Hasta el momento la empresa no se ha pronunciado al respecto

Los 200 venezolanos que se encuentran varados en Buenos Aires, Argentina, recibieron este jueves 30 de diciembre otra mala noticia y es que la aerolínea estatal Conviasa postergó nuevamente el vuelo que los traería de regreso a Venezuela.

De acuerdo a la prensa local, los pasajeros no tienen a quien reclamar a pesar de la frustración, debido a que la aerolínea no posee oficinas en el aeropuerto de Ezeiza.

Denis Portillo, representante legal de los pasajeros explicó: «Aquí hay gente que no tiene a dónde ir, que entregó su propiedad donde alquilaba y se vino desde otras provincias con todo su equipaje. Hay ancianos, mujeres embarazadas, niños y hasta mascotas que están extraviadas».

Según Portillo, el avión no vuela desde el 21 de diciembre, tiene desperfectos y hay altas posibilidades de que no llegue Buenos Aires antes de fin de año.

«¿A quién se le ocurre vender tickets a 1.000 dólares por tramo sabiendo que el avión no está en condiciones?», cuestionó el abogado en declaraciones a El Clarín.

El último comunicado de la aerolínea venezolana, afirmaba que el 30 de diciembre se ejecutaría el vuelo Ezeiza-Caracas. Sin embargo, de acuerdo al diario argentino el viaje fue nuevamente postergado este jueves.

Entre 2005 y mediados de 2015, el Fonden financió 781 proyectos

Según la ONG Transparencia Venezuela, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) terminó siendo una pantalla usada como mecanismo para exacerbar el gasto público, recibir miles de millones de dólares provenientes del petróleo y presuntamente facilitar la extracción irregular del dinero de la nación.

El Fonden fue creado en 2005 con el objetivo de financiar proyectos de inversión de gran envergadura, pagar deuda pública externa y atender situaciones especiales.  Sería el promotor del  desarrollo de Venezuela y terminó siendo una herramienta para derrochar los recursos públicos.

Esta afirmación se concluye de un informe presentado por esta ONG, titulado «Fonden, una estrategia política para gastar sin control, investigación de Transparencia Venezuela» que hace referencia al estudio de un documento obtenido de forma extraoficial por la organización, y que contiene evidencias sobre el presupuesto paralelo que permitió a los gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro gastar miles de millones de dólares sin rendir cuentas.

En el documento en cuestión, señala que entre 2005 y mediados de 2015, el Fonden financió 781 proyectos, para los cuales se comprometió a pagar USD 174.898,10 millones y de los cuales, hasta la fecha, se habían cancelado USD 153.117,08 millones, que representa el 87,55%.

Indica además que dicha institución destinó 19,76% de los recursos a proyectos de infraestructura, que no se terminaron. De igual modo, 9,50% de los fondos fueron a servicios de deuda pública y compra de bonos; 41,77% a otras inversiones; y 28,97% fue para gastos corrientes.

Del documento presentado se desprende que durante los primeros 10 años, el Fonden destinó USD 21.189,13 millones a proyectos en los que participaba Cuba. Esta cifra equivale a 2,6 veces el presupuesto aprobado en Venezuela para el ejercicio fiscal de 2021.

Señala también que los sectores salud y educación fueron de los menos favorecidos, a pesar de que eran bandera en los objetivos del Organismo. Hasta 2015 solo fueron asignados 2.55% y 2.92% para el financiamiento de proyectos en estos ámbitos.

La inversión en la adquisición de armamento y vehículos bélicos alcanzó USD 8.693,14 millones, es decir 4,97 % desde 2005 hasta 2015 «una cifra muy elevada para un país sin conflictos bélicos» reza el documento.

Reseña también las obras en las que se realizó alguna inversión y que en su mayoría están abandonadas, inconclusas e incluso sin iniciar, entre los que destacan el sistema Ferroviario Ezequiel Zamora, el tercer puente sobre el Río Orinoco, el Puerto de Nutrias, las mejoras a las plantas petroquímicas de Morón, el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo y la construcción de seis hospitales especializados.

Estos proyectos fueron llevados a cabo por instituciones de la administración pública como los ministerios de Economía; Petróleo; Transporte Terrestre; Energía Eléctrica; Industrias; Defensa; Agricultura y Tierras; Alimentación; Hábitat y Vivienda así como la Vicepresidencia de la República.

