El 10 de octubre la oposición venezolana alertó sobre un supuesto plan del gobierno para impedir, mediante una argucia judicial, el referendo revocatorio presidencial. La advertencia vino poco después de una alocución del presidente Nicolás Maduro asegurando que no se celebrarán el referendo ni las elecciones regionales pautadas para este año. Todo parecía indicar que el gobierno estaba considerando seriamente prescindir de las elecciones.

La Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de oposición, anunció una marcha a los “centro de poder” en el caso de que se anulara el referendo. No fue una reacción irreflexiva sino más bien lo opuesto: el resultado del gran esfuerzo que ha hecho la MUD para buscar una salida pacífica y constitucional a la crisis, y la determinación con que el gobierno ha cerrado las puertas a esta salida. A la oposición su horizonte de acción se le ha ido cerrando hasta reducirse a una simple disyuntiva: presionar en la calle para defender el derecho al voto o aceptar vivir bajo una dictadura que ha provocado el peor colapso económico y social en la historia del país.

¿Cómo se llegó a esta situación? El referendo revocatorio en un proceso con una serie de pasos que culmina con un voto para decidir si se revoca al presidente. Bajo circunstancias normales, la oposición no hubiese tenido problemas convocándolo.

Pero Venezuela no es un país normal: el gobierno controla casi todas las instituciones, incluyendo el Tribuna Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Ante la dificultad de ignorar las acciones para impulsar el referendo, el CNE se ha valido de sinfín de trampas y maniobras para frenarlo mientras decide qué hacer e impedir que se realice este año. La Constitución dice que si se revoca al presidente en 2016 se deben realizar elecciones para sustituirlo. Si se revoca después del 10 de enero de 2017, el vicepresidente asume el mando durante los dos años restantes del período presidencial, lo cual significa que el chavismo permanecería en el poder hasta 2019.

Cualquiera que sea la intención, el Gobierno no puede seguir dándole largas al asunto. Tarde o temprano tiene que anunciar cuándo va a hacer el referendo o si lo va a hacer, y el tiempo se le está agotando.

La estrategia opositora ha sido simple: cada vez que el CNE pone un obstáculo al referendo, la MUD lo salta. Pero esta estrategia tiene límites: sólo funciona si los obstáculos son superables. Y los más recientes obstáculos podrían no serlo.

La Constitución establece que para convocar el referendo el 20% del electorado nacional debe registrar su apoyo a la iniciativa. La recolección de firmas fue pautada para el 26, 27 y 28 de octubre. Pero el CNE decidió ilegalmente que el 20% debe recogerse en cada entidad federal —decisión validada esta semana por una sentencia del TSJ. No sólo eso: anunció que facilitaría menos de un tercio de las 19.500 máquinas captahuellas que solicitó la oposición. Bajo estas condiciones es casi imposible reunir las firmas.

Lo cual puso a la MUD ante una encrucijada. Aceptar estas condiciones implicaba un alto riesgo de derrota. Pero rechazarlas acarreaba la posibilidad de abandonar la lucha por el referendo. Sin referendo la oposición pierde el mecanismo a través del cual ha concentrado su dispersas energías en un objetivo concreto. Y deja pasar la oportunidad de demostrar con la recolección de firmas lo que dicen las encuestas: una amplísima mayoría de venezolanos quiere revocar a Maduro.

La oposición resolvió inteligentemente el dilema: anunció que participaría en la recolección pero no para reunir el 20% en cada estado sino a nivel nacional, como lo establece la Constitución. De ese modo sigue participando en el juego pero bajo sus propios términos: rechaza las injustas condiciones del CNE, se plantea una meta realizable y aprovecha la recolección para movilizar a millones de venezolanos.

Con la sentencia del TSJ, el gobierno ya prácticamente anunció que no realizará el referendo si no se recolecta el 20% en cada estado. ¿Qué ocurrirá entonces? A la oposición no le quedará otro camino que aumentar la presión de la calle para hacer más efectiva la presión institucional. Pero lo hará después de haber liderado una gran movilización para reunir las firmas. Para Maduro es más complicado cerrarle las puertas al referendo después de esa demostración de fuerza.

Aún así, la oposición enfrenta una situación difícil. Si el gobierno mata el referendo y logra capear las consecuencias, un gran número de venezolanos, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, podría concluir que la actual crisis no tiene una salida institucional y pacífica.

Este es el escenario que ha tratado de evitar la MUD. Pero Maduro parece decidido a frustrar este esfuerzo y promover el caos.

