Designada nueva junta interventora de La Venezolana
En Gaceta Oficial Nº 40.507, fue publicada por la Vicepresidencia de la República, la designación de los nuevos miembros Ad-Hoc de la junta interventora del concesionario La Venezolana.
La junta será presidida por Luzmila del Carmen Abreu. También Izqueya Oses Rodríguez, Leyduin Morales Castrillo, Omar Caldera Rodríguez, Rodolfo Ocando Bracho y Neves Jaimes Rojas integrarán la misma.
La Superintendencia de Precios Justos mantiene una medida de ocupación temporal del concesionario. (El Mundo)
Mercal y Pdval tienen nueva junta directiva
Las empresas estatales Mercado de Alimentos (Mercal) y Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) tienen una nueva junta directiva, según hace legal la Gaceta Oficial N° 40.507 publicada este martes 30 de septiembre.
Aníbal Augusto Fuentes Rondón y María Antonieta Suárez encabezarán la directiva de Pdval y Mercal, respectivamente.
Estos nombramientos se hacen oficiales desde la publicación del texto legal.
Ambas empresas están adscritas al Ministerio de Alimentación, que guía Yván Bello. El ministro ha informado que estas empresas del Estado distribuyen más de nueve mil toneladas diarios de alimentos, en la llamada Misión Alimentación. (El Nacional)
Farías: “Tenemos funcionarios que no están claros en sus funciones”
El diputado a la AN, Claudio Farías, hizo un llamado al Ejecutivo a hacer una revisión en los cargos públicos, pues según reclamó, “tenemos muchos funcionarios que no están claros en sus funciones”.
Señaló que hay “funcionarios infiltrados”; sin embargo, descartó que estos formen parte del tren ministerial “son de ahí para abajo”.
Entre estos, mencionó que un empleado del Bicentenario de Anzoátegui revendía productos, así como también que “altos funcionarios” de Pdvsa se niegan a que la comercialización por parte de las comunas del aceite de la empresa Venoco, recién tomada por el Gobierno.
Sobre la falta de liquidación de divisas que reclaman sectores del país dijo: “nosotros le hemos dicho bien claro a los trabajadores, si es verdad que les hacen faltas las divisas, háganlo saber. Que lo demuestren (…) Hasta ahora no hemos recibido de ninguna empresa alguna solicitud de divisas pendiente”.
Ley para el control electrónico
Farías anunció esta normativa que legal que “busca evitar los fraudes” en la comercios. “Recientemente hubo una estada con 250 familias que pagaron un plan vacacional a Falcón y cuando llegaron no había nada”, reclamó. (Globovisión)
Colombianos cerraron paso del puente internacional Simón Bolívar
Desde las 7 de la mañana, el puente internacional Simón Bolívar, que está ubicado en el municipio Bolívar, fue cerrado. Desde el lado colombiano. Un grupo de personas incendiaron cauchos e impiden el libre tránsito por esa zona.
Al respecto, el jefe de la Redi Los Andes, G/D Efraín Velasco Lugo, informó que la situación en la zona fronteriza venezolana se encuentra normal pero la protesta la realizan los vecinos del otro país y que el grupo de manifestantes está conformado por pimpineros y maleteros.
Aseguró la primera autoridad militar de la entidad que estas personas fueron obligadas por bandas criminales denominadas «bacrim» y paramilitares que realizaran estas acciones de protestas con la amenaza de una sanción de aproximadamente 150 mil pesos sino participaban en ellas.
Velasco Lugo considera que las importantes incautaciones que se han realizado a los diferentes tipos de contrabando han generado estas respuestas por parte de quienes comercializan ilegalmente desde gasolina hasta alimentos.
Sin embargo, aclaró, los puentes de Ureña y el de Boca de Grita, que también comunican con Colombia, sí están abiertos.
A diferencia de otros cierres, éste es más radical porque tampoco permiten el paso de personas por el puente.
Desde el punto de control de Peracal, efectivos militares advierten que no hay circulación de ningún tipo por el puente internacional para que los conductores tomen sus respetivas medidas.
Desde que se implementó la medida de restricción de circulación en la frontera de Venezuela y Colombia, se han registrado varias manifestaciones en esa zona. La semana pasada, tres veces fue impedido el paso de vehículos en el puente internacional. (El Universal)
Fiscalía presentará este año acusación contra responsables de la masacre de Cantaura
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que este año serán presentadas las acusaciones contra los responsables de la masacre de Cantaura, hecho ocurrido el 4 de octubre de 1982 y en el que fueron asesinados 23 jóvenes luchadores sociales, integrantes del Frente Américo Silva (FAS), del entonces movimiento de izquierda Bandera Roja.
«Para este mismo año esperamos presentar la acusación contra los responsables de este hecho, así como la concreción de las órdenes de aprehensión libradas», escribió la fiscal en su artículo de opinión Construyendo La Memoria, publicado este martes en el diario Últimas Noticias.
Este sábado 4 de octubre se cumplen 32 años de la masacre de los 23 luchadores -muchos de ellos estudiantes universitarios- perpetrada por 400 funcionarios y efectivos los organismos de seguridad del Estado del Gobierno del copeyano Luis Herrera Campíns, y para lo cual utilizaron aviones Bronco y Camberra de la Fuerza Aérea, desde donde lanzaron bombas y dispararon artillería pesada contra el campamento guerrillero que celebraba el pleno del frente, en la zona de Changurriales, cerca de Cantaura, municipio Freites, estado Anzoátegui.
«Este trágico suceso es una muestra de nuestro oprobioso pasado. Durante décadas, entre 1958 y 1998, el país vivió bajo la ignominia de la violación a las garantías fundamentales. Se delineó desde altas instancias del Estado una política para aniquilar a la disidencia política, irrespetando los distintos pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el derecho internacional humanitario que se aplica para la protección de personas que no se encuentran incursas en los conflictos armados», subrayó la fiscal.
Mencionó que es así como hoy el Ministerio Público, como parte de la Comisión por la Justicia y la Verdad, adelanta una investigación penal para dar con los responsables de este hecho, «que pese a su gravedad no atrajo la atención de organismos internacionales y ong´s (organizaciones no gubernamentales) defensoras de los derechos humanos».
La fiscal señaló que actualmente se han logrado individualizar responsabilidades penales a través de un trabajo técnico, científico y jurídico de los fiscales de Protección de Derechos Fundamentales, en el que participan además equipos de científicos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales.
«Nuestra voluntad y compromiso con el esclarecimiento de este y otros sucesos que enlutaron a nuestro país busca la justicia tan añorada por muchos a lo largo de estos años, en especial por los familiares de las víctimas. Además, tiene como objetivo contribuir a la construcción de la memoria colectiva para evitar que este tipo de eventos violatorios de la vida y de la integridad física se vuelvan a repetir», expresó. (AVN)