De acuerdo con el documento extraoficial, se hizo una inversión de USD 2,59 millones para adquirir réplicas del sable de Ezequiel Zamora, gasto que no encaja dentro de los objetivos de la creación del Fondo al no contribuir con el desarrollo y bienestar del país.

Incluso, destaca el informe, varias leyes han sido modificadas o ampliadas para facilitar el funcionamiento del Instituto, incluyendo ampliar funciones y recibir más dinero para ser invertido. Entre 2019 y 2020 el Fonden comenzó a obtener recursos a través de créditos adicionales.

Aseguran que en 2020 se aprobaron, al menos, dos créditos adicionales para el Fonden, en primero de Bs 92.28 billones (equivalentes a USD 210,81 millones) y el segundo por Bs 37,16 billones (USD 35,8 millones), y que aunque fueron publicados en Gacetas oficiales, las mismas no señalan las fuentes de financiamiento de los créditos.

Denuncia el informe que existen muchas anomalías en los datos y que dicha investigación da cuenta de las inconsistencias existente en los datos aportados por los organismos oficiales como el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio; el Banco Central de Venezuela (BCV) y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sobre los recursos enviados al Fonden.  También señala a los funcionarios que han estado a cargo del Fondo, y que varios de ellos han sido sancionados internacionalmente o acusados de presunta corrupción.

Concluye que el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) ha servido más bien como un «presupuesto paralelo» que permitió a los gobiernos de Chávez y Maduro manejar recursos sin necesidad de auditorías ni aprobaciones algunas.

Pronostican que en mayo el aumento será mucho mayor 

El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de maestros (Cendas), Óscar Meza, se refirió al ajuste de salario mínimo integral anunciado por el Gobierno Nacional, a 10 millones de bolívares, equivalente a 3,33 dólares mensuales aproximadamente, y aseguró que es nominal, porque no se va a reflejar en la capacidad adquisitiva del venezolano.

Actualmente los aumentos de precios están relacionados con la variación del tipo de cambio y, en este sentido, el director del Cendas detalló que en abril la variación del tipo de cambio estuvo en el orden del 28, 17% en el mercado paralelo y 38,19% fue la variación del tipo de cambio del Banco Central de Venezuela.

“En el caso de la canasta básica nuestra, en el mes de abril estamos estimando que por lo menos podemos tener un aumento de precio de 38% y en el mes de mayo es probable que tengamos un aumento de precios mucho mayor” detallo el director del Cendas.

Un salario mínimo, de acuerdo con el Cendas, debería ser suficiente para adquirir la canasta alimentaria y dos deberían ser suficientes para comprar la canasta básica que incluye alimentos y otros seis rubros esenciales para una familia; sin embargo, una familia trabajadora de cinco miembros necesita por lo menos 10 dólares diarios para poder cubrir el costo de los alimentos y 20 si además se agregan los servicios públicos básicos y los bienes esenciales como jabón, detergente para lavar y otros productos, lo que evidencia que el salario perdió su cualidad como unidad de valor.

“En el caso de mayo es cuando vemos el efecto del aumento salarial, bueno no hay ninguna duda de que ese aumento nominal va a disparar el precio del dólar y los precios en general y por supuesto va a retroalimentar la hiperinflación”.

Para el mes de marzo, el infiorme del Cendas, reportó que una familia trabajadora de 5 miembros necesitaba 10,75 dólares diarios para cubrir el costo de la canasta alimentaria que se ubicó en 322,57dolares, casi 613 millones de bolívares, por lo tanto se requerían 340,5 salarios mínimos.

El director del Cendas, Óscar Meza, agregó que “hasta que no se cumpla un año en el cual tengamos una tasa mensual de inflación por debajo de 50%, no podemos decir que salimos de la inflación” y que la única forma de recuperar el poder adquisitivo del venezolano es con base en la producción y la productividad.

Se necesitan 269,60 salarios mínimos para poder adquirir la canasta

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que el precio de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) de diciembre de 2020 se ubicó en 323.523.329,93 bolívares, al aumentar Bs.76.233.986,07 o 30,8% respecto al mes anterior.

El Cendas explica que se necesitan 269,60 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria, referida a una familia de cinco miembros: 10.784.110,99 bolívares diarios, más de 8 salarios mínimos cada día, 9,80 dólares diarios, mientras el salario mínimo fue en diciembre de 1,09 dólares mensuales.

Entre los grupos de alimentos que experimentaron mayor incremento con respecto a la canasta del mes de noviembre se encuentran las frutas y hortalizas con un alza de 76,1%, las raíces y tubérculos que subieron 61%, así como los pescados y mariscos que aumentaron en 51%.