 @alejandrotarre

El País ES

En octubre 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolano “aceptaron” separarse de sus cargos un año antes de lo establecido por la Constitución. Esta acción, impuesta por el Poder Ejecutivo, busca sustituir a los miembros salientes del TSJ con jueces también leales al gobierno antes de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. La maniobra es burda pero reveladora. Por primera vez los líderes chavistas reconocieron que podrían perder el control de la Asamblea Nacional.

Y no se equivocan. Todas las encuestas afirman que este escenario es el más probable. La pregunta importante ya no pareciera ser si la oposición va a ganar sino si alcanzará la mayoría calificada. También si podrá cobrar su victoria a un presidente que amenaza con ignorar el resultado electoral.

Irónicamente, algunas artimañas del gobierno podrían esta vez beneficiar a la oposición. Desde que ascendió al poder, el chavismo ha diseñado un sistema electoral a su medida en el que el ganador se lo lleva todo. En las elecciones legislativas de 2010 el oficialismo obtuvo 59% de los diputados con 48% de los votos, mientras que la coalición opositora sacó 40% de los escaños con 47% de los votos.

Esta proeza la explica en parte la manipulación de circuitos electorales —el famoso gerrymandering. Pero otros factores influyeron más: la sobrerrepresentación de los estados menos poblados, donde el chavismo suele tener fuerza, y el incremento del número de diputados nominales sumado a la eliminación de la proporcionalidad del sistema mixto. Todo esto permite ampliar injustamente el margen de una victoria.

El problema es que este sistema beneficia al bando más fuerte. Y el chavismo dejó de serlo. Los sondeos señalan una ventaja para la oposición que oscila entre los 25 y 35 puntos. Noventa por ciento de la población piensa que la situación del país es mala y un 67% que el presidente Nicolás Maduro no debe terminar su mandato. Nunca antes el chavismo había estado tan mal.

Y esto no es una sorpresa. Desde hace tiempo el manejo de la economía venezolana ha sido uno de los peores del mundo. Pero en los últimos tres años la incompetencia se ha mezclado fatalmente con un panorama internacional hostil. Venezuela ha experimentado en ese período la caída más abrupta de las exportaciones petroleras en su historia, solo comparable al colapso en los ochenta que llevó al famoso viernes negro de 1983. Y el brutal choque externo, combinado con la renuencia a levantar las irracionales restricciones al sistema de precios, ha agravado y precipitado la crisis.

Las cifras son desoladoras. Para este año el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción económica del 10% y una inflación del 190%. La escasez de productos es tan grave como la merma en los ingresos. Un estudio realizado por tres universidades venezolanas estima que la pobreza alcanzó este año su nivel más alto en al menos cuatro décadas.

La oposición ha llenado el vacío de confianza dejado por el gobierno. La mayoría de los analistas opina que ganará la mayoría simple, y que podría alcanzar la mayoría de tres quintos e incluso la de dos terceras partes. Con los tres quintos puede destituir ministros y renovar el Poder Electoral, y con las dos terceras partes convocar una Asamblea Constituyente. Es cierto que el control del gobierno sobre el TSJ permite bloquear cualquiera de estas acciones. Pero la realidad política no es estática. No hay que subestimar el poder del golpe simbólico de una victoria opositora en la legitimidad y cohesión del régimen.

¿Qué efectos podrían tener las trampas? El oficialismo ha descalificado a varios candidatos, impuesto un engañoso tarjetón electoral y utilizado masivamente recursos estatales para ganar votos. Le ha bloqueado el acceso a medios públicos y privados a la oposición, y declarado un estado de excepción en municipios fronterizos que ha resultado en fuertes restricciones a las campañas. A juzgar por las encuestas estas movidas no han tenido aún mayor efecto.

Pero más riesgosas podrían ser las trampas del día de las elecciones como el voto asistido, el chantaje a empleados públicos, el ventajismo en la movilización del voto, y los ataques violentos a electores y defensores del voto como los que ya se han visto en los actos de campaña. ¿Serán estas trampas lo suficientemente eficaces para robarle varios diputados a la oposición? Quizá. Pero no creo que basten para remontar la amplia ventaja.

Lo que sí es probable es que el gobierno no acepte el resultado. Ya Maduro ha amenazado con salir a las calles y gobernar “con el pueblo en una unión cívico-militar” si la oposición gana. Posiblemente el chavismo le usurpe competencias al nuevo Congreso. La comunidad internacional debe prepararse para dar una respuesta conjunta y categórica a cualquiera de estos escenarios.

@alejandrotarre

El País