de las muertes ocurrieron en supuestos enfrentamientos con la policía: 13 de 24 casos. Las denuncias de presuntas ejecuciones representaron un tercio de los 24 casos. En total, 7 personas murieron bajo ese móvil.

Los cuerpos fueron trasladados hasta la Morgue de Bello Monte, para hacerles los análisis médico legales. Foto: Carlos Ramírez/Archivo

Personal de la morgue de Bello Monte y cuerpos de seguridad aseguraron a Monitor de Víctimas que a esa dependencia habían ingresado los cadáveres. Hasta el mediodía del viernes 27, el Gobierno no había suministrado información oficial de muertos, heridos, fugados o recapturados, y ningún familiar de los fallecidos había acudido a retirar los cuerpos

@CARLOS_DHOY

Por lo menos, cinco reclusos resultaron muertos durante la operación mixta realizada por los ministerios de Interior Justicia y Paz, y Servicios Penitenciarios, el miércoles 25 de octubre de 2023, para retomar el control del Internado Judicial de Carabobo, conocida popularmente como la cárcel de Tocuyito.

La información fue confirmada por tres fuentes vinculadas con la morgue de Bello Monte y los organismos de seguridad.

Tal como ocurrió durante la toma de la cárcel de Tocorón, en la que 11 reclusos y 1 militar murieron, los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue de Bello Monte, en Caracas, a pesar de que fallecieron en otro estado.

En la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), hicieron los exámenes médico-legales correspondientes, así como la necrodactilia para identificarlos plenamente, antes de entregarlos a sus familiares, para que los sepulten.

Hasta el mediodía de este jueves 26 de octubre de 2023, ningún familiar o allegado de los fallecidos había acudido a la morgue Bello Monte a retirar los cuerpos.

Se esperaba que los parientes reclamaran los cadáveres, en la medida en que fuesen informados sobre la ubicación de los reclusos trasladados a otros centros penitenciarios y de que sean notificados sobre los decesos.

Sin información oficial de muertos

En la madrugada del 25 de octubre de 2023, el Gobierno de Maduro intervino, con los cuerpos de seguridad, el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito, ubicado en el municipio Libertador de la entidad carabobeña.

El Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró que a las 11:00 de la noche del martes 24 de octubre, los reclusos del Complejo Penitenciario de Carabobo en el estado Carabobo avisaron a sus familiares que, probablemente, serían trasladados a otros estados, porque el penal había sido entregado al régimen, luego de una presunta negociación con los pranes.

Al igual que en Tocorón, el Gobierno no informó si durante la intervención hubo muertos y heridos. El viernes 27, los familiares de los privados de libertad del Complejo Penitenciario de Carabobo o cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo desconocían el paradero de sus afectos.

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que en Tocuyito había un hacinamiento de 343%, pues el recinto con una capacidad para 1.000 internos albergaba a una población de 3.761.

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Familiares de Gerardo Parra fueron informados de que el joven fue hallado muerto, luego de un supuesto enfrentamiento en El Valle. Foto: Carlos Ramírez

El cuerpo de Gerardo Parra González fue localizado sin vida, luego de ser detenido, presuntamente, por un funcionario de la PNB, cerca de su casa, en la parroquia Santa Rosalía, denunciaron sus familiares en la morgue de Bello Monte

@carlos_dhoy

Gerardo Antonio Parra González, quien trabajaba vendiendo repuestos de teléfonos en Plaza Venezuela, Caracas, fue interceptado y capturado el lunes 23 de octubre de 2023, cerca de su casa en El Cementerio y, luego, apareció muerto en El Valle.

Guillermo Parra, padre del joven, cuenta que los hechos ocurrieron el pasado lunes, a las 10:25 de la noche, cuando su hijo llegaba a su casa ubicada en El Cementerio, parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador.

“Acababa de llegar y salió a buscar a su novia, que venía en camino. Cuando estaba cerca, lo interceptó una camioneta Hilux plateada, se bajó un hombre y lo agarró a golpes. Lo obligó a montarse en la camioneta”.

Explicó que luego no supieron más nada del joven, hasta que les informaron que estaba muerto, en un supuesto enfrentamiento en El Valle. “Pero mi hijo no se enfrentó a nadie. A él lo asesinó un sujeto que tenía una vieja rencilla con él”, afirmó.