MEDIANTE RESOLUCIÓN CONJUNTA, EL BANCO CENTRAL de Venezuela y la Superintendencia de Bancos obligan al sistema financiero a desarrollar una red doméstica de procesamiento de transacciones que prescinda de los convenios con las franquicias Visa y Mastercard y el sistema Maestro, a partir del próximo 30 de noviembre, para las operaciones de débito, y del 30 de enero de 2020 para los pagos con tarjeta de crédito.

Además, la resolución SIB-DSB-04714, fechada el pasado 16 de mayo, instruye a los bancos generar un sistema «soberano» de pagos, a través de la masificación del uso de la identificación biométrica; de hecho, la normativa da un plazo de 60 días, contados a partir de la «fecha de recepción» de la resolución para que las entidades adopten un sistema de biopago que esté plenamente activo.

Asimismo, los bancos deberán «permitir la autorización de transacciones electrónicas de pagos validadas bajo el factor de autenticación de biometría, dado que las mismas estarán identificadas con un elemento de seguridad superior (Categoría 5) al uso de la clave o PIN asociada a la tarjeta de débito tradicional».

Por otra parte, la resolución en cuestión ordena a la banca impulsar y promover el uso masivo de Servicios de Pago Móvil Interbancario Persona a Persona (P2P) y Persona a Comercio (P2C).

Además, a partir del próximo 30 de julio, las entidades bancarias deberán ofrecer sistemas de Pago Móvil Interbancario Comercio a Personas (C2P), «para permitir a los clientes ordenar pagos en tiempo real a personas jurídicas, destacando que es obligatorio su uso, a través de la mensajería SMS».

La resolución ordena a cada banco entregar en un lapso de 10 días hábiles, a partir del 16 de mayo, cronogramas específicos para el cumplimiento de estas disposiciones a la Gerencia de Riesgos Tecnológicos de la Sudeban y a la Vicepresidencia de Operaciones Nacionales del BCV.

Claramente, la parte justificatoria de la resolución señala que estas medidas se toman como respuesta a las sanciones de Estados Unidos y específicamente en previsión de que las franquicias Visa y Mastercard -curiosamente, la resolución excluye a American Express y Diners- sean forzadas por la administración de Donald Trump a dejar de operar con bancos venezolanos.

Fuentes del área tecnológica del sistema financiero explicaron a Banca y Negocios que implantar este sistema de pagos íntegramente autóctono no es tan fácil, aunque es un tema que se viene manejando desde 2011, porque los entes reguladores no quieren que datos de transacciones originadas en Venezuela circulen en el exterior.

Trascendió que la banca pública gestionará su sistema de identificación biométrica con la empresa argentina Ex-Clé, la misma que gestiona el software y da soporte técnico a las máquinas del Consejo Nacional Electoral, desde el abandono de esta tarea por parte de Smartmatic en 2017, tras las controvertidas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ex-Clé también es la compañía que debía llevar la aplicación del modelo de biopago a las estaciones de servicio cuando, supuestamente, se iban a incrementar los precios de la gasolina, cosa que no ocurrió y, además, el sistema tampoco funcionó.

También se conoció que la empresa que podría actuar como proveedor del sector privado es Consorcio Credicard. La base de datos que se tendría que utilizar en primera instancia es la del CNE, lo que plantearía el primer problema de que hay más de 2.000.000 de cuentahabientes que no están inscritos en el Registro Electoral.

Las fuentes indican que los plazos son muy cortos para la implantación de estos cambios, para empezar por los problemas de conectividad que existen en Venezuela, aparte de que representan costos elevados en un momento cuando las instituciones financieras están sometidas a grandes presiones de caja.

Se espera que se produzca un proceso de negociación con los entes reguladores para viabilizar estos cambios en un plazo razonable.

LA ASOCIACIÓN BANCARIA DE VENEZUELA (ABV) advirtió al Banco Central de Venezuela (BCV) que la política de encaje legal que se endureció desde febrero, pone en riesgo las transferencias entre bancos, en especial aquellas de montos grandes.

En una carta dirigida al presidente del organismo emisor, Calixto Ortega, los banqueros explican que el encaje legal de 100% (marginal) y 57% (ordinario) que rige desde el 11 de febrero ha reducido drásticamente la liquidez de los bancos, así como su capacidad para otorgar préstamos (intermediación). La misiva, a la que tuvo acceso Banca y Negocios, señala que es la segunda vez que comunican al BCV sus preocupaciones sobre este tema en menos de dos meses.