Parra destacó que, un joven, quien recientemente ingresó a las filas, presuntamente, de la Policía Nacional Bolivariana, había tenido un problema con su hijo y lo había amenazado de muerte. “Ese sujeto cumplió su amenaza”, destacó.

Policías predominan como victimarios

Entre mayo del año 2017 y septiembre de 2023, fueron asesinadas 353 personas en el Área Metropolitana de Caracas, de acuerdo con datos recopilados por Monitor de Víctimas. Solo este año, 19 personas perdieron la vida de manera violenta en la parroquia El Valle.

El principal actor en la violencia que azota a esta parroquia capitalina son los organismos policiales, que acumulan un total de 171 muertes. Los civiles como victimarios le siguen con 158 muertes.

La policía ha sido responsabilizada por la muerte de 9 personas en El Valle ocurridas este año, mientras que integrantes de bandas y otros civiles serían responsables de 7 asesinatos.

Como siempre, la mayoría de las víctimas son hombres, del total de 353 muertes en cinco años, más del 92% eran de sexo masculino, mientras que poco más de 7% eran de sexo femenino.

Otro dato constante es la muerte de jóvenes: un 54% de las víctimas, o sea, 191 personas, tenían entre 16 y 30 años de edad y de estos, 150 tenían entre 18 y 27 años (43% del total). El resto se reparte muy parejamente entre las demás edades.

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Carlos Salazar León deja huérfano a un niño de dos años de edad. Foto: Cortesía

Los familiares de Carlos Enrique Salazar León (28) creen que fue asesinado por venganza, porque no le robaron sus pertenencias. Desde 2017, 253 víctimas han perdido la vida en la parroquia La Vega, por homicidio

@carlos_dhoy

De cuatro tiros fue asesinado Carlos Enrique Salazar León, de 28 años de edad, quien trabajaba vendiendo perros calientes en el sector Las Casitas, de La Vega, municipio Libertador del Distrito Capital.

Familiares del joven asesinado, quienes acudieron a la morgue de Bello Monte con la finalidad de realizar los trámites necesarios para sepultar su cadáver, explicaron que el hecho ocurrió el domingo 27 de agosto de 2023, a las 4:00 de la madrugada, cuando el joven se retiraba a su casa.

“Ya habían terminado la jornada y Carlos Enrique acababa de limpiar todo, cuando se iba a su casa, ubicada en el barrio Sinaí. En ese momento, se le acercó un sujeto, le disparó cuatro veces en el pecho y huyó”, explicó el pariente. El joven perrocalentero murió de manera casi instantánea.

Al lugar de los hechos, acudieron comisiones de la Policía Municipal de Caracas, quienes se encargaron de resguardar el sitio del suceso. Horas más tarde, llegaron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana.

A los familiares de Carlos Salazar les informaron sobre el homicidio, aproximadamente, a las 6:00 de la mañana, cuando se trasladaron y confirmaron la información. Los familiares presumen que fue asesinado por alguna venganza, porque no le quitaron ninguna de sus pertenencias.

Recordaron que hace unos años el joven estuvo preso por robo y fue liberado.“Ya se había dejado esa vida”, señaló su madre.

Carlos Enrique Salazar León, quien también trabajaba como pintor junto a su papá, deja huérfano a un niño de dos años de edad.

Particulares como victimarios en La Vega

La parroquia La Vega acumula, por lo menos, 253 muertes violentas en el período comprendido entre mayo de 2017 y julio de 2023, según datos recopilados por Monitor de Víctimas.

De las 253 víctimas registradas, 16 eran mujeres y 237 hombres. 100 de las muertes ocurrieron a manos de funcionarios policiales: en 68 casos por presuntas ejecuciones por parte de funcionarios policiales y 32 casos de supuesta resistencia a la autoridad.

67 personas fueron asesinadas en casos de robos (34 de estas) y ajustes de cuenta (33), mientras que en 44 de los homicidios, el móvil no había sido aclarado por familiares o autoridades.

Al indagar en la identidad de los asesinos, los delincuentes individuales se llevan el primer lugar con 76 crímenes. Le siguen funcionarios del extinto cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, la FAES, con 61 muertos. Luego, continúan las bandas delictivas, con 46 asesinatos. Prosiguió el listado el Cicpc, con 27 muertes; y la PNB, con 14 decesos.

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Las hermanas de Jhoan Antonio García Materano aseguran que al hombre de 29 años lo sacaron de su casa, en medio de un operativo policial, y lo asesinaron en la calle. Simularon un enfrentamiento aunque estaba esposado. También la PNB fue acusada de matar seis días antes a Freider Oliyeiker Ben Puerta, en similares condiciones en Caricuao

@carlos_dhoy

Jhoan Antonio García Materano, de 29 años, padre de tres hijos, el menor de ellos de seis meses de edad, fue asesinado presuntamente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la noche del pasado martes 16 de mayo de 2023. Estaba en su vivienda, en el sector Calderón de El Valle, cuando fue detenido.

A las 9:00 de la noche, funcionarios de la PNB allanaron su vivienda y se lo llevaron. Varias cuadras más adelante, en la calle 19 de Abril, los policías simularon un enfrentamiento, pero estaba esposado. Le dieron un tiro en la cabeza, luego de obligar a los vecinos del sector a encerrarse y a apagar las luces de sus casas.

Zenaida y Sonia Materano, hermanas de Jhoan García, señalaron que los PNB buscaban a otro sujeto con el mismo apellido. “A este lo identificaban bajo el alias de ´el Hamburguesa´, pero él murió hace un tiempo a manos de la misma policía que terminó matando a Jhoan”, afirmaron los familiares de la víctima.

“Los policías ni siquiera sabían a quién estaban buscando y terminaron matando a un inocente”, sentenciaron.  Recordaron que aunque su hermano tuvo algunos problemas con la justicia cuando era joven, pagó por ello, estuvo preso y purgó su pena.

“Salió y dejó atrás esos problemas, se dedicó a trabajar de carnicero, que era lo que siembre había hecho. No se metía en problemas ni nada. Estaba dedicado a sus hijos y a su familia”, señaló Zenaida Materano.

La muerte de Jhoan Antonio García Materano ocurrió durante un operativo policial de la PNB en El Valle, en el que buscaban a presuntos integrantes de la banda del fallecido “loco Leo”, quienes habrían regresado a la zona.

Similitud en modus operandi

El caso de la muerte de Jhoan García se asemeja al asesinato de Freider Oliyeiker Ben Puerta, un hombre que también estuvo preso y quien fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, cuando viajaba en un autobús para comprar unos medicamentos.

El caso de Ben Puerta ocurrió cuando se dirigía a Caricuao, a reunirse con su hermano, quien le prestaría dinero para comprar un medicamento que le habían recetado a su hijo.

María Rondón, hermana de Ben Puerta, señaló que él iba en un autobús, el pasado 10 de mayo de 2023, cuando una comisión de la PNB lo detuvo y se lo llevó a la sede de ese organismo en Caricuao. Luego, lo trasladaron hasta el barrio La Ceibita, “donde simularon un enfrentamiento”, aseguró.

Agregó que horas más tarde, los funcionarios realizaron un allanamiento en su casa y se llevaron preso a su otro hermano. “En esta oportunidad, nos movimos y logramos que fuese liberado. Resulta que mi hermano estuvo en el mismo calabozo, en el que habían metido preso a Freider, y allí encontró el récipe que le habían dado para comprar las medicinas de su hijo y que tenía cuando lo detuvieron”.

En ambos casos, los familiares de los fallecidos hicieron un llamado al Ministerio Público para que los investigue, porque aseguran que “están matando a gente inocente”.

Muertes a manos de la policía

Según datos recopilados por Monitor de Víctimas en la Morgue de Bello Monte, casi un tercio de las víctimas de la violencia en Caracas cayó a manos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana desde 2017. Se trata de 1.115 personas del total de 4.871 fallecidos en el período comprendido entre mayo de 2017 y abril de 2023.

Del total de víctimas, 678 murieron en casos de presuntas ejecuciones policiales, lo que equivale a más del 60% de los fallecidos. Mientras que 32% restante murió en casos definidos por las autoridades como resistencias a la autoridad, hoy denominadas por ellos mismos como “intervenciones policiales”.

Otro dato importante es que casi la mitad de las personas que murieron a manos de la PNB, 529, no estaba armadas al momento del hecho. En 315 de los casos se desconoce si portaban armas y en 263 casos, que representan el 23%, los fallecidos sí estaban armados.