Como «consecuencia de estas medidas (de encaje), se ha incrementado significativa y rápidamente la tasa de encaje efectivo que mantienen las instituciones bancarias. Desde (…) el 11 de febrero de 2019, hasta mediados de marzo de 2019, la tasa de encaje efectivo promedio semanal se ha incrementado en más de 10 puntos porcentuales, llegado a ubicarse por encima de 60%. Para la banca privada dicho coeficiente se ubicó por encima del 70%. Esto ha tenido un profundo efecto sobre la liquidez de las instituciones bancarias y por tanto sobre su capacidad de intermediar fondos y para proveer servicios transaccionales», explican.

Los efectos de la drástica política de encaje le está causando a la banca una «severa estrechez de liquidez» que ha «generado relevante presiones sobre el manejo de caja de las entidades bancarias, afectando considerablemente la intermediación crediticia, la prestación de servicios transaccionales, los riesgos de liquidez (lo que se refuerza con los aumentos en los límites de crédito de los tarjetahabientes), los riesgos reputacionales y el costo de la gestión de las tesorerías».

En este contexto, los banqueros aseguran que es «necesario  el cese completo de las extremas exigencias de encaje», pero que en lo inmediato proponen una «flexibilización en el esquema de encaje legal vigente», por ello piden al BCV «establecer un mecanismo que de tratamiento preferencial, en términos de la normativa de encaje legal, a los financiamientos dirigidos a los sectores que participan en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios esenciales».

Citan como ejemplo de este tipo de medidas las adaptadas para el financiamiento de las temporadas de invierno y verano agrícola en los años 1994, 1995, 1999 y 2004.

LOS MIGRANTES VENEZOLANOS IMPULSARON EL ALZA de las remesas en América Latina al enviar unos $3.471 millones al país durante 2018, de acuerdo con un estudio de Diálogo Interamericano, elaborado a partir de encuestas en los principales países de destinos de la diáspora.

El informe señala que los migrantes “están tratando de ayudar a su familia en Venezuela a través de dinero en efectivo o remesas en especie, a menudo a través de mecanismos de envío muy limitados e informales, los únicos que actualmente están disponibles para ellos”.

Las estimaciones de Diálogo Interamericano se basan en los resultados de una encuesta que sugiere que 75% de los migrantes venezolanos envían entre 20% y 25% de sus ingresos en remesas.

Datos de las Naciones Unidas indican que aproximadamente 3,4 millones de venezolanos han salido del país desde 2015, cifra que va en aumento, a medida que la crisis económica y política se agudiza.

Diálogo Interamericano detalla los casos de envíos de dinero desde naciones como Costa Rica, que se hacen con una frecuencia de 18,1 veces al año, es decir, poco más de una vez al mes, con un promedio de envío de $117,6 a un costo de $9,71. La forma preferida desde ese país centroamericano es a través de “terceros”, que incluye cuentas bancarias distintas de personas distintas al migrante.

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LOS SUJETOS PASIVOS QUE REALICEN OPERACIONES en el territorio nacional en moneda extranjera o criptodivisas, autorizadas por la Ley, a través de los convenios cambiarios, deben determinar y pagar las obligaciones en moneda extranjera o criptodivisas, según el Decreto N° 3.719, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.420 del 28 de diciembre de 2018, que se divulga este 7 de enero.

La determinación y pago de las obligaciones tributarias en moneda extranjera o criptodivisas será aplicable al tributo, sus accesorios y sanciones derivadas de su incumplimiento. Para ello, la administración tributaria “dictará la normativa que establezca las formalidades para declaración y pago en moneda extranjera o criptodivisas”.

El decreto presidencial, adoptado bajo el Estado de Excepción y Emergencia Económica, señala en su artículo 5
que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), dictará las normas regulatorias de las adecuaciones que deban realizar las instituciones que conforman el sector bancario para la ejecución de este Decreto.

El decreto, ya en vigencia, advierte que en caso de proceder la repetición de pago, recuperación o devolución de los tributos nacionales por los supuestos establecidos en este Decreto, se realizará en moneda nacional. A tal efecto, se aplicará el tipo de cambio oficial vigente para la fecha del pago del tributo o registro de la declaración de aduana, según sea el caso, de conformidad con el establecimiento establecido en las normas que regulan la materia.

Algunos municipios del país como Vargas y en Maracaibo, esta último fijó recientemente que para el pago de impuestos de los comercios se usará el petro como base de cálculo.